El cuestionado Ministerio de Trabajo de Córdoba frenó este lunes una medida de fuerza que iba a paralizar la actividad en las escuelas provinciales entre el miércoles y el viernes de esta semana, al dictar la conciliación obligatoria por 15 días, agudizando un conflicto paritario que preocupa a la administración de Juan Schiaretti en el comienzo de la campaña electoral que definirá a su sucesor en la silla más importante del poder político mediterráneo.
Más allá de los porcentajes de aumento puestos en debate, la situación expresa una realidad que ya se había manifestado a finales del año pasado con el reclamo llevado a cabo por el gremio de la Salud como ejemplo más acabado y que atenta contra uno de los elementos centrales del relato schiarettista: la previsibilidad. La interna gremial mete la cola y el Gobierno se queda sin interlocución para avanzar en los acuerdos necesarios para desactivar los conflictos.
Como ya contó Letra P, en los equipos de Martín Llaryora, el candidato oficialista a la gobernación, leen las encuestas y advierten que el conflicto docente, por ahora, no hace mella en la intención de voto del intendente que quiere ser gobernador. Sin embargo, nadie se anima a vaticinar qué es lo que puede suceder si la escalada no se detiene luego de las próximas dos semanas. Por lo que, tanto en términos institucionales como en lo que tiene que ver concretamente con la campaña, el peronismo espera poder desactivar el combo explosivo que ya puso al gremio docente en la calle y a la oposición pidiendo la renuncia del ministro de Educación, Walter Grahovac.
El camino de los acuerdos
En la conducción de la Unión de Educadores de la Provincia (UEPC) había cierto optimismo con respecto a la última reunión con las autoridades provinciales. De hecho, había quienes imaginaban que el acuerdo estaba al caer y que la tercera, finalmente, sería oferta la definitiva. El propio Juan Monserrat, secretario general del sindicato docente, había advertido sobre una propuesta “muy rica” que contemplaba “muchos de los temas que se vinieron discutiendo”. “Debería trascender el camino de los acuerdos”, había dicho la semana pasada el titular del gremio, que también integra la Junta Ejecutiva de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), y políticamente se ubica en la corriente del peronismo que se identifica con el Frente de Todos y tiene como referente provincial más destacado a Carlos Caserio.
La propuesta contemplaba 162.185 pesos de piso salarial en marzo-abril; 174.500 pesos en mayo; $186.875 en junio; y $187.845 en junio. Según la provincia, el aumento acumulado en el tramo enero-julio alcanzaba el 56,2%. Los sectores que encabezan el descontento desconocen ese porcentaje y advierten sobre la devolución de los días descontados por paro y una serie de demandas históricas que tienen que ver con la situación de los pasivos, las subas no remunerativas y el escalafón, entre otros ítem.
A pesar del “camino de los acuerdos” propuesto como una constante por parte de la conducción gremial, el reclamo docente ya había representado un dolor de cabeza para el cordobesismo durante el final de la segunda gestión de José Manuel De la Sota, cuando el gremio que por entonces lideraba Carmen Nebreda llevó adelante un profundo plan de lucha que puso en jaque a la administración provincial en la previa a las elecciones que consagraron a Schiaretti como gobernador por primera vez en 2007. El opositor que casi termina sacando un mayor provecho de aquella situación es también uno de los protagonistas del presente, Luis Juez, que todavía acusa al peronismo de haberle “robado” aquella elección que oficialmente terminó con Unión por Córdoba venciendo al entonces Frente Cívico y Social por 1,17% de los votos.
Años atrás, maestros y maestras también habían sido uno de los sectores que protagonizó las horas más álgidas en las calles que se le pararon a la última administración radical que gobernó la provincia, motorizando algunas de las movilizaciones más grandes de la historia contemporánea cordobesa en rechazo a la reforma educativa que el entonces gobierno de Juan Bautista Mestre intentó implementar en Córdoba.
El entonces secretario general de la UEPC era Grahovac, el hoy ministro que conduce la cartera desde 2007 y es el funcionario con más años consecutivos en el cargo de toda la administración provincial. Monserrat forma parte de la misma línea interna que le hizo frente al mestrismo y, desde entonces, conduce los destinos del gremio.
Esa ligazón histórica es la que mayores cuestionamientos recibe por parte de la oposición a la Lista Celeste que parece haber perdido la capacidad de contener el descontento de las bases, algo similar a lo que pasó meses atrás con José Pihen, el titular del Sindicato de Empleados Públicos y legislador oficialista, durante el conflicto que puso en pie de guerra a trabajadores y trabajadoras de la Salud.
Ese movimiento que algunos analizan como una “rebelión de las bases” ante las conducciones sindicales tradicionales es el que más preocupa al peronismo mediterráneo. Aunque la UEPC anticipó que acatará la conciliación obligatoria, nadie puede asegurar cuál será el rol que cumplirán los docentes autoconvocados que, con la presencia de sectores que históricamente se enrolaron en la vereda contraria a la conducción gremial, todavía no definieron si mantendrán la actividad durante los 15 días que dura la conciliación o si, por el contrario, desafiarán la decisión del ministerio y movilizarán por las calles de Córdoba el próximo jueves, tal como lo votó la asamblea que rechazó la última oferta del gobierno provincial.
