El programa pasó de 128 medicamentos a seis, solo cardiovasculares. Quitó tratamientos crónicos y anticoncepción. Niños, embarazadas y adultos mayores, ¡afuera!
Desde el 15 de octubre, el listado de medicamentos del programa Remediar quedó reducido a seis principios activos destinados exclusivamente a enfermedades cardiovasculares. La medida de Javier Milei deja afuera a más de 200 tratamientos de uso habitual y traslada una parte mayor del costo a quienes se atienden en el sistema público de salud y a los gobiernos provinciales.
El programa Remediar y la cobertura de medicamentos del PAMI son los principales instrumentos públicos de acceso gratuito a medicamentos sobre los que avanzó el Gobierno, motosierra en mano.
El Remediar fue creado por el ministro Ginés González García en 2002, una respuesta post crisis 2001 destinada a millones de personas sin obra social, para que pudieran retirar de hospitales y Centros de Atención Primaria de la salud los medicamentos prescriptos por los profesionales. Hasta 2023, el programa daba respuesta al 80% de las consultas del primer nivel de atención y garantizaba cobertura de medicamentos a 19 millones de personas que dependen exclusivamente del sistema público de salud. Es decir, más del 44% de la población.
En ambos casos, el ajuste no fue una decisión única, sino un proceso por etapas que culminó en octubre de 2026 con la reducción del listado nacional de medicamentos esenciales a apenas seis principios activos vinculados con la salud cardiovascular.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, sobre el ajuste en medicamentos a octubre de este año, precisa que entre los remedios que quedaron afuera de los botiquines del Remediar están la metformina, utilizada para tratar la diabetes; la levotiroxina, indicada para el hipotiroidismo, y el salbutamol, habitual en tratamientos para el asma y la EPOC. También desaparecieron antibióticos como la amoxicilina y la cefalexina, antimicóticos, antihistamínicos, suplementos de hierro y ácido fólico, y distintos anticonceptivos.
La reducción no ocurrió de un día para otro. En 2024, los botiquines distribuían alrededor de 75 productos, de los 128 iniciales. Durante el primer semestre de 2026 la canasta bajó a unos 30 y, desde julio, quedó en 22 medicamentos. La resolución publicada el 15 de octubre terminó de achicar el listado nacional: de los 128 medicamentos esenciales anteriores quedaron apenas seis, todos para atender problemas cardiovasculares.
Los números muestran el alcance del retroceso. Los tratamientos dispensados pasaron de 37,1 millones en 2022 a 14,1 millones en 2025, una caída del 62%. También se redujo la cantidad de centros abastecidos: de unos 8.100 establecimientos a 4.131 en la última entrega de 2025. La primera distribución de 2026 llegó a 4.202.
El presupuesto del programa para este año es de $36.054 millones, un 72% menos en términos reales que lo ejecutado en 2023. La consecuencia es concreta para quienes dependen de esos insumos: deberán comprar por su cuenta medicamentos que antes recibían en forma gratuita o interrumpir tratamientos si no pueden afrontar el gasto.
El impacto alcanza a distintos grupos. Niños y niñas pierden el acceso a antibióticos y presentaciones pediátricas; las embarazadas, a suplementos de hierro y ácido fólico; y las personas con diabetes, hipotiroidismo, asma o EPOC, a medicamentos necesarios para sostener sus tratamientos. También quedan afuera los anticonceptivos farmacológicos que se entregaban en los centros de salud.
El PAMI cubre a más de 5,3 millones de personas, en su gran mayoría mayores de 60 años, lo que representa a más del 60% de la población mayor del país. Su cobertura de medicamentos también fue recortada en etapas a partir de 2024.
En el informe “Medicamentos más consumidos por las personas mayores en Argentina”, de mayo de 2025, CEPA advirtió que el listado de medicamentos cubiertos por PAMI pasó de casi 3.000 a unos 2.000. Actualizadas a octubre de 2026, las cifras muestran que, desde noviembre de 2023, los precios de venta al público de los medicamentos más consumidos por las personas mayores aumentaron alrededor de 404%, mientras que los precios con cobertura PAMI, es decir, lo que efectivamente paga la persona afiliada, subieron cerca de 638%.
En el mismo período, la inflación general fue de alrededor del 351% y la jubilación mínima con bono ($505.749 en octubre de 2026) aumentó cerca del 306%: más de 330 puntos porcentuales por debajo de lo que pagan las personas jubiladas por sus remedios.
El Gobierno sostiene que la atención primaria es responsabilidad de las provincias y que el listado de medicamentos funciona como una orientación. En los hechos, la reducción de las entregas nacionales obliga a los distritos a decidir si compran los productos que dejaron de recibir o si dejan a sus habitantes sin esa cobertura. La capacidad para responder es muy desigual según los recursos disponibles en cada jurisdicción.
El recorte de Remediar se inscribe en una poda más amplia sobre el sistema sanitario. En mayo, la decisión administrativa 20/2026, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni -eyectado por un incremento patrimonial incompatible con los ingresos de la función pública-, oficializó una reducción de más de $63.000 millones en el presupuesto del Ministerio de Salud. Entre las partidas afectadas estuvieron justamente las destinadas al acceso a medicamentos e insumos, los tratamientos oncológicos y de alto costo, la salud sexual y reproductiva y la respuesta al VIH, las hepatitis y la tuberculosis. Problemas "de privados", como profesa el jefe de Estado.
Esa decisión profundizó los reclamos de organizaciones y trabajadores del sector, que en mayo participaron de una Marcha Federal en defensa de la salud pública.
La motosierra también pasó por los organismos descentralizados. El Instituto Malbrán, orgullo científico nacional, sufrió una quita de $1.162 millones que paraliza la producción de biológicos y el control de enfermedades. El recorte también pasó por el INCUCAI (casi $1.000 millones menos), la ANMAT ($344 millones recortados en tareas de fiscalización), la Superintendencia de Servicios de Salud ($1.743 millones) y la Administración Nacional de Establecimientos de Salud ($3.196 millones).
