Apuesta a tallar en el Consejo Asesor de la vía navegable, donde pesan las provincias. El poder del Círculo Rojo y los votos de la Nación. A quién designó.
Santa Fe quiere hacer pesar su músculo productivo y logístico en la nueva hidrovía Paraná-Paraguay. Con la concesión en marcha, el gobierno de Maximiliano Pullaro comenzó a diseñar su estrategia para ganar protagonismo en la mesa de control. Allí deberá negociar con las otras provincias, articular con el círculo rojo y convivir con la Nación, que se aseguró representación propia.
La primera parada en la búsqueda de ese objetivo será el 20 de octubre, cuando está prevista la conformación oficial del organismo y la distribución de sus integrantes en seis comisiones de trabajo. La elegida para representar a Santa Fe es la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, parte del Ministerio de Desarrollo Productivo provincial.
En la Casa Gris todavía quedan reuniones por delante para terminar de definir la estrategia, pero hay una premisa que empieza a tomar forma: Santa Fe no quiere ser una provincia más en la discusión sobre la hidrovía.
El principal desafío político aparece en el propio diseño del organismo. El consejo estará organizado en cuatro sectores con representación diferenciada y un voto por cada uno. Uno de esos lugares corresponderá al conjunto de las provincias, que deberán consensuar una posición común para intervenir en las discusiones.
Allí Santa Fe pretende hacer valer su peso específico. En el gobierno de Pullaro entienden que la provincia tiene una centralidad difícil de discutir por la magnitud de su complejo agroexportador, la concentración de terminales portuarias sobre el Paraná y el volumen de cargas que se moviliza desde el Gran Rosario. Ese argumento económico es el que la Casa Gris buscará convertir en influencia política dentro del nuevo esquema.
La cuestión no es menor. Santa Fe compartirá representación con Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Formosa, provincias que tienen intereses propios sobre el funcionamiento de la vía navegable. Entre Ríos, por caso, también cuenta con una agenda portuaria de peso. Sin embargo, en el gobierno santafesino consideran que la dimensión de su actividad exportadora le otorga una gravitación particular a la hora de establecer prioridades.
El objetivo no será solamente ocupar una silla, sino incidir en la posición que lleven las provincias al consejo. Para eso, Pullaro necesitará construir acuerdos y evitar que la representación compartida diluya los intereses santafesinos. La discusión por la vicepresidencia del organismo, que deberá quedar en manos de un representante provincial, aparece además como otro casillero de poder a resolver.
En ese terreno, la Casa Gris viene tejiendo vínculos políticos con otras administraciones provinciales. La Región Centro y la Región Litoral se convirtieron durante la gestión de Pullaro en ámbitos de articulación que exceden los acuerdos institucionales y permiten mantener abiertos canales de negociación sobre distintas agendas.
En Santa Fe aseguran que ya existe diálogo con otros distritos sobre la Hidrovía. La apuesta será aprovechar ese entramado para construir posiciones comunes, aunque todavía resta definir hasta dónde llegará la pretensión santafesina en el reparto de lugares y responsabilidades. En las próximas horas, los funcionarios que se sientan a la mesa se reunirán con el ministro del área, Gustavo Puccini.
La segunda parte de la estrategia pasa por las seis comisiones que tendrá el consejo. Allí se abordarán las cuestiones operativas, económicas y ambientales de la nueva concesión, con especial atención sobre el seguimiento de las condiciones de navegación y las obras comprometidas.
En la provincia hay áreas que despiertan particular interés, como la vinculada a dragado y obras, tarifas y ambiente, aunque no está definido todavía en cuáles participará.
El dragado es, posiblemente, uno de los asuntos más sensibles para los intereses santafesinos. La profundidad de navegación, el mantenimiento de los canales y las posibilidades de ampliar la capacidad operativa impactan directamente sobre la competitividad de los puertos del Gran Rosario. Para la Casa Gris, tener incidencia en esas discusiones supone participar de una agenda que atraviesa buena parte de la estructura económica provincial.
Algo similar ocurre con las tarifas. El costo del peaje es una variable determinante para la logística exportadora y constituye uno de los asuntos sobre los que Santa Fe pretende tener voz. La cuestión ambiental completa el menú de prioridades, especialmente por el impacto de las intervenciones sobre el río y las exigencias que acompañarán el desarrollo de las obras.
La definición llegará después de nuevas reuniones internas. Alvarado será la encargada de representar a la provincia, pero la estrategia excederá a la funcionaria: el gobierno de Pullaro pretende darle volumen político a una discusión que considera central para el desarrollo económico santafesino.
La Casa Gris no será el único actor santafesino con intereses en el consejo. Una parte importante del sector privado que tendrá representación en el organismo concentra su actividad, sus inversiones o su influencia institucional en territorio provincial.
La Bolsa de Comercio de Rosario aparece como uno de los nombres centrales y también ya definió a un funcionario de perfil técnico para sentarse a la mesa: Alfredo Sesé, Secretario Técnico de la Comisión de Transporte, Infraestructura e Hidrovía de la entidad.
También tendrán participación entidades como la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), la Cámara de Puertos Privados Comerciales, Confederaciones Rurales Argentinas y la Unión Industrial Argentina, entre otras organizaciones vinculadas con la actividad productiva y logística.
Si bien cada entidad tendrá sus propias prioridades, la coincidencia territorial y económica abre la posibilidad de articular posiciones sobre obras, dragado y costos de navegación. Sin embargo, no debe darse por sentado que todas las entidades coincidan en cada discusión, ya que tienen intereses particulares.
Resta ver si Santa Fe puede jugar con dos herramientas: su representación institucional entre las provincias y la gravitación de su entramado empresario en el sector privado. No se trata de votos automáticamente alineados ni de una coordinación formal ya resuelta, sino de interlocutores con los que la administración provincial tiene posibilidades de construir una agenda compartida.
Ese escenario también le da otra dimensión al ingreso del círculo rojo al organismo de seguimiento. Después de años de reclamos para contar con participación institucional en las decisiones sobre la hidrovía, las entidades empresarias tendrán un ámbito específico para plantear sus posiciones. Una porción importante de ese universo tiene su principal anclaje en Santa Fe.
El nuevo diseño también deja en evidencia cómo el gobierno nacional buscó preservar su capacidad de intervención. De los cuatro sectores que integrarán el consejo, uno estará reservado exclusivamente para la Nación, que tendrá así representación propia en las discusiones.
La diferencia con las provincias es significativa. Mientras los distritos deberán ponerse de acuerdo para expresar una posición, la administración de Javier Milei contará con un voto propio. Una arquitectura institucional que obliga a los gobernadores a negociar entre sí antes de sentarse a discutir con los representantes nacionales y privados.
De todos modos, el organismo tendrá funciones de asesoramiento y seguimiento, sin reemplazar las atribuciones de la autoridad nacional sobre la concesión. El peso de cada sector estará dado tanto por su representación formal como por su capacidad para instalar prioridades, construir consensos y ejercer influencia sobre las discusiones.
En ese tablero pretende moverse Pullaro. La Hidrovía no es solamente una cuestión de infraestructura para Santa Fe. Es, además, una discusión sobre quién tiene capacidad de incidencia en las decisiones que afectan a uno de los principales corredores exportadores del país.
