TRANSPORTE & LOGÍSTICA

El Gobierno salta el barro judicial y destraba la reprivatización del puerto

Prorrogó la concesión de la terminal 5 de la Ciudad, que estaba judicializada. Ahora, las tres operadoras tienen contratos hasta 2024. Plazos que apremian.

 

Por medio de la resolución ministerial 193, el titular de la cartera, Alexis Guerrera, prorrogó la concesión de la terminal 5 controlada por Bactssa hasta fines de mayo de 2024 con el fin de equipararla con las extensiones contractuales que fueron aprobadas el año pasado para TRP y APM, las otras dos operadoras del puerto de la ciudad de Buenos Aires.

 

Con esta medida, Transporte vuelve a tener el camino despejado para encarar la demorada y varias veces prometida modernización y reprivatización del puerto capitalino, que sigue funcionando con las reglas de juego fijadas durante la gestión menemista, en los años 90.

 

La disputa legal por el negocio portuario que duró casi un año tuvo como protagonistas a las empresas privadas Bactssa, concesionaria de la terminal 5 y controlada por el hólding asiático Hutchinson Ports; TRP, la operadora de las terminales 1, 2 y 3 que maneja el grupo estatal Dubai Ports World, asociado con el grupo local Román; y APM, la adjudicataria de la terminal 4, del grupo danés Maersk.

 

Del lado oficial, los actores centrales han sido la Administración General de Puertos (AGP), piloteada por el santacruceño José Beni, y el ministerio de Transporte.

 

A principios de mayo del año pasado y dando por hecho que a mediados de ese mes iba a expirar el contrato de Bactssa, la AGP resolvió otorgarle por anticipado a TRP y APM una nueva prórroga hasta 2024 de sus concesiones que vencían en 2022. Fue a modo de compensación por el personal y los servicios de Bactssa que, supuestamente, iban a ser absorbidos por las dos concesionarias.

 

El panorama previsto por la AGP se trastocó radicalmente cuando a pocas horas de que venciera su concesión, que no había sido prorrogada por las autoridades, la directiva de Bactssa obtuvo un amparo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que le permitió a la empresa seguir en actividad por un plazo inicial de seis meses, mientras se analizaba la cuestión de fondo vinculada con el pedido de una extensión contractual similar al concedido a las otras dos concesionarias.

 

Tras el fallo de la Cámara, el juez de primera instancia Alonso Regueira procedió a suspender las dos prórrogas que había aprobado la AGP para TRP y APM y determinó que cualquier medida tendiente a extender las concesiones tenía que abarcar a las tres operadoras por igual y bajo las mismas condiciones.

 

Luego de ese golpe judicial y mientras interponía un recurso de apelación, Guerrera decidió, a fines de setiembre, revalidar lo actuado por la AGP y por medio de la resolución ministerial 346 volvió a extender las concesiones de TRP y APM hasta mayo de 2024. Esta vez utilizó como argumento que el Gobierno necesitaba más tiempo para poder concluir con la documentación necesaria para llamar a una nueva licitación, seleccionar las ofertas, realizar los inventarios y adjudicar las terminales a las futuras operadoras.

 

Lejos de poder dar vuelta la cautelar favorable a Bactssa, las defensas e impugnaciones presentadas por Transporte y la AGP en los últimos meses se toparon con el rechazo de los magistrados. El último se registró hace dos semanas cuando la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en los Contencioso Administrativo Federal denegó el “recurso extraordinario federal” que habían impulsado los equipos letrados oficiales.

 

Tras reconocer que el “recurso extraordinario en queja” que se sustenta ante la Corte carece de efectos suspensivos y no tiene un plazo cierto de definición, Guerrera admitió en los fundamentos de la resolución 193 que corresponde dar cumplimiento a las medidas judiciales dispuestas y conceder un tratamiento equitativo a la firma Bactssa con la prórroga de su concesión hasta el 31 de mayo de 2024.

 

Reperfilamiento porteño

Con el tablero de las terminales encarrilado, ahora el ministerio y la AGP tendrán que delinear el modelo de configuración operativa que aplicarán para la relicitación del puerto de la ciudad de Buenos Aires. Si bien la opción que más chances tendría es la de dividirlo en dos concesionarios, hay quienes no dan todavía por archivado el esquema diseñado durante la gestión macrista de un único operador para todo el puerto capitalino.

 

En cualquier caso, lo que está claro es que los funcionarios nacionales van a tener que acelerar los pasos si quieren llegar a diciembre de 2023 con las nuevas operadoras en actividad. Para eso, el llamado a licitación no debería pasar del tercer trimestre de este año con pliegos de bases y condiciones que permitan evaluar y comparar las ofertas de manera directa y sin interpretaciones cruzadas.

 

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