-Lo vengo diciendo hace dos años: el conurbano no da más. Es la región donde se concentran las mayores desigualdades del país. La situación estructural por la pobreza es complejísima. El Estado bonaerense hace el esfuerzo, pero las políticas macroeconómicas las define el Gobierno nacional, y eso condiciona mucho la situación del conurbano. Hay 14 millones de personas en el conurbano, contra los 4 millones que había en la década del ‘70. Y perdimos recursos. La provincia de Buenos Aires genera el 35% del PBI, pero recibe el 22% en coparticipación. Es un desfase enorme que viene de la década del ‘80, del gobierno de Raúl Alfonsín, quien -bien intencionado o no- redistribuyó recursos a las provincias para frenar los movimientos migratorios internos, algo que no pasó. Si Argentina no encara de conjunto un debate serio sobre cómo resolver la situación social del conurbano vamos a seguir como hasta ahora o peor. Hoy no hay una política estable y formal que pueda resolver esta situación estructural del conurbano.
-¿Está pidiendo un debate federal por la situación del conurbano?
-Se requiere una mirada federal. No tenemos ninguna intención de ir contra las provincias. Pero el Estado nacional tiene que atender esta situación de asimetría muy elocuente, que, después, para colmo, es utilizada en todos los discursos neoliberales sobre el conurbano, que lo señalan como una fábrica de pobres y de votos. Y sí, claro. Pero miremos los números de presupuesto per cápita de un porteño y un habitante del conurbano: hay una diferencia de 20 a 1 a favor de los porteños.
-¿Qué hace la Provincia para evitar que se agrave esa situación social delicada?
-Tenemos una política alimentaria inédita en Buenos Aires, de 11 mil millones de pesos mensuales entre el Servicio Alimentario Escolar y el programa Mesa, que tienen un volumen de 2.300.000 beneficiarios. Es un colchón histórico. Estamos forzando todos los límites. Nunca este Ministerio compró tantos alimentos como ahora. Debemos estar en los 7 millones de kilos mensuales. Estamos mucho mejor que la Nación en compra de alimentos.
-¿Alcanza? Usted suele decir que la política social más eficiente se debería hacer desde el Ministerio de Economía nacional…
-Es así. Nosotros damos aspirinas y ponemos curitas. Son paliativos. Necesitamos que el cirujano opere con celeridad.
-¿Cuánto agravó la situación social la discontinuidad del IFE?
-Mucho. Salimos de la pandemia sanitaria pero no de la pandemia económica y social. Algunos dirigentes dicen que mermó la demanda en los comedores. Nosotros tenemos un registro completamente distinto y con un agravante: hoy demandan asistencia social hasta los trabajadores formales. Por eso decimos que se necesita urgentemente una política de ingreso para los sectores vulnerables, que sería un complemento de lo que fue la AUH en su momento. También necesitamos un aumento más allá de la paritaria, porque no llegamos con la recomposición salarial que estamos necesitando.
-¿Cuántos planes sociales de la Nación hay repartidos en Buenos Aires?
-Podemos hacer estimaciones y decir que son unos 800 mil. Ocurre que en términos de políticas sociales hay una continuidad clara entre el gobierno actual y el gobierno de Mauricio Macri. El patrón conceptual es el mismo. El verdadero ministro de Desarrollo Social es Emilio Pérsico, aunque Juanchi (Zabaleta) está dando la pelea. De hecho, (Daniel) Arroyo se fue del Ministerio por eso, porque el que lo maneja es Pérsico, que habla directamente con el Presidente.
-¿Hay desconexión entre la Nación y la Provincia en términos de políticas sociales?
-A la Nación le habíamos pedido 50 mil millones para el programa alimentario, aproximadamente la mitad de los fondos que requiere el programa. La Nación nos transfirió hasta ahora 7 mil millones de pesos y estamos trabajando en una segunda cuota para llegar a 17, 18 mil millones. Le agradecemos al Presidente y al ministro Zabaleta ese aporte para el programa Mesa, pero si eso lo comparo con lo que se destina al Potenciar Trabajo en la provincia, las diferencias son muy grandes. Para sostener el principal programa alimentario de asistencia, se comprometieron a darnos 17, 18 mil millones de pesos, y el Potenciar Trabajo tiene un presupuesto de 500 mil millones de pesos anuales, de los cuales 250 o 300 mil millones vendrán a la provincia. De todas formas, no sabemos bien los números, son sólo estimaciones las que podemos hacer.
-¿Está de acuerdo con eliminar la intermediación de las organizaciones sociales en la entrega de planes y que vuelan a ser administrados por los estados provinciales y/o municipales?
