FASE M

Bernal, el nuevo gendarme del acceso a las divisas para petroleras y gasíferas

Royón puso en manos del funcionario K el filtro para otorgar beneficios cambiarios a las empresas que aumentaron su producción. Hay US$ 400 millones en juego.

Opacada por la sorpresiva y polémica jugada del ministro de Economía, Sergio Massa, que apunta a la recompra de bonos de la deuda externa por un monto inicial de US$ 1.000 millones; la secretaría de Energía comandada por la salteña Flavia Royón sacó a la calle una resolución destinada a las petroleras y productoras de gas que dejó a quienes representan al sector con una sensación agridulce. La decisión oficial de destrabar y agilizar los beneficios comprometidos, se vio recortado al tomar nota del alcance de la “letra chica” que apareció en la resolución firmada por Royón con el visto bueno de Massa. Para poder obtener y mantener los incentivos cambiarios, las empresas hidrocarburíferas deberán pasar por el filtro de una nueva megacomisión evaluadora que estará bajo la batuta del subsecretario de Hidrocarburos, el técnico ultra K y vocal del Instituto Patria, Federico Bernal

 

Por medio de la resolución 13/23, la titular del área energética procedió a establecer las condiciones y cláusulas reglamentarias que estaban pendientes para que las empresas que aumentaron sus producciones en el último año puedan obtener los beneficios cambiarios previstos en los regímenes promocionales vigentes desde mayo pasado. Según los números preliminares, las empresas ya están en condiciones de acceder a un monto inicial de US$ 400 millones al tipo de cambio oficial, que podrán destinar tanto a la cancelación de deudas con bancos y proveedores del exterior como al pago de utilidades y dividendos atrasados. 

 

La norma en juego determinó el camino administrativo y las distintas condiciones que deberán cumplir las compañías que quieran acceder a los beneficios previstos en el Régimen de Acceso a Divisas para la Producción incremental de Petróleo (Radpip) y en el esquema gemelo establecido para incentivar la extracción gasífera que lleva la sigla de Radping. Las bases de ambos mecanismos habían sido creadas en mayo del año pasado por medio del decreto 277/22 con el fin de garantizar el acceso a las divisas a las petroleras y gasíferas que inviertan para elevar la producción de Vaca Muerta.

 

En agosto, en una de sus primeras iniciativas al frente del Palacio de Hacienda, Massa apuró la salida del decreto 484/22 por el cual se aprobaron la reglamentación general de los principales puntos de los dos regímenes de promoción de inversiones y la delegación de facultades a Energía y al Banco Central, para la posterior instrumentación operativa de los beneficios cambiarios. De acuerdo con las reglas de juego fijadas en ambos decretos, las empresas podrán solicitar los beneficios fiscales junto con otras firmas asociadas con las que hayan concretado en un año una inversión mínima en sector de US$ 50 millones.

 

En el caso de las petroleras, tendrán derecho a acceder al mercado único de cambios para llevarse dólares a la cotización oficial cuando demuestren haber logrado una extracción adicional del 20% con respecto a la producción total de crudo que tuvieron en 2021. En tanto, para las productoras de gas, el volumen de inyección adicional exigido contra el último año es del 30%. Los beneficios deberán solicitarse en forma trimestral y, si se cumple el compromiso oficial, en un menos de 90 días deberán ser aprobados mediante un certificado de Energía. Con las divisas recibidas, las petroleras podrán cancelar pagos de capital e intereses de pasivos comerciales o financieros con el exterior, deudas con empresas vinculadas no residentes y girar dividendos pendientes.

 

El marco normativo montado por los decretos 277 y 484 del año pasado también incorporó la creación del denominado Régimen de Promoción del Empleo, del Trabajo y del Desarrollo de Proveedores Regionales y Nacionales de la Industria Hidrocarburífera (Rpepnih).Por medio de ese régimen, el Gobierno les impuso a las empresas el cumplimiento gradual de una serie de metas y objetivos vinculados con la inclusión creciente de mano de obra local y un mayor nivel de contratación de proveedores nacionales y regionales. Lo que hizo ahora Royón, con la resolución difundida esta semana, es darle vida a la unidad burocrática que se encargará de vigilar el funcionamiento del régimen, y para eso le ordenó a Bernal que lleve adelante “todos los actos necesarios para conformar la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Ejecución del Rpepnih”.

 

Comisión evaluadora

El exinterventor de Enargas y asesor energético de la vicepresidenta Cristina Kirchner tendrá un plazo de 30 días para poner en actividad a la nueva comisión evaluadora que estará integrado por funcionarios del área económica de las secretarías de Energía, Industria y Desarrollo Productivo; del ministerio del Interior y de la cartera de Ciencia, Tecnología e Innovación. A ellos se sumarán los representantes que enviarán las provincias hidrocarburíferas, las organizaciones gremiales y las entidades que agrupan a las empresas beneficiarias de los regímenes promocionales.

 

Para buena parte de los empresarios del sector y varios especialistas en temas energéticos, el esquema armado tiene una clara impronta de intervención kirchnerista que le permite a los funcionarios limitar, condicionar y hasta rechazar el otorgamiento de los beneficios comprometidos por el Gobierno.

 

Las empresas del señalan que, además de tener que volcar más recursos para poder alcanzar los incrementos de producción establecidos, las empresas deberán cumplir en forma simultánea con las obligaciones fijadas en los “requisitos de Integración regional y nacional” y en la “aplicación de preferencias” a la hora de contratar con proveedores y prestadores de servicios.

 

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