Caminador del territorio desde hace décadas y militante peronista desde su juventud, Juan Zabaleta tiene la mirada puesta en el conurbano bonaerense en su doble rol de intendente de Hurlingham en uso de licencia y, desde agosto de 2021, ministro de Desarrollo Social. Con esa óptica explica las complejidades de un área en la que viven 14 millones de personas, que acarrea problemas históricos y hoy atraviesa una crisis profunda, producto del aumento desbocado de precios y el atraso de los salarios.
Pese a que la foto es cada vez más compleja, con una inflación proyectada que supera el 70 por ciento, Zabaleta asegura a Letra P que los humildes del conurbano están “contenidos” por las políticas del Estado y, así, descarta cualquier comparación con el estallido de 2001. Admite que el Gobierno está en deuda con la clase media trabajadora y dice que el debate por el salario universal “es lógico”, aunque evita pronunciarse sobre la posibilidad de implementarlo.
-Tiene una dinámica propia. El reflejo del país está en Córdoba, en el norte. El conurbano es un aglomerado urbano de 14 millones de habitantes que tiene particularidades y políticas de contención. En esta etapa, puntualmente, tenemos la prestación alimentaria de los más vulnerables, la tarjeta Alimentar, AUH, el módulo alimentario, que son 10 productos para merenderos y comedores, un sistema alimentario escolar muy fortalecido. El plan Potenciar Trabajo. Hoy está garantizada la mesa de los que necesitan del Estado para comer.
-¿Es una olla a presión?
-Hay 14 millones de argentinos en 30 distritos. Es una provincia dentro de una provincia. Por supuesto que se lo mira con esa perspectiva y se lo aborda. Se trabaja todos los días. Hay contención con las políticas que mencioné antes y con otras, como la urbanización de barrios populares. En el país hay 5.600 barrios populares, de los cuales la mitad está en el conurbano. Frente a los agoreros de siempre, a los que plantean situaciones de cuasi estallido, hay mucha contención. Y eso se ve. Si usted recorre y habla con los intendentes, le dicen que hay contención tanto de políticas nacionales, como provinciales y de municipios.
-¿Se piensan de una manera diferente las políticas para el conurbano que para el resto del país?
-No. Hoy en el Ministerio tenemos un área con mucha vinculación y abordaje al Norte Grande, por ejemplo. Estamos acompañando a ese grupo de diez gobernadores. Tenemos una unidad ejecutora con rango de secretaría que se dedica a vincular todos los programas del Norte Grande. Nos direccionamos mucho a esa parte del país tan postergada por la democracia en estos 40 años.
-¿En qué punto de comparación estamos hoy con respecto a 2001?
-Es incomparable. Más allá de que hay problemas vinculados a la inflación y que hay que mejorar los salarios, la Argentina de 2022 es una economía que en la macro crece. Tiene indicadores que mejoran. Tenemos dos problemas claves a resolver: el crecimiento de los salarios y la inflación. Esos son los desafíos que tiene nuestro gobierno. No se puede ni comparar con 2001. Eso se percibe en el territorio. Estamos viendo movimiento. Hay una clase media trabajadora con complicaciones para llegar a fin de mes. Pero los humildes de la Argentina que necesitan del Estado están absolutamente contenidos.
-¿Los problemas son esos dos, inflación y salarios?
-Sí. El gobierno viene trabajando con paritarias al 60%, con revisión. Es el desafío del Gobierno y de la política económica.
-¿Y los problemas históricos del conurbano?
-Van más allá del Ministerio. Requieren de un abordaje integral, política de vivienda, de obra pública. El informe de la UCA que salió en junio habla de problemas vinculados a la situación de pobreza que no se resuelven desde 2010. Tenemos que lograr que la gente viva con mucha más dignidad. En el Ministerio tenemos el programa Mi Pieza, un subsidio destinado a mujeres que viven en barrios populares para que puedan construir una pieza más, un baño, mejorar su condición de vida. También estamos con la urbanización de barrios populares, fondeada en una parte importante por el aporte solidario de las grandes fortunas. Lo que se recaudó, 50 mil millones de pesos, nos permite hoy tener más de 100 mil familias de barrios populares, la mitad en el conurbano, accediendo a calles, cordón cuneta, conexión de agua y cloacas. Hay un Estado presente que está conteniendo una crisis derivada del gobierno de Mauricio Macri, de la pandemia y, ahora, de la guerra. Nos joroba mucho el tema alimentos y precios.
-Entre los problemas históricos está la migración desde el interior al conurbano.
-Un poco el abordaje al Norte Grande tiene que ver con eso, con que los que nacen en Jujuy, en Chaco, en Formosa, pueda vivir en su provincia y no tengan que migrar al conurbano. El eje es crecimiento equilibrado y mayor equidad distributiva. Le ponemos mucho esfuerzo al Norte Grande.
-¿Cómo se abordan las situaciones en el territorio? ¿Con quiénes se trabaja?
-Con todos, hay mucho compromiso. Hay que poner en valor y agradecer a la Iglesia, a las organizaciones sociales, opositoras u oficialistas, que a veces llegan antes y permiten que el Estado pueda intervenir. No hay una sola manzana en el conurbano bonaerense donde no estén la Iglesia evangélica, la Católica, Cáritas, la organización social, el local político, el municipio. Desde la referencia siempre se llega. Cuando hay articulación territorial siempre se llega a resolver.
-La vicepresidenta plantea que hay que terminar con la intermediación de los planes sociales. ¿Está de acuerdo con esa idea? ¿Hay discrecionalidad en el manejo de los planes?
-Desde que llegué al Ministerio, en agosto pasado, iniciamos un camino para transformar planes en empleo formal. Fuimos firmando convenios por sector, junto a las cámaras empresarias, sindicatos y sectores de la economía popular, para poder avanzar en ese camino el sector rural, gastronómico, hotelero, de la construcción y automotriz, entre otros. Hacemos un trabajo casi de hormiguita. El plan Potenciar tiene que ir hacia el trabajo formal. En diciembre pasado pusimos en marcha un mecanismo para que las personas puedan pedir cambiar de Unidad de Gestión en el Potenciar Trabajo. Ya hay 200 mil personas que pidieron el cambio y fueron resignados a nuevos lugares donde pueden hacer la contraprestación laboral. Hay más de siete mil de esos pedidos de cambio, que tienen que ver con alguna situación irregular que denuncian y eso también se está investigando.
-¿Qué dificultades encuentran en la transformación de planes en trabajo formal?
-Hay que mejorar el salario formal. Y al que necesite del Estado, lo ayudaremos. Lo vamos a seguir haciendo. Entendemos que hay un problema. El desafío es transformarle el salario al trabajador formal. No nos quedamos cruzados de brazos.
-El conurbano suele ser determinante en las elecciones…
-Corrámonos de ahí, porque para propios y extraños hay mucho 2023 dando vueltas y el problema es hoy. Aparece nuevamente la utilización de la asistencia social desde el punto de vista electoral y eso es malísimo. Como dirigente nunca pensé así.
-¿Cómo está el clima de ese electorado?
-Está esperando que el Gobierno le pueda resolver la situación laboral. Más allá de la seguridad, que es un problemón en el conurbano, cuando uno mira las preocupaciones, las primeras son inflación y precios. Eso es lo que hay que resolver, porque hay una situación social todavía muy complicada. Muchos agoreros hablan de situaciones extremas. Eso no es así. Hay toda una red presente. Si no, tendríamos un poco más de ruido. Y no está.
