Luis Castillo todavía vestía el uniforme de policía bonaerense cuando decidió cambiar de oficio. Corría el mes de marzo de 1979 y semanas antes había culminado su función en la Brigada de Investigaciones de Lanús. En el sótano de su casa de Wilde, Avellaneda, él y su esposa María Marta Sosa abrieron un jardín de infantes, en donde por aquellos días funcionaba el centro clandestino El Infierno; antes había estado asignado en la Brigada de Banfield, donde el genocidio había instalado el Pozo de Banfield. Con los años, el jardín creció hasta convertirse en el Colegio San Diego, reconocido en la comunidad por “impartir rigor y disciplina” y Castillo cimentó una fachada que creyó perfecta para despistar a quien quisiera husmear alguna vez en sus años de servicio. No lo logró: a partir de este martes ocupará un lugar en el banquillo de los acusados del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en las Brigadas del Circuito Camps.
Castillo fue detenido con prisión preventiva en marzo de 2022. Meses antes había dejado en manos de sus hijos el colegio que fundó y dirigió con “pie de plomo” durante las cuatro décadas siguientes a su rol policial. Tras tomarle declaración indagatoria, el juez federal de instrucción número 3 de La Plata, Ernesto Kreplak, consideró que había prueba suficiente como para procesarlo como partícipe necesario de los secuestros y las torturas que sufrieron 39 personas que permanecieron cautivas en El Infierno, mientras Castillo se mantuvo en funciones en ese lugar. También por abuso sexual contra otras tres personas.
“El nombrado intervino en los sucesos atribuidos no solo por el mero conocimiento de ellos sino por su contribución a producirlos”, sostuvo Kreplak. Además de datos que surgieron del legajo del represor, el juez se basó en los testimonios de sobrevivientes que lo nombraron, lo describieron físicamente y lo reconocieron por foto.
Héctor Callejas es uno de los sobrevivientes de El Infierno que involucró a Castillo en los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura. Callejas lo mencionó como “el supuesto jefe que estaba a cargo” de los prisioneros en Lanús. El otro testimonio que lo muestra en acción es el de Mercedes Albariño Blanco, quien transitó algunos días de su detención clandestina, antes de ser “blanqueada” en la cárcel de Olmos. Estaba en una celda de aquel centro clandestino cuando Castillo la fue a ver: “Entró con un papel en la mano que decía que yo había sido detenida por tener en mi casa volantes y armas de la organización ERP y Montoneros. Yo le dije que no iba a firmar porque era una mentira y se puso nervioso y me dijo 'mirpa Mercedes, a vos acá no te torturamos, porque no lo hacemos nosotros sino que estamos a las órdenes de los militares'. Yo seguí sin firmar y sacó de la cintura su arma y me dijo que firmara, entonces yo ante esa amenaza firmé y él se fue. Me dejó sin venda. Al mediodía entró una horda de gente joven con ropa de fajina, y empieza a golpearme mucho en todo el cuerpo, me ponen la venda. Eran militares”, contó durante la instrucción de la causa.
En septiembre pasado, en el marco del juicio oral, el sobreviviente Carlos Iaccarino, secuestrado junto a sus dos hermanos y luego liberados tras haberlos obligado a entregar campos, empresas y hasta un avión, también lo reconoció como quien lo amenazó con un arma en la celda de El Infierno, uno de los tantos centros clandestinos por los que los pasearon. “Ya no quedan dudas de que Castillo fue uno de los represores que actuó en Banfield y Lanús, porque además de actuar como represor, también estuvo involucrado en los delitos económicos de la dictadura”, explicó Claudio Yacoy, abogado querellante en el debate oral –representa a Albariño Blanco– y secretario de Derechos Humanos de Avellaneda.
Castillo Intentó negarlo: aseguró que él no era el Castillo que la Justicia buscaba. Logró apenas obtener el beneficio de la prisión domiciliaria, a pesar de que las autoridades educativas provinciales y municipales de Avellaneda insistieron en que es no sucediera. De hecho, el represor demandó al entonces intendente interino Alejo Chornobroff, a Yacoy y a la directora del Consejo Escolar local. “Nos acusó de mancillar su buen nombre y honor. La denuncia la inscribió en Comodoro Py. Está por resolverse nuestro pedidos de nulidad”, informó Yacoy.
Finalmente, este martes Castillo comenzará a ser juzgado en el debate por los crímenes de los Pozos de Banfield y de Quilmes, y El Infierno que ya lleva más de dos años de audiencias. Su incorporación al juicio fue posible en diciembre pasado, luego de que el Tribunal Oral Federal número 1° de La Plata admitiera la incorporación de los dos tramos de la causa que a Kreplak elevó a juicio. Lo habían pedido la Fiscalía y las querellas.
El represor, de 81 años, compartirá banquillo de acusados junto a otros 11 genocidas. Al comienzo del juicio eran 18, pero varios fueron muriendo, como es el caso del múltiple condenado Miguel Osvaldo Etchecolatz, o quedaron fuera con ayuda del paso del tiempo y la vejez. También se amplió la base de casos por los que los acusados son juzgados. Entre ellos, el de las personas que integran el colectivo travesti trans y fueron secuestradas, torturadas y abusadas en el Pozo de Banfield.