Ante las distintas versiones de que el Estado nacional se hará cargo de la operación de las represas hidroeléctricas ubicadas en los ríos Limay y Neuquén, y teniendo en cuenta que las concesiones comienzan a vencer en pocos meses, el gobierno de Neuquén, a través de funcionarios de la cartera energética local, exigió una "urgente reunión para la próxima semana" con la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón. De fondo está en juego un negocio de 800 millones de dólares por el grupo de presas que deben negociarse en poco tiempo.
“El gobierno nacional nos manifestó que tiene diseñada una hoja de ruta. Una vez que la conozcamos en detalle y nos saquemos todas las dudas, van a ser los gobernadores quienes definan si consensuamos con ese trabajo o consideramos que hay que hacerle modificaciones”, expresó sobre este tema el ministro de Energía y Recursos Naturales, Alejandro Monteiro.
El ministro indicó que la secretaria Royón le confirmó que la Nación “no va a prorrogar las concesiones hidroeléctricas” y expresó que las provincias solicitaron que "se informe en detalle los términos de esa hoja de ruta" y transmitieron los puntos en los que "Neuquén y Río Negro están de acuerdo y que son producto del trabajo técnico realizado desde fines de 2021 y todo 2022”.
El Chocón Neuquén Río Negro
Se trata de tres puntos que comprenden, en primer lugar, la administración: “Queremos participar como provincias, dueñas del recurso hídrico en la administración de los complejos hidroeléctricos, es decir participar de la definición del tipo contractual que se va a diseñar para cada uno de los complejos hidroeléctricos y discutir cómo se va a valorizar la energía y la potencia”.
En segundo lugar, las regalías: “Creemos que, por el estado de maduración y amortización de estos activos, corresponde plantear un incremento en las regalías respecto de lo que se viene cobrando”. Y, por último, “planteamos la realización de un fondo de “infraestructura hidroeléctrica” que se nutra con las rentas que generen los complejos, y que esté destinado a financiar obras en esta materia y que sean en la misma cuenca hídrica en donde se originan esos fondos”.
“El agua es propiedad de las provincias”, sostuvo Monteiro, remitiéndose a 1993, cuando se otorgaron las concesiones hidroeléctricas, y en el que -previo cambio en la Constitución Nacional-, se estableció que las provincias son titulares originales de los recursos naturales “por lo que pretendemos tener una participación distinta en la discusión del futuro de las represas”.
