La vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, quedó en el centro de un embate político que trasciende los límites de la oposición. Mientras la Unión Cívica Radical (UCR) de Rodrigo de Loredo avanza con un pedido de juicio político en su contra en el marco de la investigación que salpica al exlegislador Ramón Cañito Flores, el oficialismo también le recrimina responsabilidades.
Tras presentar su renuncia, el edil que días atrás había pedido licencia en la Legislatura, argumentó que su salida responde a lo que calificó como una "campaña de difamación y descalificación personal" orquestada por sectores opuestos de la política local.
La dimisión se da en el marco de una investigación por grooming y abuso sexual contra niñas y adolescentes en el norte cordobés, por parte de uno de sus asesores.
Que desde la oposición remarquen responsabilidades no es novedad. El exdiputado Rodrigo de Loredo ordenó al bloque de legisladores de la UCR activar el mecanismo de juicio político de Prunotto invocando el artículo 112 de la Constitución Provincial por "mal desempeño e indignidad".
El candidato a gobernador le atribuye a Prunotto una responsabilidad directa por haber dado conformidad a los nombramientos.
A la embestida radical se le suman críticas sobre la falta de transparencia, sospechas por "empleados fantasma", negativas de acceso a la información a la prensa y episodios controvertidos como su reciente viaje a Estados Unidos o la contratación de custodia con antecedentes de maltrato.
En el entorno de la vicegobernadora responden a cada crítica con dos argumentos: es una de las legislaturas con más bajo presupuesto del país y organismos externos reconocieron la transparencia con la que se maneja el poder legislativo provincial.
El espacio oficialista radical (Generación X), impulsado por De Loredo y por el actual presidente del partido, Marcos Ferrer, postula al legislador Matías Gvozdenovich para la conducción del Comité Provincia. Frente a ellos compite la alianza opositora Más Radicalismo, encabezada por Juan Jure. En el espacio de De Loredo sostienen la hipótesis de que el peronismo cordobés intenta meter la cuchara en la lista opositora para fragmentar al partido, una sospecha que Jure rechaza enérgicamente al asegurar que no responden ni a Javier Milei ni a Martín Llaryora.
En ese tablero, la decisión de apuntar los cañones contra Prunotto respondería a una doble jugada estratégica por parte de De Loredo.
Por un lado, busca cobrarle en el terreno político su "salto" al cordobesismo y los "problemas" asociados. Prunotto, una dirigente de origen radical que en 2023 rompió con la estructura partidaria para acompañar a Llaryora en la fórmula provincial, se convirtió en el blanco ideal: golpear su gestión le permite a De Loredo mostrar el disciplinamiento interno y enviar un mensaje contundente a la militancia sobre los costos de alejarse del partido.
Por otro lado, la maniobra persigue la fidelización directa del votante radical en vísperas de la compulsa interna del próximo 20 de septiembre. Exhibir una postura de oposición intransigente contra la vicegobernadora le sirve a De Loredo para cohesionar el voto del afiliado detrás de la candidatura de Gvozdenovich, obturando de paso cualquier insinuación de pacto o connivencia con el PJ provincial.
Mientras tanto, desde el seno del oficialismo de Hacemos Unidos por Córdoba, lejos de encontrar un blindaje unánime, la figura de la vicegobernadora quedó expuesta tras las declaraciones del legislador Leonardo Limia en distintos medios de comunicación.
El dirigente, que responde políticamente a Juan Schiaretti y a la senadora Alejandra Vigo, salió al cruce del planteo de De Loredo tildándolo de "una gran payasada" y acusando al líder radical de ser un "gran oportunista que no aporta nada a los cordobeses".
Sin embargo, lejos de abroquelar en la defensa de Prunotto, marcó una clara distancia política y fijó postura sobre el rol del bloque oficialista y el de la presidenta del cuerpo. En radio Mitre consideró que la vicegobernadora “tendrá que dar las explicaciones que ella pretenda o que quiera dar”.
En la misma línea, Limia focalizó el origen de los fallos de control en la estructura parlamentaria que encabeza la exintendenta de Estación Juárez Celman: "Desde la vicegobernadora como presidenta de la Legislatura, la Secretaría de Administración, que es el órgano que tiene que controlar los ingresos y los egresos de personal, creo que ha habido una fuerte autocrítica y ahora tenemos que nosotros empezar realmente a demostrar que institucionalmente la Legislatura trabaja todos los días".
Aunque desde la administración parlamentaria se argumenta que se han adoptado nuevas medidas de control administrativo como la exigencia de certificados de antecedentes actualizados y la renovación periódica de documentación, las palabras de Limia confirman un pase de factura interno: alguien tiene que pagar el costo político en plena campaña rumbo al 2027.
Atrapada entre el embate radical que busca castigar su salto al "cordobesismo" y las señales de distanciamiento del propio peronismo, Prunotto queda en el ojo de la tormenta como el blanco principal de la crisis en la Legislatura.
