El operativo se realizó en la sede de Cecaitra, una asociación civil que nuclea a pequeñas y medianas empresas del sector, por presunta "facturación irregular".
Jorge D’Onofrio, exministro de Transporte bonarense
La Justicia de la provincia de Buenos Aires allanó las oficinas de una empresa de fotomultas que opera en diversos distritos del conurbano bonaerense, en el marco de una investigación por presunta corrupción que involucra a Jorge D'Onofrio, exministro de Transporte bonarense y exfuncionario del municipio de Tigre.
La firma Cecaitra provee equipos a distintos municipios y está bajo la lupa por supuestos vínculos con contratos irregulares en Tigre, donde fue secretario de Gobierno previo a su desempeño en el gabinete de Axel Kicillof, lugar que dejó en diciembre de 2024 aduciendo problemas de salud.
Según el fiscal Alvaro Garganta, la empresa "habría facturado de modo irregular y sin la correspondiente autorización legal el importe producido por las infracciones de tránsito constatadas por ciento cincuenta y cinco (155) cinemómetros de su propiedad".
Además del allanamiento en la sede de esta asociación, la policía realizó un operativo en el domicilio del presidente de esa Cámara, Bernardino García, quien en 2020 fue investigado por la Procelac por "graves irregularidades encontradas".
El procedimiento fue ordenado por la Fiscalía de Delitos Complejos de San Isidro, que investiga presuntas irregularidades en la contratación de una empresa proveedora de cámaras de seguridad vial. Según fuentes judiciales, la firma Cecaitra habría sido beneficiada con adjudicaciones directas en Tigre durante la gestión municipal de Sergio Massa, cuando D’Onofrio se desempeñaba como secretario de Gobierno.
Actualmente, la cámara tiene contratos vigentes con al menos seis municipios del conurbano, donde opera sistemas de fotomultas automáticas. Entre ellos se encuentran distritos administrados por intendentes del Frente Renovador y de Juntos por el Cambio, lo que generó preocupación por el alcance de la red contractual.
La hipótesis que maneja la fiscalía apunta a la existencia de un esquema de licitaciones amañadas o directamente evitadas para beneficiar a la firma ahora investigada. En ese sentido, se analiza el rol que habrían tenido exfuncionarios de Tigre, algunos de los cuales aún trabajan en cargos públicos provinciales.
El expediente, que inicialmente fue motorizado por una denuncia anónima, tomó impulso tras una serie de auditorías internas que revelaron inconsistencias en los procedimientos administrativos. La fiscalía ya tomó declaración a varios exfuncionarios y no se descartan nuevas medidas en los próximos días.
Desde el entorno del exministro D'Onofrio rechazaron cualquier vínculo directo con la empresa, aunque reconocieron que durante su gestión se autorizó la instalación de cámaras de fotomultas “como parte de un plan integral de seguridad vial”. También negaron que haya existido favoritismo o direccionamiento en las contrataciones.
Fuentes del Ministerio de Transporte bonaerense aseguraron que el funcionario "no tiene relación alguna con las empresas investigadas" y que "la cartera no participa en la selección de proveedores a nivel municipal". Pese a ello, desde la Gobernación bonaerense siguen con atención el curso de la causa.
