En su obra The Collapse of Complex Societies (1988), el antropólogo Joseph Tainter recurre a la ley económica de “rendimientos marginales decrecientes” para explicar por qué colapsaron las grandes civilizaciones. La humanidad, dice Tainter, se organiza en sociedades para resolver sus problemas. Para ello, crea instituciones, burocracias, ejércitos y sistemas de creencias cada vez más complejos.
Tainter no entiende el “colapso” como la destrucción total del orden establecido o el apocalipsis, sino como el regreso a una instancia de menor complejidad y escala, donde las instituciones centrales desaparecen, la economía se simplifica y la sociedad, en busca de un nuevo estado de equilibrio sostenible, se reorganiza en unidades más pequeñas.
Salvando las diferencias, el costo de financiar el sistema actual, tanto en Estados Unidos como en Europa o en América Latina, supera los beneficios que genera. Cada nueva capa de complejidad rinde menos que la anterior.
Hace años que el sistema dejó de cumplir sus principales promesas: que el esfuerzo vale la pena, que los hijos van a vivir mejor que los padres y que el Estado va a garantizar las condiciones necesarias para que todos tengan la misma oportunidad de acceder a una vida digna.
La generación Z
Para la generación anterior, el saldo entre lo que el sistema demandaba (tiempo, esfuerzo) y lo que entregaba (vivienda, trabajo, futuro) era positivo. Pero las cuentas no cierran en la actualidad. La generación Z hereda un sistema costoso y complejo que se sostiene con bajos salarios, reducción del gasto público y endeudamiento. Se puede trabajar toda la vida y ser pobre toda la vida.
Para muchos jóvenes que crecieron con inflación, nunca conocieron la estabilidad, trabajan en la informalidad y no pueden ni soñar con comprar una vivienda, el balance entre lo que el sistema pide y lo que el sistema da es negativo.
La narrativa perdió credibilidad. La confianza, pilar del funcionamiento del modelo actual, se quebró. Frente a este panorama, las posiciones más radicalizadas proponen rescindir el contrato y las más moderadas, negociar uno nuevo.
Si aplicamos la teoría de Tainter al caso argentino, alguien podría sugerir que el presidente Javier Milei entendió mejor que nadie que era necesario simplificar el nivel de complejidad del sistema. Como símbolo de su gobierno eligió una motosierra, una herramienta voraz, con dientes de acero templado, diseñada para cortar impiadosamente lo que encuentra en su camino.
La motosierra de Javier Milei
En su primer año de gobierno redujo el gasto público un 22% y en lo que va de su mandato ya lo llevó a niveles similares a los de 2006. Milei paralizó prácticamente la obra pública y recortó el presupuesto de áreas sensibles como educación, salud, discapacidad, jubilaciones, cultura, ciencia y tecnología.
Bajar la inversión en educación o infraestructura puede ser tentador en el corto plazo, pero tiene un costo diferido en el mediano y largo plazo. La educación es la complejidad de mayor rendimiento marginal que tiene una sociedad. Recortar el presupuesto educativo mejora las cuentas del presente a costa de la capacidad futura. Además, la educación encarna la promesa del ascenso social, precisamente la narrativa que está en crisis.
Los sectores como la minería, el gas y los hidrocarburos, que se beneficiaron con generosas políticas de exención impositiva, compensan la balanza comercial energética en el corto plazo, pero no generan suficiente empleo ni desarrollo local y provocan un daño irreparable al medio ambiente. Desarrollar una fuente de energía más barata, como Vaca Muerta, estaría en línea con la teoría de Tainter, si el ahorro se reinvirtiera en complejidad de alto rendimiento, como obras de infraestructura, educación o salud.
La función del Estado
Hay capas de complejidad, como regulaciones que se superponen, burocracia e intermediarios que suman complejidad de bajo rendimiento y deben ser corregidas. Pero eliminar la complejidad simplemente reduciendo las funciones del Estado, coloca a la sociedad en una situación de mayor fragilidad ante una crisis y no resuelve el problema de fondo. Mejorar el funcionamiento del Estado para que pueda cumplir su propósito no es lo mismo que desmantelarlo.
El proyecto simplificador de la derecha global no es un cambio de paradigma, sino la ruptura del pacto que hizo soportable al capitalismo durante el siglo XX. Sin educación y salud pública, sin derechos laborales, sin movilidad social ascendente, sólo quedaría en pie un sistema de explotación que pide esfuerzo y sacrificio, pero ofrece pocos beneficios a cambio.
En ninguno de los países de Occidente donde se vienen desarrollando las protestas juveniles el conflicto es entre capitalismo y una alternativa, sino entre dos versiones del capitalismo. Unos proponen reemplazar al Estado por el mercado, otros proponen una visión más humanista del capitalismo con más y mejor Estado. Ninguna de las dos posiciones aspira a cambiar la matriz.
El capitalismo se adapta a cada crisis. Como escribió Mark Fisher, retomando a Fredric Jameson, “es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo”. E imaginando el apocalipsis andamos..
El problema de fondo está en el corazón de un sistema que requiere crecimiento económico permanente y nuevas capas de complejidad para sostenerse. Podríamos prescindir de la mayoría de las cosas que consumimos sin que ello afecte nuestra capacidad de ser felices. Pero eso tendría consecuencias severas en el sistema que nadie quiere afrontar. Si redujéramos el consumo drásticamente (como hicimos forzadamente durante la pandemia), cientos de miles de empresas dejarían de existir, millones de personas perderían su fuente de ingresos y el Estado dejaría de recaudar impuestos y de brindar servicios básicos.
En los países de Europa, reducir el consumo puede traducirse en viajar menos o postergar algunos consumos superfluos. Pero en Argentina, donde una porción importante de la población tiene dificultades para cubrir sus necesidades básicas, pedir más austeridad sería descabellado. Por eso, algunos impulsores de la idea del “decrecimiento” económico proponen que sean los países ricos los que hagan “el sacrificio”, ya que son los principales consumidores de recursos y los responsables del mayor daño ecológico al planeta, mientras que los países menos desarrollados deben seguir creciendo para satisfacer necesidades básicas y alcanzar un mayor nivel de bienestar.
Los jóvenes están demandando educación, transporte y vivienda, lo que el antropólogo Jason Hickel llama “abundancia pública”. Es el tipo de riqueza que la sociedad puede expandir sin destruir el planeta para sostener la promesa del ascenso social. No quieren rescindir el contrato con la democracia; quieren renegociar los términos. Está claro que no se pueden seguir sumando nuevas capas de complejidad al sistema actual.
La Inteligencia Artificial (IA) está aumentando exponencialmente la demanda de energía, lo que suma estrés a un sistema con poca capacidad de absorberlo. La disputa por los recursos naturales está desestabilizando el orden global. El cambio climático está produciendo catástrofes y acelerando procesos migratorios masivos. En 2025 se registraron 65 conflictos armados en el mundo, el número más alto desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, según el informe del Programa de Datos sobre Conflictos de la Universidad de Uppsala.
Las protestas juveniles son una señal de un descontento que puede intensificarse. Los jóvenes no se están manifestando con el objetivo de destruir la matriz sino de corregirla. Ocupar el espacio público es una forma de participación democrática.
Pero hay otra parte de la juventud que se cansó de esperar respuestas, se retiró del sistema y se replegó sobre sí misma. Lo que debería preocupar a la política no es el grito de la protesta, sino la salida de los jóvenes que optan por no participar porque dejaron de creer: los que no votan, los que se van del país, los que migran a la educación privada, los que eligen la informalidad, la ilegalidad o el silencio.
