A falta de elecciones de medio término, porque el Congreso uruguayo se renovó en su totalidad durante las elecciones presidenciales de 2019, este domingo, el presidente Luis Lacalle Pou someterá su plan de gobierno y el buque insignia de su administración, la Ley de Urgente Consideración (LUC), a un referéndum popular que busca torcerle el brazo. A mitad de su estadía en el Palacio Estévez, pone toda la carne en el asador para el triunfo de la papeleta celeste del Sí, mientras la oposición busca la victoria del No rosado en un clima polarizado que promete inaugurar el camino a los comicios de 2024.
La victoria de Lacalle Pou en el ballotage de noviembre de 2019 logró cortar la hegemonía política del Frente Amplio construido por los diferentes gobiernos de Tabaré Vásquez y José Mujica y, con ello, el modelo cimentado por la izquierda entre 2005 y 2020. Sus promesas para revertir las herencias progresistas, principalmente en materia de seguridad, educación, economía y funcionamiento del Estado, fueron plasmadas en el modelo original de la LUC, que contó con 501 artículos. Estas leyes son similares a los Decreto de Necesidad y urgencia (DNU) de la Argentina: Montevideo tiene la potestad, según la constitución de 1967, de enviar una ley de estas características que, si el Congreso no la rechaza en 90 días, entra en vigencia automáticamente. En esta oportunidad, gracias a los votos de su alianza multicolor, el oficialismo logró aprobarla en julio de 2020 con la eliminación de 25 artículos y la modificación de otros 300.
La iniciativa generó un fuerte rechazo por la cantidad de disposiciones que buscaba regular: desde la creación del Ministerio de Medio Ambiente y el marco legal sobre el derecho a huelga y piquetes hasta la “elaboración del chorizo artesanal” en las carnicerías. La oposición, principalmente nucleada en el Frente Amplio y las centrales sindicales, recolectó las firmas del 25% del padrón electoral, es decir, más de 675 mil firmas, y conquistó el referéndum revocatorio para un total de 135 artículos. En total, 2.684.131 personas estarán habilitadas para votar por el Sí (de color rosa) para derogarlos o por el No (de color celeste) para sostenerlos. Si el rosa reúne la mitad de los votos más uno, el país volverá al marco legislativo previo a julio de 2020 y el oficialismo sufrirá un duro revés.
Entre los cambios más discutidos aparecen los artículos 4 y 11, que crean, respectivamente, los delitos de “resistencia al arresto” y de “agravio a la autoridad”; la modificación de las circunstancias de legítima defensa y las disposiciones 468 y 469, que prohíben los piquetes y los cortes de calle.
También tiene una rama económica: los artículos 235 y 236 generan una nueva cuenta para aumentar los precios de los combustibles y el 285 sostiene que las empresas estatales deben “promover la apertura de una parte minoritaria de su capital mediante la suscripción pública de acciones”, puntos que se denuncian como tarifazos y privatizaciones.
En este contexto, la polarización crece entre el oficialismo, que denuncia un intento de derogar el plan del gobierno elegido en las urnas. y la oposición, que asegura un atentado contra diversos derechos.
En diálogo con Letra P, el senador Guillermo Domenech, presidente de Cabildo Abierto, denunció que “quienes perdieron en la cancha quieren ganar en la liga” y “deslegitimar a los poderes constituidos a través de las elecciones”. “La sola presentación del referéndum ha distraído al país de las soluciones de los temas esenciales”, consideró. Por su parte, Fernando Gambera, secretario de Prensa de la central sindical PIT-CNT -uno de los actores más activos en la recolección de firmas-, denunció que, con su disposición, “habría un retroceso fuerte en los derechos” y “un incremento en la desigualdad social”, dos características que, afirmó, se han acelerado durante estos dos años.
A pesar de que no es una elección ejecutiva, el país vive un escenario polarizado alrededor del gobierno. A este contexto se le suma la fuerte participación que tuvo Lacalle Pou, que, por un lado, busca apelar al apoyo de su gestión, que está por encima del 50% según algunas encuestas; pero, por el otro, lo amenaza con exponerse a un duro golpe si su iniciativa es derogada.
En los sondeos de la previa, el oficialismo tiene motivos para esgrimir una leve sonrisa, pero no muy fuerte. Según la Consultora Equipos, el No llega al 35% de intención de voto contra el 34% del Sí, mientras que Factum le da una ventaja al oficialismo de cinco puntos -41% al 36%-. De todas maneras, el electorado que no definió su voto llega, en el primer sondeo, al 28% y en el segundo, al 19%, lo que no permite vislumbrar un resultado.
La jornada del domingo marcará el futuro del gobierno. Si gana el No, recibirá un respaldo a su gestión y podrá tomar los comicios como una renovación de su mandato luego de los dos primeros años, marcados por la pandemia y la campaña. Si gana la revocación, será un duro golpe, primero, por la exposición manifestada del propio Presidente y, segundo, porque la población estancaría su buque insignia.
“El Sí supondría una importante derrota política, pero, de todas formas, el gobierno tendría que continuar y quizás rever algunas de sus políticas”, consideró Domenech y Gambera aseguró: “Sería un mensaje de que no era la forma de tratar estos temas. El efecto del Sí sería sentarse a escuchar a los sectores de la sociedad, algo que no hizo”.
De todas maneras, el resultado podrá ser sometido a diferentes perspectivas, por lo cual uno de los puntos centrales de la jornada será determinar si el oficialismo logra mantener la diferencia de casi 40 mil votos conquistada en la segunda vuelta de 2019. Con el recuerdo de aquellos números, la noche del domingo iniciará las cuentas para 2024.
