En 20 días, a más tardar un mes, la mayoría oficialista que domina la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados citará al vocero de la Corte Suprema Silvio Robles, que este martes fue acusado de amenazas y hostigamiento por el exadministrador del máximo tribunal, Héctor Daniel Marchi.
"Tendremos dos o tres reuniones más para investigar la administración de la obra social y luego estudiaremos la cautelar que aumentó la coparticipación a la Ciudad. En ese momento, será citado Robles", anticipó a Letra P una de las autoridades de la comisión que trabaja en la hoja de ruta del juicio político a los cuatro cortesanos. La fuente aclaró que los plazos pueden variar si las audiencias por la obra social se prorrogan.
El proceso de acusación continuará luego con la investigación del fallo que modificó la composición del Consejo de la Magistratura y continuará con los supuestos casos de incompatibilidad del juez Carlos Rosenkrantz, por haber actuado en causas contra exclientes de su estudio de abogado.
Robles será citado como testigo cuando se investigue la cautelar de la Corte porque en el pedido de juicio político del Frente de Todos, presentado en enero, lo señalan como el nexo entre el presidente del Tribunal Horacio Rosatti y el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta. De comprobarse ese vínculo, entienden que el juez santafesino debería haberse excusado de intervenir.
Presentaron como prueba los supuestos chats de Telegram que se filtraron del teléfono del exministro de Seguridad de la Ciudad Marcelo D'Alessandro y permitieron conocer su viaje a la residencia del magnate Joe Lewis en Lago Escondido junto a jueces federales y empresarios de medios.
En otras conversaciones, se infiere una relación cercana entre Robles y D'Alessandro, quien representó a la Ciudad en las audiencias por coparticipación. Por caso, conversan sobre la estrategia que debe realizar la oposición para impedir el nombramiento de tres representantes del Frente de Todos del Senado en el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de seleccionar y sancionar jueces.
En el oficialismo suman que la esposa de Robles, Laura Latorre, tuvo varios cargos en el gobierno de la Ciudad. "Si el director general de su vocalía poseía íntimos vínculos con figuras políticas del PRO, así como también su propia esposa era funcionaria de la alianza política Cambiemos, exigía que Rosatti se excuse", señala el pedido de juicio político a los cuatro jueces de la Corte.
A cada funcionario de la Corte que declaró como testigo en la Comisión de Juicio político, los diputados oficialistas Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau le preguntaron por el rol de Robles. Y de esos testimonios surge que es la persona de mayor confianza de Rosatti, aunque su intervención no siempre es visible.
Tal es así que negaron haberlo visto el extitular de la secretaría 5 Cristian Abritta y Silenio Rómulo Cárdenas, a cargo de la 2. Pero sí lo identificaron sus compañeros en la vocalía de Rosatti como Ana María Valinotti, quien dijo haberlo encontrado en el despacho principal de la Corte mientras informaba el detalle de las causas. También estaba en esas reuniones Natalia Monayer, la otra persona de confianza del presidente del Tribunal.
En su declaración, Valinotti contó además que compartía un grupo de chat con Robles que fue desactivado en diciembre. Pero en la misma audiencia, Roberto Saggese, otro empleado de Rosatti, aseguró que sigue activo. Está pendiente un careo entre ambos, pedido por Moreau.
Monayer, que es licenciada en ciencias políticas, también testificó en la comisión y evadió casi todas las consultas, incluso la de su presunta participación en la empresa Moromedia S.R.L, que según el oficialismo compartía con Robles y serviría para traficar influencias con la Corte. Una de las directoras es su madre, Patricia Duró.
La declaración de Marchi de este martes fue la más contundente contra Robles: ante una consulta de la oficialista Mara Brawer, lo identificó como el responsable de amenazas, operaciones de prensa y hostigamientos que recibe él y sus ex empleados. "Les decía que los iba a mandar a Siberia si hablaban conmigo", detalló el exadministrador de la Corte, removido la semana pasada por una acordada del tribunal. Ricardo Lorenzetti fue el único juez que no la firmó.
Este miércoles, Robles difundió un comunicado de la junta interna de la Unidad de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) en repudio a las "mentiras" de Marchi. "La única verdad es la realidad", titula la gacetilla del gremio referenciado en Julio Piumato y enfrentado a la Sitraju, liderada por la diputada del FdT Vanesa Siley, protagonista de las audiencias de Juicio Político.
Los judiciales acusan a Marchi de haber ajustado los salarios, promover los contratos de locación de servicio en la obra social junto al ex director Aldo Tonón y permitir el deterioro del palacio de justicia, sin cubrir las vacantes de los empleados encargados de mantenerlo. No mencionan a Robles.