Ante el inminente anuncio de la implementación del Protocolo Antipiquetes de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Javier Milei, la Asociación Trabajadores del Estado ( ATE) anticipó que no aceptará ningún condicionamiento al ejercicio constitucional de movilización y protesta.
"Los conflictos sindicales y sociales no los tiene que resolver ni la Policía, ni la Justicia. Los debe resolver quienes gobiernan, ya que para eso son elegidos”, expresó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
Además, consideró que estas medidas "están orientada a atacar las consecuencias y no las causas de las protestas." "Si no quieren conflictos, que paren con el ajuste y aumenten los sueldos", agregó.
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El sindicato precisó que el ejercicio del derecho constitucional de huelga está amparado por tratados internacionales de Derechos Humanos de los cuales Argentina es parte y por los artículos 14, 14 bis y el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional. “Se trata de una atribución exclusivamente legislativa, razón por la cual resulta ilegal e inconstitucional su impedimento”, expresó.
"La única limitación que existe es temporal y la establece el Estado a través de la autoridad administrativa de la secretaría de Trabajo para que las partes lleguen a un acuerdo mediante la conciliación obligatoria", remarcó la autoridad Aguiar y aclaró que "no existe norma que defina qué es una protesta".
"Patricia Bullrich viene a decir cómo hay que hacer las cosas, pero para eso antes tiene que haber un principio de legalidad. Una ley que establezca una norma. En el caso del derecho de huelga no existe una norma que establezca cómo es", concluyó.