El triunfo del No a la derogación de 135 artículos de la llamada "ley ómnibus" que ha estructurado la gestión del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, salvó el programa conservador que la norma condensa y le evitó al mandatario una derrota política dolorosa, aunque el escaso margen del resultado resultó un aliciente para la izquierda local y puso de manifiesto la profunda división política de la sociedad oriental.
Con el conteo del 98,57% de las mesas, el No a la derogación de buena parte de la Ley de Urgente Consideración (LUC) –al que se añadieron los votos en blanco– se impuso el domingo con 51,15% –1.099.938 votos– contra 48,85% del Sí –1.050.414– impulsado por la izquierda sindical y política. El resultado hace que la polémica en torno de la norma sea “una etapa superada” y que la misma “queda firme”, proclamó el líder del Partido Nacional (Blanco).
La LUC, ya cuestionada en su momento por constar de nada menos que 476 artículos de temas totalmente diversos, había sido aprobada por el Congreso el 8 de julio de 2020 y establece todo un programa conservador de gobierno que va desde la seguridad a la educación, pasando por la economía y el fin del monopolio de la petrolera estatal Ancap, entre otras cuestiones polémicas.
Con el resultado en la mano, Lacalle Pou –nuevo héroe de la derecha argentina tras la caída en el descrédito de Jair Bolsonaro– puede respirar aliviado, pero no por eso estará en condiciones de ignorar la grieta que se ha instalado con fuerza en torno a su rumbo político y económico, resumido en los artículos que la oposición de izquierda logró someter a referéndum tras recoger unas 700.000 firmas en plena pandemia, muchas más que las requeridas por ley.
Muchos de los artículos de la norma son verdaderamente controvertidos.
Por un lado, estira el concepto de legítima defensa al desligarlo de cualquier idea de proporcionalidad entre la respuesta y la amenaza, además de incluir la propiedad entre los bienes que es lícito proteger con violencia sin sufrir penalidades posteriores. Asimismo, blinda prácticamente la acción letal de los efectivos de seguridad.
Además, eleva al grado de delito la "resistencia al arresto", lo que puede conllevar una pena de seis meses a tres años de cárcel. En la misma línea, obliga a los ciudadanos a identificarse con la presentación del documento ante requerimiento policial.
La LUC autoriza a la Policía a disolver manifestaciones más allá del carácter pacífico o violento de las mismas siempre y cuando la autoridad considere que estas "perturben gravemente el orden público".
En lo que hace a los piquetes, el Ministerio del Interior –la fuerza pública– podrá definir su remoción y, si hay hechos de "apariencia delictiva", realizar arrestos.
La detención de personas sigue requiriendo "inmediata" comunicación de la Policía al Ministerio Público, que eso ahora tiene un plazo establecido: cuatro horas. Según los críticos, estirar de ese modo el concepto de lo "inmediato" puede permitir que efectivos de seguridad actúen de modo arbitrario o que incluso incurran en apremios contra ciudadanos privados de acceso a la Justicia por un lapso más largo que el considerado hasta ahora.
El arresto de una persona, en tanto, podrá producirse cuando "existan indicios fundados de que esta ha participado en un hecho con apariencia delictiva".
La LUC también permite al Estado la calificación de cierta información de inteligencia como "secreta", a la que los ciudadanos no podrán acceder no siquiera con autorización de un juez.
En el plano económico, la "ley ómnibus" elimina la obligatoriedad de que los salarios se paguen a través de bancos y habilita que se haga en efectivo, algo que, para los críticos, facilita las remuneraciones "en negro". También incrementa a 120.000 dólares el límite para las transacciones en cash, algo que –afirma la oposición– podría reverdecer la mala fama del país como un centro de lavado de dinero.
En lo que respecta a la vivienda, reduce los procedimientos y plazos para el desalojo de inquilinos morosos, definido ahora como "exprés" por la oposición.
En materia laboral, reconoce tanto el derecho de huelga como el de los trabajadores que no la acaten a acudir a cumplir con sus tareas. En ese sentido, agiliza las decisiones de desalojo de empresas ocupadas.
En educación, esta dejará de ser obligatoria en la primera infancia.
En lo que respecta a empresas estatales, abre la puerta al cierre o privatización de áreas estratégicas de la petrolera Ancap.