Más de $7.000 millones corresponden a mejoras ofrecidas a empleados y el resto a cambios en los aportes previsionales. Los jueces esperan una mesa propia.
Las propuestas que los negociadores del gobernador Martín Llaryora pusieron sobre la mesa de negociación abierta con los estamentos de la Justicia de Córdoba que reclaman mejoras salariales tendrían un impacto de más de $10.000 millones, para todo lo que resta del año, en las arcas de la provincia.
Más del 70% de la cifra correspondería a la oferta acercada específicamente para los empleados del Poder Judicial, para quienes hay una proposición en distintas etapas.
El resto provendría de la quita de dos puntos porcentuales a los aportes personales que realizan quienes perciben más de $3.500.000 de salarios, acción que apunta específicamente a los magistrados y funcionarios judiciales que, en una inusual acción, también expresan públicamente sus peticiones.
A partir de la tarde del martes se ha abierto un período de análisis de las propuestas que debería concluir la próxima semana, al filo mismo del inicio del último cuatrimestre del año.
La nueva propuesta para la Asociación de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) llegó el martes, último día de vigencia de la conciliación obligatoria que había dispuesto la Secretaría de Trabajo.
El ajustado margen de maniobra posterior invitó a inferir sobre la necesidad de plasmar una opción superadora a la que había rechazado el gremio a fines de junio, al filo del inicio de la feria.
El texto presentado incluye cuatro puntos capitales. El primero es el adelanto de las etapas pendientes para completar la equiparación, al 90%, de los salarios de los judiciales provinciales con los de sus pares del fuero federal. Para las categorías más bajas, la mejora impactaría ya con los haberes de septiembre.
El segundo aspecto desglosa aumentos por distinta vía. Por un lado, confirma la aplicación la suba de 2,5% establecida por la Corte Suprema de Justicia. Por otra parte, una mejora del 1,9%, retroactiva a junio, y otra del 2,1%, a percibir con los haberes de septiembre.
También contempla un adelantamiento, de un año, del blanqueo previsto para 2029 y un anticipo del pago de un 50% de la bonificación por permanencia en cada categoría.
Finalmente, confirma la decisión de reducir el aporte extraordinario de la ley 11.087 de equidad previsional, del 8% al 6% para las categorías más elevadas.
Los empleados judiciales comenzaron este miércoles con el análisis de la oferta. Primero fueron contactos por Zoom, luego será el turno de las asambleas. La fecha clave para la decisión será el martes 1 de septiembre.
Un mesurado optimismo circula tras los primeros cotejos. Aunque se descarta la persistencia de la inconformidad de aquellos que exigen una recomposición salarial no menor al 25%, la enumeración de los puntos conseguidos en la negociación marca un escenario distinto al prefigurado entre febrero y marzo, inicio de tensiones que derivarían en asambleas y paros que llegaron a 26 días hábiles en distintos puntos de la provincia.
Precisamente, la extensión del conflicto también podría impactar en el ánimo colectivo. “Son muchos meses, la pelea cansa. Y la gente ya hace saber su cansancio por la afectación de la actividad. En particular lo básico, que es la toma de denuncias en las Unidades Fiscales o la demora en las causas”, analiza una voz que frecuentemente recorre el camino entre el Panal y Tribunales.
El aspecto a desovillar será la aplicación de descuentos por aquellos días de paro. El pasado martes, el Tribunal Superior de Justicia propuso suspender las deducciones aún pendientes en caso de aceptación de la propuesta. No son pocos los que piden el restablecimiento de lo descontado con las remuneraciones de agosto, que oscilaron entre 200 y 400 mil pesos.
El total de recomposiciones acercadas al gremio judicial implicaría una erogación de $1.800 millones por mes para el gobierno provincial. Restando aún cuatro meses al año, tendría un impacto final de más de $7.000 millones hacia el fin del 2026.
Desde la AGEPJ destacan que el cálculo no incluye futuros blanqueos, previstos para años posteriores. En paralelo, la reducción de dos puntos en los aportes personales representaría una merma superior a $800 millones, que se destinaban a la Caja de Jubilaciones, para la mrovincia.
Este cálculo atañe a los estratos superiores de la Justicia mediterránea, integrado en su gran mayoría por magistrados y funcionarios. De los 6400 trabajadores enlistados como empleados, unos 1400 pagan el máximo de los aportes a la Caja.
Aunque el Gobierno confía en una pronta salida del conflicto salarial más prolongado del año, estos cálculos podrían no ser los últimos. Tras el (aún potencial) acuerdo con los judiciales llegará el momento decisivo para los jueces, que exteriorizan sus reclamos por fuera de la representación oficial, siempre asignada a la Asociación de Magistrados.
Pacientes, mantuvieron su decisión de esperar el desenlace de la negociación de los empleados. Una vez llegada tal instancia, esperan ser llamados a una mesa específica, siempre bajo mirada del TSJ, pero con sus propios pedidos.
Además de los dos puntos menos de aportes, jueces y funcionarios piden otras atenciones. Exigen que se cumpla, para ellos también, la ley de equivalencia con federales. Según los cálculos que manejan, hoy perciben una remuneración que está entre 13 y 15 puntos por debajo de lo que correspondería al 90% que cobran sus pares.
Aún reacios a hablar de sus peticiones como reclamos salariales, piden revisar la suma de contribuciones extra afrontadas en recientes años. Por una u otra vía, cualquier decisión impactaría también en el ajustado cálculo diseñado por Llaryora meses atrás.
