Cobos y Sarapura firmaron el pedido de debate para el 2 de julio. UP usará el recinto para bancar a CFK. Juicio por jurado, en agenda.
Martín Lousteau, senador y presidente de la UCR.
El senador Martín Lousteau dividió al bloque UCR de Diputados. La bancada que se referencia en el presidente del partido, Democracia Para Siempre, que también integra Facundo Manes, pidió una sesión especial para el 2 de julio para tratar proyectos sobre presupuesto universitario, emergencia pediátrica, límites a los DNU y juicio por jurados.
La solicitud tuvo la firma de todo el bloque DPS y de dos miembros del radicalismo oficial: el mendocino Julio Cobos y la jujeña Natalia Sarapura. El pedido se oficializó en la tarde de este martes, justo cuando la Justicia daba a conocer la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner. Fue por eso que no se adhirió Unión por la Patria, cuyas autoridades estaban abocados a la marcha de este miércoles.
Con todo, la convocatoria tampoco tiene firmantes de la Coalición Cívica y de Encuentro Federal, según explicaron sus referentes, porque DPS intentó marcar la cancha en la UCR y nunca los convocó. "Si quieren ampliar temas, estamos dispuestos a conversar", señalaron los radicales críticos ante consultas de LetraP.
El pedido de sesión, en verdad, suma las 12 firmas de DPS, la de Mario Barletta, otro exmiembro del bloque UCR que armó un monobloque; y las de Cobos y Sarapura, quienes en los papeles integran la bancada de UCR, presidida por Rodrigo De Loredo, que con 14 miembros venía siendo aliado del Gobierno.
Los radicales oficialistas declarados, tienen un bloque de seis denominado Liga del Interior.
Cobos, Sarapura y Barletta ayudaron con el cuórum en la última sesión (para tratar proyectos sobre jubilaciones y discapacidad) y están decididos a jugar fuerte contra el Gobierno, en contraposición a la postura de los gobernadores radicales. Otra figura del bloque del partido centenario que amaga a dar el salto es el tucumano Roberto Sánchez, quien también votó con la oposición en la última sesión.
Los proyectos sobre presupuesto universitario y emergencia en pediatría -que incluye garantías para que funcione el Hospital Garrahan- no podrán ser aprobados: la apuesta es emplazar a la comisión de Presupuesto para que tenga dictamen definitivo. Sólo así la convocará su presidente, el libertario José Luis Espert.
En el caso de los límites a los DNU, DPS sí buscará una mayoría que envíe al Senado un proyecto despachado el año pasado, aunque aun resta definir un texto común entre los dictámenes. Todos buscan restringir la posibilidad que tiene Milei de gobernar por decreto.
El texto mayoritario tiene respaldo de UP, Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) y DPS. Establece que los decretos perderán vigencia "en un plazo de 90 días corridos contados desde su publicación". Además, señala que en caso de que los DNU sean firmados fuera del período ordinario de sesiones, las cámaras podrán tratarlo igual sin esperar un llamado a extraordinarias del Poder Ejecutivo.
En este tema, la Coalición Cívica y la UCR están juntos: firmaron un despacho para no poner plazo de caducidad para los DNU, por considerar que no es una restricción que existe en la Constitución, como sí ocurre en otros países.
El otro tema que puede ser aprobado es la reglamentación del juicio por jurados, promovido por Javier Milei, pero que curiosamente no fue empujado por el Gobierno. Cuenta con apoyo de todas las bancadas y tiene un dato de color: obliga a los jueces a usar toga y martillo.
En cuanto a las universidades, si bien la convocatoria incluye todos los proyectos presentados sobre el tema, DPS impulsará en las comisiones el que piden los rectores, agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El nexo del bloque con las casas de altos estudios es la diputada Danya Tavela.
La iniciativa del CIN contempla reapertura de paritarias (con no más de tres meses de demora), indexación salarial, con retroactividad en 2023; y suba de los gastos de funcionamiento. Se trata de un proyecto similar al sancionado y vetado hace un año, en esa ocasión, con respaldo de la mayoría radical, que se partió luego del debate. El 2 de julio habrá una nueva fragmentación del partido centenario.
La emergencia pediátrica fue dictaminada en la comisión de acción social y salud, por lo que restaría Presupuesto y es necesario otro emplazamiento. Se declara por dos años, con un fondo de contingencia que debería crear el Gobierno para garantizar el servicio en todas las provincias.
Pablo Yedlin (UP) intentó votar el emplazamiento de la emergencia pediátrica en la última sesión, pero se quedó sin cuórum. En la oposición dicen que eso ocurrió porque era madrugada y había ausencias que se pueden evitar. El desafío de la oposición, claro está, es reunir 129 voluntades para abrir la sesión y es ahí cuando los radicales pueden compensar las bancas vacías que dejan los gobernadores.
De no hacerlo, sus correligionarios les harán pagar el precio del fracaso, en lo que puede ser la última sesión antes del inicio del calendario electoral. Por pedido de Cobos, el temario incluye emplazamiento para tratar un proyecto que modifica el huso horario, ventanilla única para pymes y otros beneficios fiscales. Además, se emplazará a comisiones para debatir el plan de salud mental.