Veintidós años después, el funcionamiento de “la Uni” sigue motivando discusiones sobre beneficios y perjuicios para el funcionamiento del Estado. En particular, la calidad de las leyes sancionadas y la existencia de controles para los proyectos girados desde el Ejecutivo.
“Mejorar la representación política; ahorrar tiempos legislativos para el tratamiento y la sanción de las leyes provinciales; contar con un Poder Legislativo más eficiente y eficaz; disminuir su presupuesto”, destaca el proyecto que presentó el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Maximiliano Abad, replicando la propuesta que forma parte también de la campaña de Néstor Grindetti, candidato a gobernador.
De aprobarse tal iniciativa, la cantidad de representantes, hoy 138, se ajustará a “una Unicameral, conformada por 80 legisladores provinciales”.
Al momento de realizarse la reforma constitucional, en Córdoba las dos cámaras sumaban 133 legisladores: 67 integraban el Senado, con una representación proporcional a la cantidad de habitantes por cada uno de los 26 departamentos; 66 diputados, repartidos proporcionalmente según la cantidad de votos obtenida por cada fuerza, pero asegurando mayoría al partido que ganase los comicios.
Tras la enmienda constitucional, el Parlamento cordobés quedó reducido a una sola cámara con 70 representantes: 44 electos de manera directa y proporcional, tomando a la provincia como distrito único; los 26 restantes elegidos por los Departamentos, a razón de uno por cada uno de ellos.
La modificación culminaría una profunda reestructuración lanzada por De la Sota, bajo lema de una modernización del Estado, tendiente a reconfigurar tanto la organización como la administración estatal. Todo había comenzado en 1999, año cero del “cordobesismo”, con una fuerte reducción impositiva y un rediseño del gabinete ministerial.
Respuesta a la crisis
La ley 8947, que daba sustento a la reforma, fue aprobada entre el 27 y el 28 de julio del 2001, tras sendas sesiones en el Senado y Diputados de la provincia. Ambas jornadas estuvieron precedidas por polémica. La aprobación llegaría con los votos del oficialismo y la inesperada adhesión del radicalismo.
El argumento principal de los impulsores del cambio, entre los que se destacaba Francisco Fortuna (hoy, como entonces, jefe de bloque del peronismo cordobés), apuntaba a reducir los costos de la política, en un contexto de zozobra que atravesaba el país. Al momento, el funcionamiento de la Legislatura representaba el 1,6 por ciento del presupuesto provincial. La reducción a su mitad implicaría un ahorro de unos 20 millones de pesos/dólares al año.
El proyecto contaba con fuerte aval popular. Diez días antes, un 70% de los cordobeses había respaldado la intención del oficialismo, respondiendo favorablemente al recorte, en un referendo al que había convocado De la Sota. Se trató, en rigor, de una arriesgada maniobra con la que pudo revertir dos rechazos previos, uno en las propias arenas parlamentarias, el restante desde el Tribunal Superior de Justicia.
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El proceso administrativo se completaría con la Convención Constituyente, que sesionaría entre el 8 y 15 de septiembre, presidida por el integrante de la Corte Suprema de Justicia, Juan Carlos Maqueda, por entonces senador y exdiputado provincial por el peronismo.
La discusión fue ardua e incluyó denuncias de la oposición. Especialmente del Frepaso y la Izquierda Unida, que acusaron un acuerdo entre el delasotismo y la Alianza, expresada en el cambio de actitud de un bloque radical que, tras gestiones de Ramón Mestre (padre) votaría a favor de la iniciativa. En concreto, el radicalismo ya había propuesto la reforma legislativa años antes.
Un pozo
Quienes defendieron el proyecto de reducción de la composición de la Legislatura no sólo apuntaron a conceptos relacionados a modernidad y eficiencia. También remarcaron la necesidad de dotar de dinamismo a discusiones parlamentarias frenadas por “la burocracia”.
En ese marco, retomaron exposiciones de previas reformas al sistema electoral y la composición parlamentaria, que consideraban la bicameralidad como un obstáculo, incluso un pozo “donde caen todas las buenas iniciativas”.
Veintidós años después, voces oficialistas recorren esa vía, asegurando que el sistema ganó en agilidad y control, con una notoria reducción del tiempo promedio para sanción de las leyes, que pasó de 90 días a dos semanas.
Tal celeridad es aún interpretada como pérdida de calidad institucional por quienes rechazan el sistema unicameral. Otras fuentes relativizan la existencia de un “ahorro significativo” para las arcas. Por el contrario, adhieren a la presunción de una conveniencia meramente política para el oficialismo.
Las críticas también se detienen en la asignación departamental, en una provincia donde el poder se ha repartido mayoritariamente entre dos fuerzas desde la vuelta de la democracia. “Es muy difícil para partidos pequeños tener representatividad en el interior. Ahí pesan los aparatos. Mucho más ahora, con un modelo de alianzas. Por fuera de ellas es casi imposible”, razona un representante de una fuerza minoritaria.
“Como consecuencia también de la heterogeneidad poblacional de los departamentos y de la distribución geográfica de las preferencias electorales, el partido más votado ha accedido en cada elección a un porcentaje de bancas muy superior al porcentaje de votos obtenidos. Los efectos están a la vista, el peso relativo del Poder Legislativo es insignificante; la iniciativa y el debate han menguado tanto como las partidas presupuestarias que lo sustentan”, sintetiza un informe publicado en 2014 por los economistas Claudio Calleri y María Luz Ezquerro.
“Las discusiones sobre la conveniencia de un sistema unicameral o bicameral, y la de representación mayoritaria o proporcional, son recurrentes, pero es relativamente fácil demostrar que, en la mayoría de los casos, el partido que se encuentra en el gobierno se ubica en la vereda de la unicameralidad y la representación mayoritaria, pues ello permite un trámite más rápido en la sanción de las leyes. El problema para los partidos que ponen en marcha este proceso es que después, cuando se convierten en oposición, sufren el sistema que ellos mismos han creado”, advierte un informe del politólogo Daniel Gattas.
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Intendentes y legisladores electos de JxC de Córdoba.
Problema inédito
Veintidós años después el peronismo cordobés afronta eses problema. Por primera vez deberá gestionar sin mayoría absoluta en la Cámara. De acuerdo al resultado de las elecciones de junio, contará con la misma cantidad de representantes que la principal fuerza opositora: 33. Tal paridad hará indispensable la negociación con aquellas fuerzas chicas, recuperando cierto espíritu que añoran voces críticas.
Entre ellas el propio Gattas, quien no sólo lamenta que las reformas electorales "sólo hayan buscado garantizar a quien ganara la elección, así fuera por un solo voto, la mayoría absoluta". “El consenso y la transacción parlamentaria, que es propia y natural de la democracia, quedó sólo para la anécdota, y la Legislatura se transformó, lenta pero sistemáticamente, en un apéndice del Ejecutivo, con consecuencias muy negativas para el propio cuerpo y para la comunidad cordobesa”, dice en un trabajo de recopilación de reformas desde 1923.
En ese mismo informe reconoce que la reformulación de 2001 fue un avance importante, aunque insuficiente, en la búsqueda de un sistema más justo. Como tal, destaca la necesidad de enmiendas complementarias para que el Poder Legislativo “recupere un lugar central”.
