El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, fue severamente cuestionado este jueves por el ente que reúne en todo el país a las autoridades de los organismos de control gubernamental por su intento de enjuiciar a quienes integran el Tribunal de Cuentas de la provincia patagónica, hecho que calificó de "gravedad institucional" por "utilizar la institución de juicio político como un elemento de presión para condicionar y disciplinar".
El Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos Públicos de Control Externo de la República Argentina rechazó "cualquier intento de avasallamiento a la independencia y/o interferencia al ejercicio de las facultades y obligaciones asignadas por la Constitución provincial y ley Orgánica del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz en el control de la aplicación y ejecución de los fondos públicos".
Vidal, a través de su vicegobernador, Fabián Leguizamón, adelantó el mes pasado que el Ejecutivo provincial denunciaría penalmente al presidente del Tribunal de Cuentas provincial, Carlos Ramos, por "incumplimiento y omisión" de las "numerosas irregularidades" denunciadas en el distrito. Ramos asumió en el tribunal en septiembre de 2011 durante la gobernación de Daniel Peralta.
Apunten contra Claudio Vidal
En un documento que lleva las firmas del presidente del secretariado, Sergio Oste, y de las vicepresidentas Nora Juncos Millone y Fabiola Bianco, expresó su oposición al intento de destitución del presidente y vocales del Tribunal de Cuentas santacruceño, así como "los procedimientos llevados a cabo de manera irregular, irrazonable e intempestiva sustentados en fundamentos que denotan una manifiesta ilegitimidad y un ataque infundado a su institucionalidad".
Además, el ente dispuso dar impulso al "seguimiento de la situación institucional" del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz "de manera de preservar el control de los dineros públicos de cualquier situación política coyuntural".
El texto recuerda que la Constitución de Santa Cruz dispone que los únicos funcionarios enjuiciables a través de juicio político son "el gobernador, el vicegobernador, los ministros y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia" y que la ley orgánica del Tribunal de Cuentas establece que "sus miembros gozarán de las mismas prerrogativas e inmunidades que los jueces de la provincia y son enjuiciables ante el mismo jurado, por igual procedimiento y en los mismos casos que ellos", en una cita del artículo 6 de la Ley 500.
El ente que reúne en todo el país a las autoridades de los organismos de control gubernamental advirtió que la denuncia de Vidal que promueve el juicio político no respeta la ley y la Constitución, "violentando las garantías individuales para la legítima defensa y socavando las instituciones".
"Hostigamiento público y persecución" en Santa Cruz
"Estamos frente a un caso concreto de gravedad institucional. El inadecuado procedimiento utilizado contra los miembros del organismo técnico, encargado de controlar las cuentas públicas, no deja de ser llamativo atento que no puede interpretarse de otra manera, utilizar la institución de juicio político como un elemento de presión y como método para condicionar y disciplinar la actuación de los miembros del Tribunal en oportunidad del control que les compete, colocando a su vez al Tribunal todo en un estado de vulnerabilidad inaceptable en un sistema republicano en el que la independencia de poderes debe respetarse a ultranza", definieron.
El Secretariado subrayó el "constante y sistemático accionar, arropado bajo diversas formas" y el "hostigamiento público y persecución" en contra de los miembros del Tribunal de Cuentas, en lo que calificó como un "ataque lesivo a la independencia, autonomía y facultades de estos organismos de control" que constituye "un peligroso avance contra el mismo orden democrático".
