El decreto con el que Javier Milei endureció la política migratoria no sirvió para frenar la fuga de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos a través de la Argentina.
Por DNU, el año pasado el Gobierno endureció los requisitos para ingresar al país a personas con causas penales. Irregularidades en el operativo.
El decreto con el que Javier Milei endureció la política migratoria no sirvió para frenar la fuga de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos a través de la Argentina.
El año pasado, el Presidente modificó por DNU la ley de Migraciones para impedir el ingreso de extranjeros con causas penales, como las que tiene abiertas el excandidato presidencial de Brasil. Pese a esas restricciones, el Gobierno posibilitó su paso por el país, aunque sobre Bolsonaro no pesa un pedido de captura internacional por parte de Interpol.
Esta fue una de las irregularidades en las que habría incurrido la administración libertaria, según los expertos consultados por Letra P, para cumplir con el operativo de extracción del dirigente brasileño pedido por Estados Unidos. La relajación de controles para permitir el cruce fronterizo de Bolsonaro, que Brasil también deberá explicar por su lado, refleja que la Casa Rosada no solo prestó un servicio de monitoreo del plan, sino que tuvo una participación proactiva.
El DNU 366/25 establece impedimentos para el ingreso y la permanencia de extranjeros en el territorio nacional cuando omitieran “informar sobre la existencia de antecedentes penales, condenas o requerimientos judiciales”. “Fui intimado (por la policía) a entregar mis pasaportes y tengo prohibido dejar el país”, dijo el propio Bolsonaro en un video difundido antes de su huida de Brasil.
Fue gracias a esta modificación migratoria que Milei se jactó, en una entrevista, de que su gobierno había deportado a 30 mil “terroristas” (10 mil el año pasado y 20 mil en lo que va de 2026). El vocero Adrián Ravier tuvo que explicar más tarde que el Presidente había mezclado conceptos y que la cifra respondía, en gran medida, a rechazos migratorios en las fronteras.
Es una bandera de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que ha encabezado operativos en Aeroparque para impedir el ingreso de extranjeros. “El que tiene antecedentes, documentación irregular o no cumple con los requisitos, no entra”, sentenció en un video difundido en Twitter el mes pasado. A diferencia de Milei, la funcionaria evita tergiversar del todo las estadísticas y pone en una misma bolsa a extranjeros "expulsados, rechazados o inadmitidos", sin identificar qué porcentaje del total corresponde a cada categoría.
Según los últimos datos oficiales, difundidos en un informe de Jefatura de Gabinete al Congreso, a mediados de 2025 se habían materializado apenas 404 expulsiones de extranjeros.
Letra P consultó en el Ministerio de Seguridad si Bolsonaro había informado, al realizar el trámite migratorio, que la Justicia de Brasil le había retenido el pasaporte, un indicativo de la prohibición de salir del país, pero al cierre de esta nota no obtuvo respuesta. El DNU 366 impide el ingreso de aquellas personas que no hayan informado "requerimientos judiciales" que pesen sobre ellas. Bolsonaro tiene causas penales abiertas por blanqueo de capitales, corrupción y difamación.
Hay otra paradoja. En junio, cuando la Oficina del Presidente -administrada por el equipo de Santiago Caputo, quien, según reportes, estuvo en Puerto Iguazú monitoreando el operativo- anunció otra modificación a la ley migratoria por DNU para impedir el acceso a todo extranjero que difunda "mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino", este medio contó que la tensión diplomática entre la Argentina y Brasil estaba demorando algunas expulsiones de brasileños por la falta de coordinación entre juzgados de ambos países.
El postulante derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva el domingo no parece haber realizado los trámites migratorios como cualquier ciudadano extranjero. El Gobierno, por el momento, evitó dar demasiadas precisiones, pero todo apunta a que Bolsonaro habría recibido un trato preferencial como diplomático, lo cual lo exime, entre otras cosas, de pasar sus valijas por el escáner.
Pero, como el Tribunal de Justicia de su país le retuvo el pasaporte, Bolsonaro ingresó a la Argentina con su documentación italiana, ya que tiene doble ciudadanía, por lo que, según explicó un especialista en la materia, no le correspondería el trato preferencial. Incluso más: como "turista europeo", considerando que no realizó ninguna escala de vuelo comercial y no es un pasajero en tránsito, debería haber presentado un seguro médico (requisito obligatorio), un boleto de salida del país o de retorno (terrestre o aéreo) y un comprobante de hospedaje, con la reserva de hotel confirmada o datos del lugar donde se hospedaría.
Cuando las versiones arreciaban, el martes a las 11 el Gobierno informó: "La Dirección Nacional de Migraciones no registra ingreso alguno de Flavio Bolsonaro a la República Argentina". Es un salvoconducto para no mentir, ya que, formalmente, como terminó reportando la administración mileísta a la madrugada, el excandidato y su familia ingresaron por el paso fronterizo del puente internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones, a las 22.50.
Pero Migraciones había informado otra cosa por la mañana, al afirmar que se había registrado el Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, de la empresa argentina Baires Fly, que, según se rumoreaba entonces, trasladaría al excandidato a Estados Unidos. "Se constató que la documentación de la empresa se encuentra en regla y no se presentó ningún plan de vuelo que incluya a la familia Bolsonaro", añadió el comunicado.
A esa hora, como si fuera un capítulo de Homeland, un sector del Gobierno ya sabía que esa aeronave estaba esperando a Bolsonaro. En la Casa Rosada reinterpretaron el parte de prensa y señalaron que la firma, a esa hora, no había presentado ningún plan de vuelo, independientemente de que incluyera a los Bolsonaro. Según fuentes del sector, con el avión estacionado, Baires Fly podría haber enviado la documentación recién una hora y media antes del vuelo.
Pero la inconsistencia señalada por expertos a este medio no es esa: según el manifiesto publicado por La Nación, el destino del plan de vuelo fue anotado como SEGU (código del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, de Guayaquil, Ecuador), cuando en realidad debería haber consignado Miami, donde culminó el viaje.
"Deben haber puesto eso para despistar, pero no es lo correcto, ya que en Guayaquil sólo pararon a cargar combustible", aportó una fuente del mercado aeronáutico.