Durante los últimos meses la “cuestión judicial” adquirió una instalación sin precedentes en la agenda mediática. Fallos de la Corte Suprema que involucraron acusaciones por la intromisión en otros poderes; chats indecorosos que demuestran connivencia entre funcionarios del Gobierno porteño, jueces y fiscales, y empresarios de medios; la sentencia en la denominada Causa Vialidad cuestionada por su falta de pruebas y por su pretensión de proscribir políticamente, entre otros. Lo que probablemente pasó más desapercibido fue la relación entre los fallos judiciales y la vida cotidiana de la ciudadanía. El accionar de medios de comunicación concentrados para invisibilizar esa relación, encubrirla o simplemente descartarla explica, en buena medida, esa desconexión. El análisis de algunos fallos revelan la incidencia del accionar judicial en la vida cotidiana de las personas.
El viernes 30 de abril de 2021, la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, con el voto de la mayoría, eximió a Telecom Argentina S.A. del cumplimiento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/20 por el plazo de 6 meses. El 5 de octubre de 2022, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 8 decidió prorrogar nuevamente la vigencia de la medida cautelar que le fue otorgada contra el decreto 690 por otros seis meses.
En marzo de 2022, la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo Federal falló en contra de la vigencia del Decreto 690, esta vez a partir de una presentación elevada por Telefónica. Paralelamente, la Corte Suprema rechazó sistemática los recursos presentados por el Estado Nacional para que se expida sobre la cuestión con el argumento de que, al no haber resoluciones de fondo, solo medidas cautelares -dispuestas por la propia Justicia- no podía pronunciarse.
Este cúmulo de instancias judiciales, que se solaparon una sobre otra, generó un impacto concreto, palpable, medible y verificable en los últimos datos de inflación de la Argentina. En octubre de 2022 el rubro Comunicación se ubicó en el primer lugar de los aumentos con un 6,4%. En noviembre ocupó el segundo lugar nuevamente con un 6,4% y, si bien en diciembre del mismo año cayó a 3,4%, en enero volvió a ubicarse en el podio con un 8% de incremento.
Los fallos, entonces, impactan en los intereses del conjunto de la población. En este caso, le impide planificar sus gastos e impacta en su bolsillo; torciendo la decisión política del Gobierno sintetizada en el decreto 690 que lo habilitaba a intervenir en las tarifas de internet, cable y telefonía móvil.
Hace unos días la Justicia volvió a protagonizar un fallo que puso la lupa, nuevamente, sobre los intereses que protege o afecta a la ciudadanía. El juez subrogante Marcelo Bruno Dos Santos hizo lugar a una medida autosatisfactiva en el marco del expediente iniciado por la Alianza contra la Piratería Audiovisual (Alianza), caratulado "DirecTV Argentina S.A. y otros c/ quien resulte responsable de los nombres de dominio s/ medida autosatisfactiva".
El dictamen bloqueó los principales 30 sitios de transmisión de contenidos online gratuitos que incluyen eventos deportivos, películas, series e incluso canales de televisión. Entre las páginas se encuentra Fútbol libre (o Libre Fútbol), la plataforma que permitía ver gratis partidos en vivo y en directo. Si bien el juez argumentó que las páginas infringen y defraudan los derechos de propiedad intelectual, derechos conexos y sobre la transmisión de señales televisivas y contenidos audiovisuales del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), la medida afectó una práctica habitual del conjunto de la población que se extendió luego de que el gobierno de Cambiemos dispuso reprivatizar las transmisiones del fútbol argentino. Hoy, aún es necesario abonar el pack fútbol, que ronda los $2050 por mes, para acceder al servicio. Es decir que la única manera con la que contaba la población para ver eventos deportivos en forma gratuita, pero sobre todo el fútbol, fue cancelada por una decisión judicial.
La discusión sobre la piratería no es nueva. Tampoco su argumento para cancelar judicialmente la circulación de contenidos en internet. Estas disposiciones suponen un fuerte patrocinio de la embajada de Estados Unidos, que suele oficiar como férrea defensora de los derechos de autor en tanto -sostiene- “afectan” las ganancias de grandes empresas. En el libro Politileaks, Santiago O’Donnell cuenta como Charly Alberti fue convocado por la sede diplomática para promocionar esta política.
En definitiva, estamos en momentos donde queda al desnudo como los fallos judiciales operan en el llano, pueden impactar en la vida de los ciudadanos de a pie y abandonar su supuesto carácter técnico o superestructural. El funcionamiento judicial amerita un profundo debate. ¿A partir de qué? Sin dudas, a partir del contenido de sus sentencias y sus efectos.