La diputada cordobesa propone ampliar la agenda de derechos humanos: del reclamo histórico a garantizar educación, trabajo y salud.
El 50 aniversario del golpe cívico-militar es una fecha cuyo recuerdo doloroso nos sirve para pensar en la realidad y en el país que queremos construir en democracia. Cada 24M, reafirmamos el compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia, valores que han trascendido a los movimientos de derechos humanos y que la gran mayoría sentimos como propias.
Este aniversario tiene, particularmente para Córdoba, un sabor distinto, porque el invalorable trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense nos trajo de vuelta a 12 de los miles que pasaron por La Perla, el campo de tortura y exterminio que el III Cuerpo de Ejército instauró en mi provincia en los 70.
Conocer las historias, la militancia de cada uno de ellos y el dolor de sus familias y todo el pueblo, nos lleva a pensar en las deudas que nuestra democracia todavía mantiene con Argentina.
Porque hoy, a 50 años del Golpe de estado en argentina, nos encontramos, como sociedad, con la necesidad de realizar un balance que dé cuenta de los avances y retrocesos en materia de Memoria Verdad y Justicia y su rol en torno a la democracia, con el objeto de consolidar el proceso y reafirmar la no regresividad en materia de derechos humanos.
Sin lugar a dudas los derechos humanos no se agotan en las reivindicaciones de Memoria, Verdad y Justicia, que, con justa razón, ocuparon una centralidad en la agenda política democrática argentina, sin perjuicio de que aún siguen vigentes, fundamentalmente, por ser delitos que siguen cometiéndose, como la apropiación y supresión de la identidad, o la desaparición forzada de persona.
La lucha por Memoria, Verdad y Justicia debe ser un compromiso de toda la sociedad, que sirva de base sobre la cual retomar el debate siempre postergado de los derechos económicos, sociales y culturales, en un mundo cada vez más violento e injusto, donde la virtualidad generó una nueva individualidad, insensible frente al dolor de los otros.
Sin abrumarnos con esta modernidad, quienes tenemos vocación de servicio público y compromiso con nuestro pueblo, tenemos un objetivo, que es identificar la nueva agenda de los derechos humanos, que nos permitan volver a soñar y crear un nuevo mundo posible, donde los derechos representen un renovado reconocimiento de la existencia humana. Donde lo verdadero triunfe ante la posverdad y el respeto a la condición humana y sus posibilidades de vivir con dignidad, suponga una nueva ética y resignifique y renueve lo que nosotros, los justicialistas llamamos Justicia Social.
En esa nueva agenda, los derechos humanos significan también garantizar un proyecto de vida posible. Debemos legislar para superar la desesperanza que impone un sistema muchas veces cruel, porque entendemos que la realización individual solo es posible en la realización colectiva, con un Estado que acompañe en ese proceso:
A 50 años de aquel horror que pretendió deshumanizarnos, nuestra respuesta más contundente es la política como herramienta de cuidado y transformación. No miramos atrás solo para no repetir el pasado; miramos hacia adelante para construir una democracia que no sea un concepto vacío, sino una realidad palpable en cada derecho conquistado, en honor a quienes ya no están por sus luchas.
Que la Memoria nos dé la fuerza, la Verdad nos brinde suelo firme y la Justicia —social, legal y humana— sea el horizonte innegociable sobre el cual edifiquemos el futuro de nuestra provincia y de nuestra Nación.
Nunca más al silencio. Siempre más democracia.
