El ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos anticipó la medida. Rechazo gremial y posible conflicto en puerta.
El gobernador Rogelio Frigerio con los gremios docentes, durante una reunión junto a otras autoridades gubernamentales. Foto de archivo.
En espejo con su par de Santa Fe Maximiliano Pullaro, Rogelio Frigerio quiere implementar en Entre Ríos un premio a la asistencia docente en las aulas de las escuelas públicas. La medida está aún en elaboración, pero fue anticipada por el ministro de Gobierno y Trabajo Manuel Troncoso.
Aunque fue un adelanto que todavía no tuvo presentación oficial, los dichos del ministro levantaron polvareda inmediata en el sector gremial docente, que se opone a un plus por presentismo. En la misma línea que los santafesinos de AMSAFE, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) calificó de “extorsiva” la propuesta y dijo que no consiente ningún tipo de presentismo sobre el salario docente.
Según dejó trascender el funcionario de la cartera laboral, la idea es que los docentes que estén al frente del aula tengan un plus del 10% más de incentivo salarial, “muy similar a lo que ocurre en Santa Fe”, declaró.
En esa provincia, el programa Asistencia Perfecta contempla que un maestro que se inicia, y que posee sólo un cargo, percibirá 57 mil pesos más por mes, según publicó Letra P. El que tiene cargo más alto sumará 114 mil. La compensación trimestral será de 258 mil y de 516 mil para cada extremo de los cargos. El incentivo se pagará incluso si el docente faltara un día al mes, aunque una cifra menor. En los meses de receso, se mantendrá el incentivo con un promedio de lo que el trabajador cobró.
Según pudo averiguar Letra P, para el caso de Entre Ríos la medida en estudio estaría exclusivamente destinada a docentes al frente del aula, “donde se produce el hecho educativo”. En el gobierno hablan de un sistema “novedoso” y “estricto” a la hora de acceder al plus económico. Se piensa en un pago mensual y probablemente no tenga su réplica trimestral como en la provincia vecina.
Sin datos precisos por la movilidad propia de la tarea educativa, se calcula que el universo docente entrerriano asciende a 40 mil trabajadores. En el comienzo de la gestión de Frigerio, el porcentaje de suplencias se ubicaba en un 26% y en la administración esperan que los datos de marzo sean más alentadores tras las medidas que tomó el Consejo General de Educación (CGE), como la reducción de adscripciones y ajustes en licencias especiales mal otorgadas, por ejemplo.
“Es una decisión del gobernador, que entiende que es muy importante premiar y reconocer el trabajo del docente que está al frente del aula. Ahora tenemos que discutir algunos detalles con el sindicato, pero esto no es en el marco de la paritaria", aclaró Troncoso. Este último punto fue el que despertó las críticas de AGMER, que cuestionó el anuncio de la medida de manera inconsulta y a través de la prensa.
Horas después de que el gobierno de Frigerio mostrara sus intenciones, AGMER aseguró que “de ningún modo está discutiendo con la patronal ningún tipo de presentismo sobre el salario de los trabajadores de la educación”. En un comunicado de prensa, recordó que históricamente el gremio se opuso “a este tipo de códigos de corte extorsivo en nuestro régimen laboral”.
“Estas declaraciones mediáticas generan alarma y confusión ante los compañeros docentes. Como mínimo configuran un acto irresponsable y equivocado, que además obstaculiza cualquier tipo de negociación paritaria salarial, proceso en el cual nos encontramos inmersos gobierno y sindicato”, apuntaron.
En la última reunión paritaria de este mes, el gremio aceptó la propuesta del gobierno que cerró en un 8% a percibir con los haberes de abril.
“La provincia debería estar exigiendo a la Nación la continuidad de los fondos, programas educativos y subsidios que recortaron como parte del ajuste sobre nuestro pueblo. Y si dispone de más fondos que los que está planteando en las discusiones paritarias, debe volcarlos al básico de los trabajadores que está muy por debajo de la línea de pobreza.
En el caso de Santa Fe, la medida tampoco formó parte de las negociaciones paritarias y se estableció por resolución de la administración provincial que lidera Pullaro, lo que motivó que el lunes pasado Amsafe hiciera un reclamo legal ante el Ministerio de Trabajo.