El gobernador destacó “la valentía” del máximo tribunal. Alertó sobre la calidad institucional en tiempos libertarios. La oferta del poder central, en 15 días.
Martín Llaryora y equipo, antes de la audiencia de la Corte Suprema
Martín Llaryora encabezó este miércoles la comitiva que participó de una audiencia de mediación con la ANSES, citada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en Buenos Aires. El gobierno de Córdoba reclama una deuda de un billón de pesos al Estado nacional en perjuicio de la Caja de Jubilaciones.
La "defensa de la República" y de los derechos de los jubilados fueron las marcas discursivas de la incursión porteña del mandatario mediterráneo. Las circunstancias oficiaron de telón de fondo para subir el tono crítico hacia el gobierno de La Libertad Avanza.
"Destaco la valentía de la Corte Suprema defendiendo la institucionalidad, estamos al borde en materia institucional", dijo Llaryora en una rueda de prensa antes de la audiencia.
Dentro de 15 días hábiles se retomará la mediación, con la expectativa depositada en que la gestión de Javier Milei presente una “propuesta concreta”. La deuda con la Caja supera un billón de pesos, contando intereses. “Equivale a casi un 50 por ciento de lo que la Provincia invierte en infraestructura”, graficó Llaryora.
Llaryora llegó escoltado por figuras fuertes de su gabinete: el ministro de Justicia, Julián López; el fiscal de Estado, Jorge Córdoba; y el ministro de Economía, Guillermo Acosta. Fueron recibidos por el secretario de Asuntos Originarios, Alejandro Rodríguez, encargado de las causas que se tramitan directamente ante los estrados del máximo tribunal cuando hay conflicto entre provincias, o entre ellas y el Estado nacional.
Córdoba es una de las 13 provincias que administran sus propias Cajas de Jubilaciones y que reclaman a la ANSES fondos adeudados.
Confianza y conformidad fueron las sensaciones que disparó la mediación en el cuarteto provincial, tras lograr que la Nación se comprometa en presentar una propuesta concreta al reclamo. Debería hacerlo en la próxima audiencia, dentro de los 15 días hábiles.
El reclamo, impulsado judicialmente por Juan Schiaretti , no es menor: se trata de más de un billón de pesos. La citación, dos años después, con atisbo de esperanza, comienza a destrabar un conflicto que podría sentar precedentes.
Desde el Panal, como se llama al Centro Cívico de Córdoba, informaron que se sienten “conformes por la intervención de la Corte” y confían que no sea una “acción dilatoria”.
Con firmeza, el mandatario habría exigido el pago de la totalidad de la deuda y la restitución del flujo de fondos mensuales que, con la llegada de Milei, se redujeron a cero.
El proyecto que modificó la ley de movilidad contenía un artículo que preveía la cancelación de las deudas, pero el Presidente la vetó: la garantía de asistir a la cajas provinciales, mediante asignación específica de impuestos quedó en el olvido.
“Enfrentamos la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 280, del 27 de marzo de 2024, por el cual se estableció que directamente se suspendan los envíos que por Ley debe destinar la Nación a la provincia de Córdoba”, indicó Llaryora.
Antes de la audiencia, en una rueda de prensa, el gobernador planteó el reclamo a la Nación y se mostró positivo con la citación de la Corte. “La Nación nos está girando cero peso a la Caja de Jubilaciones. Vengo como gobernador a reclamar y defender un derecho de los cordobeses y en especial de los jubilados”, expresó.
Con críticas hacia el gobierno libertario, Llaryora apuntó: “Estamos al borde en materia institucional, la República Argentina se basa en que cada uno cumpla con sus derechos y obligaciones y así lo tienen que hacer los estados. El Estado nacional está incumpliendo con sus obligaciones”.
Con halagos al máximo tribunal, el cordobés consideró que lo que hizo la Corte es un “llamado a la reflexión, convocando a una audiencia entre las partes antes de emitir un fallo, para decir volvamos a los cánones institucionales, esto es defender la República”.
Llaryora felicitó a los miembros de la Corte por “su valentía, de llamar en este momento tan difícil a una audiencia de conciliación, defendiendo la institucionalidad”.
Este guiño de la Justicia podría entusiasmar a que las otras 12 provincias y sus correspondientes gobernadores continúen presionando por las transferencias que la gestión libertaria pausó.