El Congreso volverá a sumergirse en la intrincada agenda judicial que atraviesa a sus dos cámaras desde fines de 2019. El disparador fue la defensa pública que hizo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Desde su despacho en el Senado, cuestionó la acusación en su contra que formuló el fiscal federal Diego Luciani y contraatacó. La autodefensa fue acompañada por un pronunciamiento oficial de respaldo del presidente Alberto Fernández. Cosechó un veloz pedido de juicio político en su contra impulsado por un grupo de diputados y diputadas radicales, junto a dos pares del PRO, además de José Luis Espert, de Avanza Libertad y Margarita Stolbizer, del bloque Encuentro Federal. No contó con la rúbrica mayoritaria del PRO ni de la Coalición Cívica. Este miércoles fue cuestionado por el titular del partido, Gerardo Morales, y reveló nuevos desacuerdos en la alianza opositora.
El anuncio del pedido de juicio político se conoció poco después del pronunciamiento del Presidente. Además de la falta de apoyo dentro de JxC, el planteo quedó pegado a las declaraciones del diputado macrista Francisco Sánchez sobre la condena contra la vicepresidenta que pidió el fiscal Diego Luciani. “12 años por robar impunemente es casi nada. El año pasado presenté un proyecto de ley para que este tipo de delitos sean considerados traición a la Patria. Merecen la pena de muerte, no una liviana prisión domiciliaria”, escribió el legislador neuquino.
Apenas salió de la reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio (JxC), Morales le bajó el precio al pedido de juicio político, que fue impulsado por su correligionario formoseño Ricardo Buryaile y acompañado por el titular del bloque radical, Mario Negri. "No estoy de acuerdo con los pedidos de pena de muerte. Tampoco hay que sobreactuar desde la oposición con estos temas de pedido de juicio político hacia el Presidente", lanzó el mandatario jujeño. Consideró que ambos planteos "complican la situación". La titular del PRO, Patricia Bullrich, sólo apuntó a Sánchez y dijo que estaba en desacuerdo con reimplantar la pena de muerte.
El neuquino ha reconocido públicamente que está más cerca del diputado de ultraderecha, Javier Milei, que de la orientación actual del macrismo. Con su planteo público logró más impacto que la movida de radicales para impulsar el pedido de juicio político contra el Presidente. También cosechó rechazos de sus pares y del oficialismo. Todos amplificaron la presencia de Sánchez. En el macrismo neuquino dicen que es parte de su plan: fortalecer su candidatura a gobernador por el PRO, en una disputa con su compañero de bancada, Pablo Cervi, de Evolución Radical, que trabaja detrás del mismo objetivo.
Dentro de la coalición opositora Sánchez quedó igualado con los radicales Buryaille y Negri, porque fueron señalados por sus pares por tomar decisiones inconsultas. Dentro del PRO no se olvidan de la interna provincial, pero el sobregiro de Sánchez vuelve a desnudar que los debates políticos en la coalición opositora cada vez son traccionados más a la derecha de sus posiciones. Ahora, la moderación de Morales y Bullrich pasó por frenar a un sector que quiere reimplantar la pena de muerte. En el caso del enjuiciamiento contra Fernández la queja es mayor porque, tanto macristas como los radicales que no firmaron la propuesta y otros bloques de JxC, cuestionan a Buryaille y Negri de "cortarse sólos".
Ante las críticas del titular de la UCR, cerca de Buryaille las desdramatizaron. "Es una opinión de Morales, y está bien", apuntaron ante las consultas de Letra P. El planteo del gobernador jujeño y jefe de Comité Nacional contrasta con lo que hicieron dos de sus diputados. El proyecto que impulsa el exministro de Agricultura tiene a Jorge Rizzotti y Gustavo Bouhid como cofirmantes, quienes responden al gobernador. Los 20 firmantes consideran que la defensa que hizo el Presidente de CFK es una causal para investigarlo. Morales consideró que eso es una sobreactuación.
Los pares radicales del formoseño dicen que fue un proyecto impulsado por Buryaille. Otros interpretan que es parte de un "ataque preventivo" ante la posibilidad de que avance una ofensiva legislativa contra el fiscal Luciani. En el despacho del exministro remarcaron que la única motivación del proyecto surge a partir del comunicado oficial que firmó Fernández para respaldar a Cristina viola la división de poderes y "denota claramente una intención de injerencia del Presidente en el sistema judicial y en el Ministerio Público Fiscal". Todo sería en detrimento de Luciani. Los firmantes advierten que es una flagrante violación de las facultades que la Constitución le confiere al Presidente. Las chances de que prospere son escasas desde su origen.
Los cuestionamientos que lanzó la vicepresidenta contra Luciani también pueden impactar en el Congreso. En el oficialismo hablan de reactivar la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público Fiscal (MPF) para formalizar las acusaciones y promover su suspensión o destitución. Todavía no tiene autoridades desde el recambio legislativo y podría continuar en manos del oficialismo. El diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade es integrante de ese cuerpo, pero en su despacho no contestaron las consultas de este medio sobre la reactivación de la bicameral que fue conducida por el senador cristinista Martín Doñate.
Además de las críticas de sus pares Sánchez también sumó un pedido de destitución presentado por la diputada riojana Beba de Soria (FdT). Solicitó la destitución del legislador por "manifiesta inhabilidad moral". "Sánchez se ha comportado como un brabucón, pendenciero y antidemocrático, que no respeta ni siquiera a las instituciones de las que él mismo forma parte", acusó.
