El funcionario libertario recibe el lunes a la dirigente de Juan Grabois que manejaba el FISU. La pelea por los fondos con Toto Caputo.
Fernanda Miño llegó al gobierno de Alberto Fernández por recomendación de Grabois.
Sebastián Pareja, nuevo subsecretario de Integración Socio Urbana –que responde a Karina Milei – y su antecesora en el cargo, Fernanda Miño –que pertenece al espacio de Juan Grabois- se reunirán el próximo lunes para conversar sobre la gestión y el manejo del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que quedó bajo la lupa del gobierno de Javier Milei en los últimos días.
Según pudo saber Letra P, Miño se puso a disposición de Pareja y le llevará informes que dan cuenta del manejo de la caja del FISU, que tuvo bajo su órbita durante la gestión de Alberto Fernández. El funcionario fue nombrado en su cargo el jueves 15 y encargó una auditoría propia sobre el área para conocer de primera mano cómo se instrumentó la ejecución de los fondos que se utilizaron para hacer obras en barrios populares. El informe estará listo en 30 días, pero, hasta el momento, Pareja dejó trascender que no encontró irregularidades.
Mientras tanto, Miño salió al cruce de las acusaciones que recibió en los últimos días por presuntos desmanejos en la caja, que se denunciaron a través de medios de comunicación. Según las publicaciones, la información que asegura que solo se terminó el 6% de las obras surgió de informes de la Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Economía.
“Eso es mentira. El 6% se calcula sobre el total de barrios populares que hay en todo el país. Obviamente, nosotros no llegamos a los barrios de todo el país. Siempre tuvimos auditorías sobre el manejo de los fondos. Cada tres o cuatro meses, informábamos a la Auditoría General de la Nación (AGN), que está en manos de la oposición. En ese entonces, de Miguel Ángel Pichetto”, le explica Miño a Letra P.
La exfuncionaria, que se comunicó varias veces con Pareja en las últimas horas, se prepara para iniciar acciones legales contra quienes la acusaron por supuestas irregularidades. “Los invito a todos a recorrer conmigo los barrios para que vean las obras que hicimos, cómo le cambiaron la vida a la gente”, dice.
El FISU es un fideicomiso creado por el decreto 819/2019, publicado el 5 de diciembre de 2019, con la firma de Mauricio Macri y la exministra de Desarrollo Carolina Stanley. El armado del FISU tuvo como marco la ley 27.453, que creó el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). La norma fue aprobada por unanimidad en el Congreso en 2018. Había sido iniciativa de los entonces diputados oficialistas Nicolás Massot (PRO), Mario Negri (UCR) y Elisa Carrió (Coalición Cívica). Tuvo el apoyo de los movimientos sociales y de todos los bloques políticos.
El ReNaBaP creó el régimen de regularización dominial de barrios populares y determinó la necesidad de llevar adelante acciones para su integración socio urbana. Del trabajo del ReNaBaP surgió el último relevamiento que indica que, a fines de 2023, se contaban 6.467 barrios populares en todo el país.
El FISU se financió a través de la asignación específica de dos impuestos, el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas –que se creó a fines de 2020, por iniciativa legislativa de Máximo Kirchner y se pagó por única vez– y el impuesto PAÍS. Actualmente, el FISU recibe el 9% de la recaudación del impuesto PAÍS, que recaudó en enero 469.199 millones de pesos. El monto representa una variación de 1.252,6% respecto del mismo mes de 2023.
De acuerdo con Miño, su gestión cerró con “1.277 obras de integración y la generación de 23.909 lotes con servicios”. Además, 250.000 mujeres “mejoraron o ampliaron sus casas” con el programa Mi Pieza. “Se recaudaron 550 mil millones de pesos. La mitad está en obras terminadas y la otra mitad, en obras en ejecución”, dice Miño. El monitoreo de las obras se puede hacer online a través de la web que muestra el detalle por provincia, municipio, barrio, tipo de intervención, tipo de unidad ejecutora, monto de inversión, cantidad de familias beneficiadas y el estado de avance de cada proyecto.
El programa Mi Pieza consiguió el elogio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que consignó que “permitió -con un esquema de ejecución ágil basado en los principios de autoconstrucción que prima en los barrios populares- lograr escala e impacto para atender los desafíos que enfrenta el país en materia habitacional”. El BID publicó un trabajo de 81 páginas bajo el título “Impacto de los Programas de Mejoramiento de Vivienda por Autoconstrucción: Evidencia para Barrios Populares de Argentina”. La Universidad Católica Argentina (UCA) también armó un informe específico sobre Mi Pieza, con conclusiones positivas.
Miño es catequista, militante social y política, vecina del barrio La Cava, ubicado en San Isidro. Llegó al gobierno de Fernández a través de Grabois, quien defendió en público su tarea y se defendió sobre las acusaciones del supuesto manejo irregular de los fondos “Para erradicar el hacinamiento, urbanizar todos los barrios populares y crear el millón de terrenos familiares con servicios destinados a viviendas y quintas productivas (…) se necesitan aproximadamente 3000 millones de dólares anuales Así que la 'caja' que me atribuyen es bastante más chiquita”, escribió el dirigente en su cuenta de X.
En principio, el Gobierno acusó a Miño de haber favorecido a las cooperativas ligadas a Grabois en la adjudicación de obras. La ley que creó el ReNaBaP, estableció que el 25% de las obras en barrios populares debía ser adjudicada a cooperativas y trabajadores de la economía popular. “Eso se hizo para generar trabajo local y que no venga gente de otros barrios, que lo pueden hacer los propios vecinos”, explica Miño.
Durante el gobierno de Fernández, Miño estuvo a cargo de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), que dependía entonces del Ministerio de Desarrollo Social. Durante la gestión de Milei, el área pasó de la órbita de Capital Humano, que comanda Sandra Pettovello, a Infraestructura, que quedó bajo el mando del ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Además, bajó el rango a subsecretaría.
Con Caputo parado sobre la caja del Estado, en el Gobierno aparecieron las suspicacias sobre las acusaciones por presuntos manejos irregulares del FISU, un fondo cada vez más voluminoso por el aumento de la recaudación del impuesto PAíS. “Tienden un manto de sospecha sobre el FISU porque se quieren quedar con la caja y usarla para otra cosa”, especula un dirigente que conoce los manejos del sector.
El FISU garantiza llegada y despliegue territorial en el sector más vulnerable de la población, uno de los más golpeados por la crisis económica. Pareja, que responde a Karina Milei y fue armador político de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, está dispuesto a defender la continuidad del programa. “He hablado con muchos intendentes y hasta ahora no he encontrado críticas. Lo que estoy viendo es un presupuesto con más del 80% ejecutado”, dijo este jueves en declaraciones radiales. Pareja elogió la tarea de Miño y mencionó la auditoría por parte del BID.