-Negar al Estado en esta discusión es una locura. Hay que salir de esta trampa actual de administración de los planes sociales. Yo estuve en las reuniones originales de creación del programa Argentina Trabaja, durante el gobierno de Cristina, y en esa mesa estaban Alicia Kichner, Pérsico, Edgardo Depetris y yo. Se conformó un programa que funcionó de manera muy correcta, donde convivieron los intendentes y las organizaciones sociales sin ningún tipo de conflicto, más allá de las tensiones habituales. El Estado nunca puede perder la centralidad, como está ocurriendo ahora. Hay muchos discursos que son liberales por izquierda. Somos peronistas; si el campo popular abandona el debate por la defensa del Estado, estamos perdidos. Nos podrá gustar más o menos quién administra ese Estado, pero no podemos dejar de defender el rol central.
-¿Hay discrecionalidad en la administración de esa asistencia social por parte de las organizaciones?
-Sí y es un problema gravísimo. Ocurre porque el Movimiento Evita hizo un acuerdo con Macri apenas llegó a la presidencia: el Estado le entregaba la administración de los planes, de todo ese presupuesto, a cambio de una “paz social”. El Estado tercerizó en las organizaciones sociales esa función. Que lo haga un gobierno liberal es lógico, porque no le interesa la política social, pero no es lógico que lo haga un gobierno peronista. Muchas organizaciones sociales, con el Movimiento Evita a la cabeza, no registraron que ganamos las elecciones y que volvió a gobernar el peronismo, más allá de que el Presidente se autodefina hippie y socialdemócrata.
-¿No es un debate que debe saldar el Frente de Todos? El Movimiento Evita es parte del Frente, tiene legisladores, funcionarios...
-El Movimiento Evita utiliza la política social para dirimir sus disputas políticas. La política social es sagrada, con el nivel de crisis que tenemos, no podemos mezclarla con las diferencias políticas. En su disputa histórica con Cristina, y en la ignorancia o mala fe de Alberto de dejarlos hacer, ellos encontraron un mecanismo para intentar disputarle poder a Cristina, con quien tienen un problema de muchos años. Le disputan a la única persona que puede disciplinar y regular al poder económico. Sugestivamente, el Movimiento Evita siempre la enfrenta. Y sus planteos económicos coinciden con muchos aspectos que plantean los grupos de mayor poder económico del país. Es extrañísimo.
-¿La salida es a través de una política de ingreso universal, como proponen usted y Juan Grabois?
-Hay un agujero en todo ese esquema: la ausencia de una política clara de ingreso para los sectores vulnerables. En su momento, tuvimos la política revolucionaria de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Hoy, pasado el tiempo, con pandemia y macrismo mediante, hay un nivel de crisis que requiere una política de ingresos que quizás deba ser transitoria pero que nos permita llegar a una recuperación del salario o a una recuperación del empleo como la que nosotros aspiramos. Necesitamos esa política de ingresos como lo fue el IFE en su momento. El Potenciar Trabajo es una frazada corta o, si se quiere, un sofá cama, porque como política focalizada de generación de empleo está desnaturalizada y como política de ingreso es corta.
-¿Es posible una política así en este contexto de metas fiscales acordadas con el Fondo Monetario Internacional?
-No gobierno con metas del FMI en la cabeza. La meta que debemos tener en la cabeza es la dignidad de la gente; que la gente coma. Los que gobiernan con metas fiscales son los agentes del Fondo. Eso habría que terminar de dirimirlo en nuestro espacio. El debate está planteado.
-¿A qué población alcanzaría?
-El bono que entregó hace poco Anses alcanzó a 7 millones de personas. Se puede hacer otro corte, hay que hacer cruces, pero debería tener un piso de 4 ó 5 millones de beneficiarios, para combatir la indigencia.
-¿Lo habla con el Gobierno nacional?
-Lo hablo permanentemente con Zabaleta y con (el jefe de Gabinete) Juan Manzur. Obviamente, también estamos trabajando este tema con senadores y diputados. Hay varias alternativas.
-¿Cuáles?
-Sale por decreto o por iniciativa parlamentaria. Lo venimos hablando hace mucho en varias mesas. Si ahora toma estado público es porque las cosas se complejizan. Creo que estamos en tiempos cortos. Hay que ser conscientes del escenario en el que estamos.
-¿Qué significa ‘tiempos cortos’? ¿En qué plazo debería estar esta medida?
-En términos sociales, es urgente. Lo lógico es que se resuelva en un mes, dos meses. En términos políticos, si no tomamos medidas para recomponer el vínculo con esos sectores sociales, las consecuencias van a ser graves y profundas.
