Los controles de precios para combatir la inflación fueron utilizados por casi una decena de gobiernos en la historia de la Argentina, tanto democráticos como dictatoriales. El primer antecedente se remonta al primer gobierno de Juan Domingo Perón, pero se pueden encontrar en los gobiernos de Héctor Cámpora, la última dictadura militar, Raúl Alfonsín, Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Mauricio Macri, entre otros.
En 1952, Perón creó la Comisión Nacional de Precios y Salarios y logró reducir la inflación, pero por un tiempo. Luego, en 1967, lo intentó el gobierno dictatorial de Juan Carlos Onganía, con un congelamiento de precios y salarios.
Durante el mandato de Cámpora, el ministro de Economía, José Ber Gelbard, trazó una concertación de precios y salarios junto a empresarios y sindicatos. La siguiente parada en un control de precios fue durante la última dictadura militar, cuando José Martínez de Hoz “estableció lo que se conoció como la tregua de precios por 120 días, acompañado por una reforma financiera”, según consigna un estudio del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA).
Con poco menos de tres años de democracia, el presidente Alfonsín implementó el plan Austral, que combinó “medidas fiscales, monetarias y un novedoso método de desindexación en conjunto con el congelamiento de precios y salarios”.
En 2006, el presidente Kirchner puso en marcha un acuerdo de precios en productos de canasta básica que estaba pensado para tres meses de vigencia, pero finalmente duró un año. El objetivo inicial se cumplió, con la reducción de la inflación del 9,8% anual al 2,5% previo.
Durante el segundo gobierno de CFK, apenas iniciado 2014, nació Precios Cuidados. La idea era ponerle tope a la inflación en ascenso a través de un acuerdo voluntario con empresas fabricantes y cadenas de híper y supermercados que se estableciera como referencia para el mercado. La inflación cayó del 38,5% al 25% en el último año del kirchnerismo.
Macri sostuvo el programa de precios, pero redujo paulatinamente su incidencia en la facturación de las empresas. Sin embargo, en el último de mandato tuvo que implementar un acuerdo con empresas por los “productos esenciales”.
El presidente Alberto Fernández sostuvo la continuidad de Precios Cuidados, pero debió apelar a Precios Máximos, una herramienta mucho más restrictiva de remarcación debido a la llegada de la pandemia de Covid-19. “En el marco de una medida que rige desde el 20 de marzo y por espacio de 30 días, los precios de alimentos de la canasta básica, bebidas, artículos de higiene personal y limpieza mantendrán, como máximo, el precio que tenían al 6 de marzo pasado”, rezaba la resolución del gobierno del 27 de marzo de 2020.
Esa lista continuó activa por más de un año, hasta que junio del 2021 fue reemplazada por el programa Súper Cerca. Ambas iniciativas convivieron con Precios Cuidados, el único plan antiinflacionario de canastas que sobrevivió desde el 2014.
Nicolás Pertierra, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), pone en contexto la crisis inflacionaria argentina y el nacimiento de Precios Cuidados y sus diversas sub-variantes. “Desde que existe los tipos de acuerdo actuales, desde 2014 para acá, tenemos un problema con la inercia inflacionaria de velocidad crucero, que inicialmente era del 25% y hoy ya es más cercana al 50%, y sobre la cual actúan los distintos shocks que aceleran ese ritmo”, explica.
El ejemplo tomado por Pertierra es la devaluación 2018-2019, que “impulsó la inercia base con un ritmo del 55% durante algunos meses, lo que provocó que se estacionaria en un 50%”. Con ese diagnóstico, el economista aclara que los acuerdos de precios, sobre todo en supermercados, tienen un rol “muy limitado” en desarmar esa presión. “Se la llevó puesta el tipo de cambio cada vez que hubo una devaluación brusca y no pudo resolver el problema”, se lamenta.
“¿Eso quiere decir que no sirvan para nada?”, se pregunta el economista del CESO ante la consulta de Letra P y responde: “Al contrario, es mejor la situación actual con esos acuerdos que sin ellos, porque probablemente la inflación inercial podría ser algunos puntos más alta”.
Sin embargo, aclaró que, si bien da una referencia, “no soluciona la cuestión inflacionaria porque es un acuerdo con un solo sector (los alimentos y supermercados), que es el más sensible, el de consumo cotidiano, pero el problema inflacionario incluye a todos los sectores, desde peluquería y servicios a insumos de la industria”. Para Pertierra, “se necesita un acuerdo de estas características que involucre a muchos más sectores para un programa antiinflacionario más integral”.
Andrés Borenstein, economista asociado en Econviews y docente universitario en la UBA y la UTDT, centra las causas de las remarcaciones en las góndolas a los problemas de la macroeconomía y dice que el congelamiento de precios distorsiona el mercado.
“Los precios -agrega- no suben porque los empresarios son malos. Hay una causa macro. Entonces las políticas de precios máximos no resuelven el problema. En el mejor de los casos son un parche de corto plazo que cuesta porque generan una distorsión en la economía que, a la larga, reduce el bienestar general”.
Juan Manuel Telechea, economista y director del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala (ITE-FGA), destaca que “los controles de precios, tomados de manera aislada, no sirven para bajar la inflación”.
Para explicar su postura ante Letra P, Telechea revisa lo que sucedió desde 2005 y recuerda que “la tasa de la inflación creció sostenidamente (desde 10% anual al 55% actual) y que, a pesar de eso, hubo varios intentos de controles de precios aplicados por todos los presidentes, desde Kirchner hasta Macri”.
Por eso, dice, el hecho de que incluso Macri -“una persona que, se supone, que está muy en contra de medidas como ésta”- lo haya aplicado debería servir para tener una mirada más política y menos economicista para con este tipo de instrumentos. “En momentos en los que la inflación se acelera y golpea de manera más nítida el bolsillo de la gente, el control de precios aparece como la medida más inmediata y tangible para tratar de calmar el desbarajuste social y económico”, sostiene.
