Las denuncias por una supuesta venta de lugares en las listas obligaron al precandidato presidencial Javier Milei a dividir su campaña entre las estrategias defensivas y el proselitismo que lo convirtió en la novedad política de la época. En los últimos días tomó dos decisiones claves: denunciar ante la procuración una supuesta campaña judicial en su contra, lo que Cristina Fernández de Kirchner definió alguna vez como lawfare; y ultimar los detalles de su acto de cierre, donde buscará recuperar la mística perdida.
Su hermana Karina Milei, jefa de campaña, inició gestiones para que el evento sea el Movistar Arena, el estadio cerrado de Villa Crespo. La fecha elegida sería el lunes 7 de agosto, para que sea el primer evento de un precandidato presidencial en la semana previa a la votación. Lo habitual es que todos coincidan en sus actos el jueves, minutos antes de la veda electoral.
El plan está en elaboración, pero lo que no está en duda es que la campaña debe cerrar con una foto triunfalista. "Queremos volver al Javier que llega con (el tema de La Renga) 'Panic Show', abre los brazos, da una clase de economía y todos escuchan", es el deseo de los libertarios que lo acompañan y lo vieron golpeado por las acusaciones de comercializar candidaturas.
Carta a Casal
La contraofensiva judicial de Milei incluyó una presentación espontánea de 100 candidatos libertarios ante el fiscal Ramiro González, quien abrió una investigación preliminar sobre las denuncias sobre venta de lugares en las listas de La Libertad Avanza, que para el diputado representa un ataque premeditado con el objetivo de restarle expectativas electorales.
Así se lo hizo saber al procurador general Eduardo Casal, quien ejerce en forma interina desde 2017 y tiene la tarea de garantizar que los fiscales cumplan la ley orgánica del Ministerio Público. Por las acusaciones que enumera, la carta de Milei bien podría haber sido escrita por el kirchnerismo, que desde 2020 intenta sin éxito forzar la renuncia del veterano jurista.
En su misiva, el precandidato libertario considera de "extrema gravedad institucional" la "ilegítima intromisión de González en el proceso eleccionario", que definió como una "incursión de pesca", un término que la vicepresidenta usaba en sus posteos para cuestionar las investigaciones que le abrían en Comodoro Py durante el gobierno de Mauricio Macri.
Asesorado por sus abogados, el diputado sostuvo que la investigación preliminar no cumplió con una resolución vigente de la procuración (121/06), al no haberse delimitado el objeto, ni haberse realizado una comunicación a los fiscales generales. Además, el precandidato denuncia que se violó el artículo 204 del Código Procesal Penal por hacer "público y mediático" los actos y declaraciones del proceso.
Milei advirtió sobre un riesgo de incumplirse la garantía constitucional de elecciones "libres" y solicitó a Casal determinar si González inició la investigación preliminar con el objetivo de "menoscabar el proceso democrático" y su imagen.
Tal vez lo más curioso es que sacó chapa de diputado nacional: "Le hago saber como miembro de otro de los poderes del Estado la iniciación de investigaciones preliminares a miembros del Congreso, su familia y sus asesores, que luego no se formalizan ante el órgano judicial y se prolongan el tiempo, superando los plazos establecidos por la ley", escribió.
"No se puede permitir el uso de facultades conferidas por ley a los fiscales de la Nación para confundir a la gente, interferir en procesos democráticos e intentar favorecer a ciertos partidos políticos y candidatos", exigió el legislador.
Sancionar a un fiscal no es fácil. Los sumarios por mal desempeño sólo pueden realizarse en la Procuración, mediante reglamentos internos controlados por Casal y sin la participación de representantes de otros poderes. La única alternativa de un legislador para sumar presión es abrir una investigación en la comisión bicameral de seguimiento y control del Ministerio Público, que no tiene facultades sancionatorias, pero sí de supervisión.
Fue la comisión que usó el kirchnerismo para evaluar la conducta del procurador hasta 2021, pero luego no volvió a constituirse porque Cristina nunca envió los senadores elegidos, molesta porque no había logrado que Casal renunciara.
La campaña sin búnker
En el equipo del líder libertario reconocen que la campaña no termina de ordenarse, entre otras cosas porque ni siquiera se abrió un búnker, como el que tiene cualquier precandidato presidencial para repartir tareas y, tal vez más importante, fidelizar a sus equipos.
La diputada y compañera de fórmula Victoria Villarruel había prometido conseguir unas oficinas, pero el trámite se demoró y Milei todavía usa para algunas actividades la sede del partido Libertario, que no forma parte de su frente electoral. Para el cierre de listas, eligió como base a distintos bares de Recoleta.
La agenda se define con llamados a Karina Milei y al propio diputado. Uno de los que más interactúa con los hermanos es Santiago Caputo, sobrino de “Nicky”, el empresario que Mauricio Macri definió como “su amigo del alma”.
El menor de la familia trabaja de consultor político y es tal vez a quien más escucha Milei sobre cuestiones referidas a escenarios electorales, un tema que le aburre como pocos. “A Javier le dejás de hablar de economía, de (la biblia judía) la Torá o de perros y no te escucha más", bromean en su entorno.
Otro con acceso al clan Milei es Fernando Cerimedo, consultor y dueño de la La Derecha Diario, quien en una reciente entrevista con la revista Noticias dijo que buscaba ser "el (CEO de Clarín Héctor) Magnetto de la derecha". Supo vincularse con Jair Bolsonaro y para el precandidato presidencial es una voz autorizada.
La campaña continuará con recorridas en el Gran Buenos Aires, donde Milei necesita traducir en votos la aceptación en los sectores populares que le muestran las encuestas. "A nosotros nos quieren más ahí que en los countrys o en el campo. Tenemos que demostrarlo en las urnas", desafían sus colaboradores.
