El PRO presentó un proyecto para convocar a elecciones constituyentes y ahora define el Concejo. El contrato social y el rol del legislativo.
Bariloche inició el proceso de revisión de su Carta Orgánica. El proyecto que convoca a las elecciones de convencionales constituyentes para el 20 de septiembre y la creación de una Comisión Especial de Participación Ciudadana son el puntapié inicial para un debate que definirá el contrato social de la ciudad más grande de Río Negro para los próximos 20 años.
El proceso comenzó accidentado, por partida doble. Un día después de vetar la ordenanza que creaba la comisión especial, propuesta por la oposición, el intendente Walter Cortés dio marcha atrás, anuló el veto y promulgó la normativa. El funcionamiento de este espacio era una condición determinante para conseguir los votos necesarios para realizar las elecciones.
Por otro lado, la autora del proyecto de convocatoria fue la concejal Samanta Echenique, del PRO. No cayó bien entre ediles opositores que la iniciativa naciera de un bloque unipersonal y no del propio intendente o la bancada oficialista. Atribuyen la movida a una jugada coordinada entre el partido amarillo y el gobierno, y ahora el legislativo deberá aprobar la moción con una mayoría especial de ocho votos sobre once para que la convocatoria quede firme. Los números estarían, con lo justo.
La Carta Orgánica Municipal vigente, promulgada en enero de 2007, obliga al Concejo Deliberante a convocar a una Convención de revisión total cada 20 años. El texto no es preciso y la política complica la aritmética.
La fecha de la elección concentra buena parte del debate de las últimas semanas. Hay quienes leen enero como el límite para que la nueva Carta Orgánica esté sancionada, otros sostienen que recién entonces pueden convocarse los comicios. La diferencia no es menor porque define si el proceso se apura o se estira, y detrás de ese cálculo asoman internas partidarias sin resolver, cálculos y proyecciones electorales.
De todos modos, una amplia mayoría en el Concejo acuerda en la necesidad de arrancar durante 2026. La lógica es simple y busca no mezclar la discusión sobre el futuro institucional de Bariloche con las elecciones provinciales, que podrían ser en marzo, las municipales de septiembre o las nacionales de octubre. La decisión, entonces, es política.
El proyecto de Echenique llama a la ciudadanía a elegir el 20 de septiembre a 15 convencionales titulares y 15 suplentes para actualizar la ley de leyes local, y establece que podrán participar de la asignación de cargos las agrupaciones políticas que obtengan un mínimo del 3% de los votos válidos emitidos.
La Convención, señala, iniciará su labor dos días hábiles después de la fecha de proclamación de los convencionales, para quienes establece una remuneración idéntica a la de los concejales, con un monto extra para contratar colaboradores. Además, establece un plazo de 60 días para el funcionamiento de la Convención, un lapso sensiblemente menor al de 90 días que tuvo la experiencia anterior.
Más allá de los formalismos, en la oposición molestó que la convocatoria no surgiera de un consenso político ni llegara con la firma del jefe comunal, como se esperaba. A este tipo de royectos "los suele presentar el oficialismo, es raro que se corra. Hay una interna entre el PUL y JSRN y tiran esto para ver cómo avanza", evaluó Julieta Wallace, edil peronista de Incluyendo Bariloche.
Otro hecho curioso tuvo lugar cuando en sólo 24 horas, Cortés vetó y promulgó la misma ordenanza. El episodio habla de un Ejecutivo que todavía está definiendo cómo posicionarse frente a un proceso que él mismo necesita conducir. La norma en cuestión crea una Comisión Especial de Participación Ciudadana destinada a preparar el terreno para la reforma. Funcionará durante tres meses, con al menos cuatro reuniones mensuales, e integrará cámaras empresarias, colegios profesionales, clubes, juntas vecinales y organizaciones civiles. Al final del proceso, elaborará un informe no vinculante con propuestas para los futuros convencionales.
El antecedente pesa. En la reforma de 2007, un proceso similar convocó a la ciudadanía barilochense y recibió más de 500 proyectos. La pregunta implícita en este nuevo intento es si la ciudad puede repetir ese nivel de participación.
La ordenanza fue aprobada a mediados de mayo con diez votos sobre once, con el bloque oficialista en pleno. Pero su origen está en la oposición. Fue impulsada por los concejales Leandro Costa Brutten y Julieta Wallace (Incluyendo Bariloche), Roxana Ferreyra (Nos Une) y Facundo Villalba (Primero Río Negro), que desde febrero condicionaron su apoyo a la convocatoria electoral al funcionamiento de ese espacio.
Pese a ello, Costa Brutten ya avisó que desde su perspectiva la Convención no puede convocarse antes de enero, cuando se cumplan 20 años de la promulgación de la COM actual. Si Ferreyra, unas de las ediles que mostró su enojó porque fue el PRO el bloque encargado de presentar el proyecto, finalmente retira su acompañamiento, los números para votar el 20 de septiembre penden de un hilo.
Detrás de la discusión jurídica empieza a asomar una pelea más profunda: quién tendrá la capacidad de escribir las reglas de la Bariloche que viene. Cortés quiere llegar a esa discusión con iniciativa política. La oposición, con la intención de impedir que el oficialismo monopolice el rediseño institucional de la ciudad.
