05|8|2022

Colectivos: doble jaque a Guerrera para que aumente los subsidios

24 de junio de 2022

24 de junio de 2022

En Diputados avanza un proyecto que prevé un alza anual del 120% para líneas del interior. En el AMBA, las empresas reclaman actualizar la estructura de costos.

En medio de los fuertes cuestionamientos que viene recibiendo de los transportistas de cargas por su quietud ante la falta de gasoil que afecta al sector, la cartera de Transporte conducida por el massista Alexis Guerrera se topó en los últimos días con una doble presión vinculada con la movida que impulsan las provincias para modificar y ampliar el reparto de subsidios a los colectivos del interior del país. Tras dejar una prolongada siesta de más de seis meses, la Comisión de Transporte de Diputados le dio el visto bueno a un proyecto de ley que avanza sobre dos aspectos resistidos por el Gobierno: la declaración de emergencia del servicio que prestan las líneas provinciales y municipales, y el aumento de los fondos que la Nación transfiere como compensaciones tarifarias a los colectivos del interior. A eso se sumó el reclamo de las empresas de la región metropolitana para que se actualicen los valores que conforman la estructura de costos del sector, que están congelados desde setiembre pasado y que se siguen tomando como referencia para definir los subsidios sin contemplar la disparada inflacionaria de los últimos meses.

desPertar

Un análisis útil para enfrentar
una realidad desafiante

Recibilo todas las mañanas en tu mail

desPertar

Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante

Recibilo todas las mañanas en tu mail

 

Presidida por el radical jujeño Jorge Rizotti -que responde al gobernador de la provincia Gerardo Morales-, la comisión de Transporte de la Cámara baja le dio dictamen a una iniciativa que, si bien no resuelve el planteo de fondo de un nuevo esquema de reparto de subsidios más “equitativo y federal”, representa una solución transitoria que dejaría más que conformes a la mayoría de los gobernadores. El proyecto -aprobado por mayoría sin el apoyo de los bloques de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal- contempla tres cambios salientes.

 

Primero, declara a los servicios urbanos del interior del país y a los de larga distancia nacionales en estado de emergencia hasta el 31 de diciembre de 2022. Segundo, prorroga la existencia del “Fondo de Compensación” vigente para el giro de subsidios a los colectivos locales del interior y le fija una nueva suma total para distribuir este año que llega a los $ 59.500 millones. Deja en manos del ministerio de Guerrera la definición de los parámetros que se tomarán en cuenta para el reparto de los fondos y establece que, para acceder a los subsidios nacionales, las provincias y las líneas de transporte deberán implementar el uso de la tarjeta SUBE. Tercero, introduce una modificación a la ley 24.449 para poder prorrogar las renovaciones de los permisos de operación de los ómnibus locales y de turismo con más de 10 años de antigüedad que no pudieron ser remplazados por la pandemia y la situación económica actual.

 

El proyecto fue girado a la Comisión de Presupuesto con el fin de que tenga un trámite rápido y que pueda ingresar al recinto para su votación antes de fines de julio. La suma total de subsidios al interior de $ 59.500 millones prevista para 2022 representa un incremento del 120% con respecto a los $ 27.000 millones que la Nación había transferido como compensaciones tarifarias el año pasado. A principios de este año la administración de Alberto Fernández había prometido elevar esos subsidios a $ 46.000 millones pero, en el reciente DNU que aprobó la actualización del Presupuesto 2022, el monto total asignado para los colectivos del interior llega solo a $ 38.000 millones. Tras tomar nota de ese recorte, los diputados oficialistas cantaron retruco y fijaron como piso una distribución anual de subsidios 56% más elevada que trepa a $ 59.500 millones.

 

Para el oficialismo, la aprobación del proyecto permitiría garantizar una previsible asistencia de fondos para que las empresas de transporte puedan cubrir sus costos operativos y salariales en lo que resta del año. En cuanto a una nueva ley para equilibrar el reparto de subsidios con el AMBA, la comisión que encabeza Rizotti fijó un plazo de 60 días para terminar con las consultas y sacar un dictamen único que aglutine y contemple todos los proyectos en juego.

 

Las líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por su parte, salieron a defenderse de los ataques provenientes de las provincias y le recordaron a Guerrera que tiene congelada desde setiembre pasado la estructura de costos del sector que se utiliza para calcular los subsidios. Por medio de notas al ministro y explicaciones en off, las empresas de colectivos pusieron sobre el tapete tres cuestiones relevantes.

 

La primera es que, si bien hay una asimetría en los subsidios, existe también una marcada asimetría en cuanto a la transparencia y calidad de la información que se toma en cuenta para definirlos. A diferencia del interior, donde no hay números y cuentas claras, en el AMBA existe una estructura de costos que se publica en Boletín Oficial y contiene todos los ítems operativos y los kilómetros que recorre cada vehículo plasmados en diferentes planillas donde queda todo registrado y al alcance del público usuario. La segunda cuestión es que los datos y valores de esa estructura de costos permanecen sin cambios desde el segundo semestre del año pasado pese a que la inflación acumulada supera el 45%. Si se actualizaran los costos reales, en lugar de recibir como ahora $ 23.500 millones de subsidios por mes, los colectivos de la región metropolitana deberían tener no menos de $ 33.000 millones mensuales de auxilio tarifario.

 

La tercera arista tiene que ver con lo que las empresas denominan la “distorsión política” que registra el debate de los subsidios. Para las líneas del AMBA no se puede plantear una “tarifa federal” -como había prometido el Presidente el inicio de mandato- por dos razones excluyentes: por las diferentes magnitudes que presenta una región como el AMBA, donde vive más de un tercio de la población del país y es siete veces más grande que el conglomerado urbano que le sigue, que es la ciudad de Córdoba, y por la ausencia de datos oficiales que no permiten saber con exactitud cuáles son los costos verdaderos del transporte en las principales ciudades del interior.