La sorpresa no deriva solo de que ese partido sea el responsable de una deuda que en su momento se pretendía de 57.000 millones de dólares, que esta haya sido producto de una mala praxis rayana con otros pecados, que no haya sido avalada por el Poder Legislativo y que, en buena medida, se haya ido por la canaleta de la fuga. La impresión crece cuando se constata que semejante responsabilidad histórica restableció para los 45 millones de argentinos y argentinas y sus descendientes una tutela externa e indeseada –con recordatorios presenciales cada tres meses–, una limitación del margen de autonomía de los gobiernos por venir, estrecheces para una sociedad demasiado golpeada y un recorte de la soberanía popular. En efecto, ¿cuáles serán los límites del debate político y económico que argentinos y argentinas podrán darse cuando elijan presidente en 2023, 2027 y 2031, por lo menos, dada la extensión prevista, solo a priori hasta 2034, del acuerdo de Facilidades Extendidas que se adoptará?
Esto último, el daño a la soberanía popular, emerge claramente como el principal legado histórico del gobierno anterior.
Sí, Mauricio Macri lo hizo.
Hay, con todo, más motivos para el asombro. El mismo partido que dejó semejante lastre para el futuro imperfecto que acecha se queja de que la refinanciación pactada con los técnicos de Kristalina Georgieva condicione al próximo gobierno, que imagina propio. Y algo más: sostiene que el ajuste debería ser más intenso hoy, sin que el país se dé la chance de crecer primero y sufrir menos a la hora del "poniendo estaba la gansa". Como esto es lo que el Fondo ha aceptado, el PRO corre al Fondo por derecha.
Y en el otro rincón… las cavilaciones del cristinismo duro, las cartas de Cristina Kirchner y la renuncia, el faltazo al discurso de apertura de sesiones del Congreso y los videos de Máximo Kirchner. Más difícil que decir es hacer.
Es posible que unos y otros terminen votando a favor en el Congreso, aunque el sapo tenga un sabor extraordinariamente amargo, pero justo ahora, con la foto actual de los posicionamientos, se divisa el surgimiento de una coalición amorfa, ad hoc y limitada a esta cuestión de una tercera Argentina –albertista, massista, peronista tradicional y radical–, convencida de que defaultear una deuda contraída con toda la comunidad internacional no es una opción y que el país formateado por las malas deberá encontrar su futuro dentro de límites que desde hoy estarán fijados, en buena medida, desde el organismo. A la izquierda, entonces, un núcleo duro, a la derecha, otro y una nebulosa transversal en el medio. ¿Será esto el anticipo –muchas veces imaginado– de algún futuro?
El corsé –apretado, a no dudarlo– que se le está colocando a la Argentina formateada se expresa en la propia letra del entendimiento.
En el marco de una negociación difícil a tres bandas –entablada entre Martín Guzmán y Alberto Fernández, a la vez, con el cristinismo y con el FMI–, el Gobierno puede ufanarse de haber evitado la aplicación de reformas estructurales como la laboral y la previsional.
Sin embargo, en el primer caso hay que reparar que, tras años de haber sido bandera de la patria liberal, la flexibilidad del mercado de trabajo fue impuesta de facto por la realidad de la década perdida: tanto en la gestión macrista como en la albertista, el monotributismo da cuenta de buena parte de la generación de empleo.
En el segundo aspecto, más agudamente con Macri y con amortiguadores con Fernández, las respectivas fórmulas de movilidad jubilatoria redujeron el peso de ese renglón del gasto público. Es natural: como ambas están atadas en parte a la inflación pasada –la actual, indirectamente, vía salarios y recaudación de la ANSES–, en la medida en que esta sube, el promedio de los haberes se deteriora. Si alguna vez la inflación bajara, se verá hasta qué punto el esquema actual se hace sostenible con jubilaciones creciendo sostenidamente en términos reales y si la administración que encuentre esa situación no sale a plantear una nueva fórmula que garantice el ajuste en las nuevas condiciones.
