La intendenta de Paraná, Rosario Romero (a la derecha), en la reunión de hace una semana con los referentes de la Liga Federal de Intendentes en la secretaría de Transporte nacional.
En la capital de Entre Ríos, Paraná, la guerra total del gobierno del presidente Javier Milei contra el interior del país por recursos financieros provocó daños ampliados. El misilazo que significó la eliminación de subsidios al transporte tuvo como primera consecuencia: la empresa concesionaria del servicio de transporte urbano de pasajeros quita los colectivos de la calle desde el mismo jueves.
Cuando parecía que la conciliación obligatoria que impidió el paro de trabajadores nucleados en UTA había corrido el escenario de conflicto en el transporte, fueron los empresarios los que decidieron retirar los colectivos de las calles de la capital y de las otras ciudades del área metropolitana
El lockout fue decidido en medio de una reunión entre el Ejecutivo municipal, los empresarios, concejales y otras instituciones en la que se analizaba una suba del boleto de colectivos que hoy, luego de la quita de subsidios, carece de sentido.
El anuncio de la eliminación del Fondo Compensador del Transporte del Interior se conoció al mismo tiempo que estaban reunidas las partes en el ámbito de un organismo denominado Sistema Integral del Transporte Urbano (SITU). Hasta ahí el encuentro venía tranquilo, pero “se picó” al conocerse la noticia. Fue cuando el gerente de la empresa Buses Paraná, Marcelo Lischet, avisó que paraban el servicio desde las 14. “Mañana viernes no tenemos idea”, amenazó antes de irse. El encuentro pasó a un cuarto intermedio. Para este viernes está previsto que la ciudad vuelva a quedarse sin colectivos a partir de las 14.
Con ese escenario, el gobierno municipal baraja la posibilidad concreta de declarar la emergencia en materia de transporte vía decreto, sujeto a una posterior ratificación del Concejo Deliberante.
Con la emergencia en mano las autoridades tendrían la posibilidad de rediseñar el sistema para brindar una prestación mínima. Con que haya colectivos en la calle en horarios donde trabajadores lleguen a su lugar de trabajo y los estudiantes a las escuelas se darían por satisfechos.
Mientras tanto, la provincia armó una mesa de trabajo para atender en conjunto el tema. Si bien Paraná es la ciudad con más incidencia del transporte urbano, también funciona en Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, La Paz, Chajarí y Concordia.
La provincia también va a poner dinero para ayudar a la ecuación, aunque en cualquier cuenta que se saque se sabe que sin subsidios nacionales el sistema se torna inviable. O por lo menos, sería muy distinto al que hoy se conoce.
“Una determinación semejante afecta de forma directa a la productividad del país”, alertaron en un comunicado los intendentes de las principales ciudades del país. En la lista figuran Paraná, Mar del Plata, Río Cuarto, Rosario, Formosa, Neuquén, Santa Fe, Córdoba y otras ciudades.
Ya venían reuniéndose e incluso habían conseguido un encuentro con el secretario de Transporte de la Nación. Pero la nueva declaración de guerra del gobierno al interior agrava el problemaa. "No hay interlocutores con Nación", se lamentaba un funcionario que está al tanto de todas las tratativas.
“Esta medida implicaría dejar sin transporte a todo el interior del país”, marcan los intendentes y denuncian: “Se sostiene la inequidad con el AMBA, ya que la eliminación solo está planteada para el interior”.
Además, avisaron que tomarán “todas las medidas políticas y judiciales para garantizar las partidas ya asignadas por el presupuesto nacional”.
Buses Paraná es una unión transitoria de empresas que conforman Transporte Mariano Moreno SRL y ERSA. La primera es propiedad del paranaense Lischet, que pone la cara en las reuniones locales. La segunda es la empresa correntina que opera en seis provincias.
La capital provincial se hace cargo, en la práctica, del servicio en lo que se conoce como Gran Paraná (compuesto también por Oro Verde, Sauce Montrull y Colonia Avellaneda) aunque en el ejido la concesión le corresponde a la provincia. Un problema jurisdiccional que en épocas de vacas flacas toma relevancia.
En este contexto de sequía de recursos y con posibilidad cero de subsidios, la expectativa de que se reanude el servicio son bajas. Hay diálogo pero por estas horas nada conducente, contaron a Letra P.