CONGRESO

El Gobierno envió a Soria y Domínguez para desempolvar proyectos en Diputados

Los dos ministros fueron a defender iniciativas del oficialismo. También hubo dictamen de mayoría para el fondo para pagarle el FMI y emergencia del transporte.

Con resultados dispares, el Gobierno envió a la Cámara de Diputados a dos de sus ministros para defender dos proyectos que tienen distintas chances de prosperar en ese recinto. Los ministros de Justicia, Martín Soria y de Agricultura, Julián Domínguez fueron los protagonistas de una jornada de hiperactividad, pero los hitos más significativos se registraron lejos de sus comparecencias: la oposición pudo unificar un proyecto para reformar la ley de alquileres (en base a las expectativas del sector inmobiliario) y el oficialismo logró firmar un dictamen de mayoría para llevar al recinto el fondo para pagarle al FMI que ya aprobó el Senado. 

 

Por la mañana del miércoles, Soria fue invitado al plenario de comisiones que trata el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura que fue aprobado por el Senado. Por la tarde, fue el turno de Domínguez. El extitular de la Cámara baja fue con la misión de defender el proyecto de ley agrobioindustrial, pero su visita fue un recorrido por el debate que atraviesa al Congreso desde principios de año: el aumento de las retenciones a las exportaciones del agro. 

 

Soria llegó antes del mediodía al plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, que condujeron los oficialistas Hernán Pérez Araujo y Rodolfo Tailhade. Su presencia estaba prevista desde hace dos semanas, cuando concluyó el duelo de espejos entre el proyecto de boleta única de papel, impulsado por la oposición, y la reforma del Consejo que comenzó su trámite en las mismas jornadas con las mismas comisiones. Ese tironeo terminó cuando boleta única tuvo dictamen y quedó allanado el camino para el debate que Soria buscó retomar este miércoles. Las expectativas de los presentes estaban concentradas en saber si finalmente el representante del Ejecutivo iba a habilitar una negociación con la oposición para introducirle cambios al giro del Senado para devolverlo en revisión. 

 

Sin embargo, el ministro se concentró en apuntar contra la Corte. Recordó las consecuencias del fallo que emplazó al Congreso a reformar el Consejo, en un proceso que terminó a medias y luego derivó en la foto del presente: el organismo volvió a su composición de 1997, con una ley que había sido derogada por el Poder Legislativo y ahora es presidido por el titular del máximo tribunal, Horacio Rossati. Las palabras de Soria reflejaron las pocas chances que existen para una negociación que había lanzado el senador Mariano Recalde luego de la votación en el Senado. 

 

Soria estuvo custodiado por un dispositivo de prensa ya reconocido por su mutismo. En su exposición dijo que el "proyecto está abierto a mejoras y aportes", pero insistió que "las bases de este proyecto son inobjetables desde el punto de vista técnico y constitucional porque se adecuan exactamente con la manda del artículo 114 de la Constitución Nacional". La diputada del bloque Identidad Bonaerense e integrante del Consejo, Graciela Camaño, piensa lo contrario y consideró que para cumplir con el mandato de la Carta Magna debe participar un integrante de la Corte, sin que presida el organismo. En ese punto radicó la posibilidad de una negociación que, luego de la visita de Soria, quedó virtualmente en el naufragio o nunca existió. 

 

"Lamentablemente, hoy esta Cámara está siendo obligada a legislar durante la flagrante intervención de la Corte Suprema sobre el Consejo de la Magistratura: una intervención política, planificada e instrumentada a través de una aparente sentencia judicial", disparó el ministro y luego aseguró que "en su fallo del 16 de diciembre la Corte sentó un precedente muy grave para la división de poderes que consagra la Constitución Nacional". 

 

La mención para negociar mejoras no pasó inadvertida, pero el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, le advirtió a Soria que no iban a tomar el guante porque la revisión iba a fracasar en el Senado en un contexto donde el Ejecutivo busca ampliar la Corte a 25 miembros. Los cruces siguieron, pero en ese punto se terminó de caer el clima de negociación. 

 

Domínguez tuvo un escenario menos áspero que su colega. Fue invitado por el titular de la comisión, Ricardo Buryaile, exministro de Agroindustria de la era Macri. El funcionario llegó para defender el proyecto de ley agrobioindustrial que fue presentado por el presidente Alberto Fernández, pero su presencia abrió una ventana previsible, porque la oposición, en boca del diputado Ricardo López Murphy, metió el dedo en la llaga. Reclamó información sobre la posibilidad del aumento de retenciones, en una ronda de preguntas que pasaron por los problemas de gasoil en 17 provincias, el aumento de los cortes de biocombustible por dos meses y la ausencia de una ley de Semillas, entre otros puntos.

 

El invitado demostró las razones que lo mantienen en el cargo en medio de una durísima puja por las retenciones, pero sin perder el diálogo con la Mesa de Enlace. "Me hago cargo de la decisión que propuse yo de mantener los niveles de equilibrio. Lo hice después de una corrida de las exportadoras que ponían en riesgo el abastecimiento en la Argentina. Lo hicimos de forma consensuada. Mi obligación, además de construir certeza, es garantizar las condiciones básicas de la demanda de alimentos", se defendió el funcionario y luego redobló la apuesta. "Si Argentina no hubiera fijado los volúmenes de equilibrio o hoy no tendríamos ni trigo ni maíz, pero además es un tema humanitario: tenemos que producir mas pero también dar respuestas a la comunidad nacional", arengó Domínguez.

 

El funcionario se mostró convencido de que "el productor argentino no es formador de precios", pero a la vez aseguró que "cobró mejor precio que la exportación".  Dominguez reconoció la urgencia de contar con una Ley de Semillas y que sabe desde enero el problema de abastecimiento de gasoil, aunque prometió: "Vamos a capear el temporal". 

 

El ministro habló por cuatro horas y dejó la Cámara en la noche. Para esa hora el oficialismo ya había reunido 40 firmas para el fondo para pagarle al FMI y sumó una voluntad del Frente de la Concordia Misionera. En la comisión de Transporte también hubo definiciones, porque hubo dictamen para declarar la emergencia hasta fin de año del transporte público de pasajeros del interior con el destino de 59.500 millones adicionales y el acuerdo para usar el sistema SUBE en todo el país. 

 

El presidente del bloque de UP, Germán Martínez, con la vicepresidenta de la Cámara, la massista Cecilia Moreau. (NA)
La diputada Mónica Fein y su par Esteban Paulón.

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