JURY BONAERENSE

Ordoqui, el magistrado de Casación suspendido, a un paso de la destitución

Sería parte de “la banda de los jueces” que cobraba para beneficiar a presos. El procurador Conte Grand, al frente de la de la acusación. Martes de alegatos.

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) La situación de Martín Manuel Ordoqui, juez del Tribunal de Casación bonaerense, la máxima instancia del fuero penal, es compleja. Se encentra suspendido del cargo y sometido a juicio político, proceso en el que el próximo martes 30 de agosto se realizarán los alegatos. El acusador es el procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Marcelo Conte Grand, quien bajó al llano para solicitar la destitución del magistrado, a quien acusa de integrar “la banda de los jueces”, por la que están presos un exjuez de Garantías y un exfiscal, ambos del departamento judicial de La Plata.

 

Se sospecha que Ordoqui y su secretaria Eugenia Mercado, quien permanece detenida en su casa, recibieron dinero a cambio de otorgar un arresto domiciliario. La defensa del acusado es compartida entre el abogado Alejandro Montone y el propio Ordoqui, quien se autodefiende en el proceso. Según Montone, “Ordoqui no integró ninguna asociación ilícita y se acreditará que no percibió dinero alguno para traficar influencias”.

 

La imputación tiene de todo: “Asociación ilícita, tráfico de influencias agravado, cohecho, incumplimiento de los deberes de funcionario público, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito”, según expresó Conte Grand al momento de expresar los lineamientos de la acusación que cerró con la solicitud de “destitución” del cargo de juez de Casación al que Ordoqui accedió en el año 2012.

 

El acusado se recibió de abogado en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Oriundo de una familia radical, a mediados de la década del ‘80 se cruzó con el hoy ministro Aníbal Fernández en el Senado bonaerense, donde anudaron una fuerte amistad. Uno de sus primeros trabajos en la administración pública fue como abogado externo de la Municipalidad de Quilmes, a cargo de apremios judiciales a deudores morosos de tasas, cuando el actual ministro de Seguridad de la Nación era el alcalde de ese distrito del conurbano sur.

 

En 2008 abandonó el cargo de secretario del Tribunal de Casación que ocupaba desde su creación para incorporarse como juez de la Cámara de Apelaciones y Garantías del departamento judicial de Quilmes. En 2012 volvió a La Plata, ya como juez de la máxima instancia penal bonaerense, nombrado por decreto firmado por el exgobernador Daniel Scioli. En agosto de 2018 fue suspendido en su cargo, tras conocerse las impactantes revelaciones del expendiendo donde, se sospecha, maridan jueces, fiscales, lobistas, sicarios, narcos, políticas y barras de fútbol en una empresa criminal conjunta que operó en la capital bonaerense, parte del conurbano sur y en la Ciudad de Buenos Aires.

 

El procurador Julio Marcelo Conte-Grand a cargo de la acusaciób - Foto: AGLP

Durante las audiencias de jury pasaron varios testigos, pero la declaración de dos mujeres fueron las centrales. La primera fue la de Lidia Perna (una de las primeras imputadas colaboradoras en la justicia de la provincia de Buenos Aires), quien confirmó los regalos hechos al juez y a su secretaria mientras se tramitaba un habeas corpus que terminó con el arresto domiciliario de Ariel Heine; el hombre, a los pocos meses volvió a ser detenido, fue condenado a 14 años de prisión por usurpaciones de campos bonaerenses y tiene otros procesamientos en curso.

 

El segundo de los testimonios lo dio la fiscal Betina Lacki, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 del departamento judicial de La Plata, donde se investigó la presunta asociación ilícita de magistrados. Su exposición duró más de una hora. Dio detalles de todas las maniobras, del accionar de la banda con sus ramificaciones y conexiones con el hampa. En la causa penal ya elevada a juicio oral -tiene fecha de inicio para el 5 de septiembre próximo- hay varias horas de escuchas telefónicas. En uno de los audios se oye un mensaje del juez Ordoqui advirtiendo a uno de los presuntos integrantes de la banda: “Pecador, escuchame, si a mi sobrino se le ocurrió hacer un hecho en la zona de Adrogué a un turco que anda en un auto de alta gama y le quieren afanar la plata de una recaudación o no sé qué poronga, no lo hagan porque los están esperando enfierrados hasta el culo, los van a cagar a tiros”.

 

El jurado es presidido por la jueza de la Suprema Corte provincial, Hilda Kogan, e integrado por los abogados Juan Emilio SpinelliDiego Paulo IsabellaRicardo FarrisHugo Galderisi y Fulvio Santarelli. Completan el cuerpo los conjueces legisladores Daniel LipovetzkyAbigail Gómez y María Eugenia Brizzi (Juntos por el Cambio) en representación de la Cámara de Diputados, mientras que el Senado es representado por Nidia Moirano (Juntos por el Cambio) y Gabriela Demaría (Frente de Todos).

 

El jurado que deberá definir la destitución o no del juez Ordoqui - Foto: AGLP

En caso de ser desplazado de su cargo, Ordoqui perderá los fueros como magistrado y la fiscal Lacki estará en condiciones de indagarlo. Un escenario posible es que sea detenido inmediatamente como ocurrió con el resto de los acusados.

 

La próxima audiencia del juicio político será el martes 30 de agosto, a las 14.30, jornada vespertina en la que se desarrollarán los alegatos de las partes y el jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires solicitará la destitución de Ordoqui.

 

Cristina Fernández de Kirchner.

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