Ante el conato de rebelión cristinista, Guzmán puede ufanarse de ser el primer ministro del mundo en arrancarle gestos fuertes de heterodoxia al FMI. Sin embargo, eso debe ser puesto en contexto: lo que el organismo plantea –con el sentimiento de culpa y la batahola interna que le generó la constatación de que el Stand-by de 2018 fue un aporte de campaña sin precedentes en favor de Juntos por el Cambio con cargo a los argentinos y a las argentinas– es que Fernández y Guzmán prueben si son capaces de aprovechar el período de gracia de cuatro años y medio para hacer crecer al país y recuperar cierta confianza del mercado financiero que le permita a la Argentina refinanciar el cúmulo de vencimientos que, después del mismo, sumará los del Fondo y los prometidos a los tenedores privados.
El camino será, por ahora, señalado por la Argentina. El punto de llegada es todo del FMI.
El sendero fiscal luce cumplible este año, cuando el déficit primario –antes del pago de deuda– debe caer del 3,1% del PBI de 2021 al 2,5%. Bastaría para ello con que la economía creciera algo más que el 4% proyectado y aportara, así, recursos tributarios extra; con que la propia inflación ofreciera el mismo efecto y con que se redujera a la mitad el 1,5% del "gasto covid" con que cerró 2021. El rojo presupuestario debería bajar a 1,9% del producto bruto interno el año que viene, a 0,9% en 2024 y a cero en 2025.
¿Será eso lo que ocurrirá? En los próximos meses, la atención girará en torno al futuro de las tarifas de luz y gas. La segmentación, presentada inicialmente en base al lugar de residencia de los usuarios y las usuarias, ahora se vincula a variables de ingresos y consumo, algo más a tono con "el trabajo de dos años" que Guzmán asegura que se ha hecho a pesar del fuego amigo.
Tanto el Fondo como el Gobierno dicen que el efecto total de la segmentación permitirá realizar un ahorro fiscal de 0,6% del PBI. La misma, cabe recordar, quitará todo el subsidio al 10% de ricos y clase media más acomodada y, como proporción de la evolución de los salarios, incrementará en 42% las facturas del sector intermedio y en 21% las del universo beneficiario de la tarifa social.
Con los datos en la mano, el camporismo debería serenarse: es impropio hablar de "ajuste" cuando el gasto crece y las tarifas para el 90% de la población subirán no solo por debajo de los salarios, sino, también, de la inflación pasada y futura.
Ricardo Delgado, presidente de Analytica, le dijo a Letra P que, "técnicamente, el nuevo esquema tarifario nos da virtualmente cero en términos de impacto fiscal debido al aumento del precio internacional del gas, ponderado por el peso de ese insumo en la matriz energética, y del aumento de tarifas". Que se entienda: no 0,6%, cero.
Analytica traza tres escenarios –el actual, influido por los sucesos en Ucrania; uno medio y uno de cumplimiento total del acuerdo– que arrojan, respectivamente, un ahorro fiscal de 0,05, 0,08 y 0,6% del PBI. Habrá que rehacer las cuentas cuando la guerra pase.
¿Vale la pena, se preguntan en el cristinismo, pagar por tan poco resultado los costos políticos y sociales de ajustar tarifas, algo que complicará a la base electoral propia y que hará de la Argentina un lugar más hostil para una clase media que, además, enfrentará una mayor presión impositiva a través, por lo pronto, de un revalúo de las propiedades –0,1% del PBI–? La respuesta radica, más bien, en que el esquema evita que los subsidios se sigan espiralizando.
El economista Gustavo Reija le dijo a Letra P que "el acuerdo es necesario, pero no suficiente para resolver nuestros problemas. El FMI le dará al país dinero durante 30 meses para que vaya pagando los vencimientos", con excedentes útiles para robustecer las reservas del Banco Central en el corto plazo –por unos 6.200 millones de dólares netos de pagos este mismo mes como puntapié inicial–, pero que, al final, habrá que empezar a devolver dentro de cuatro años y medio.
El camino de la Argentina reformateada recién comienza. Diga, lector, lectora, que nosotros no creemos en las teorías conspirativas.
