La causa en la que se investiga el presunto funcionamiento de una mesa judicial durante la gestión de María Eugenia Vidal en Buenos Aires para perseguir y encarcelar a sindicalistas opositores tendrá esta semana capítulos clave: tres exfuncionarios deberán presentarse frente al juez para prestar declaración indagatoria. El miércoles 16 será el turno del exministro de Infraestructura Roberto Gigante, el jueves deberá presentarse el exsecretario de Justicia Adrián Grassi y el viernes deberá sentarse frente al juez quien fuera el titular de la cartera laboral en tiempos de gobierno macrista, Marcelo Villegas, el hombre que pretendía una “Gestapo” para “terminar con los sindicatos”.
El turno judicial de los exfuncionarios llega después de que fueran indagados seis empresarios de la construcción que el 15 de junio de 2017 participaron de la reunión desarrollada en la sede porteña del Banco Provincia (Bapro) a la que también asistieron -además los exfuncionarios mencionados- directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el senador Juan Pablo Allan, el intendente de La Plata, Julio Garro, y en la que el tema exclusivo fue analizar acciones contra dirigentes de la UOCRA La Plata, que en ese momento estaba encabezada por Juan Pablo Medina. Las indagatorias al senador y al jefe comunal de la capital bonaerense están dispuestas para la próxima semana.
Como contó Letra P, los seis empresarios indagados desplegaron en sus descargos (la mayoría por escrito) conceptos similares: aseguraron que no sabían que la reunión en el Bapro había agentes de la AFI, que asistieron convocados por el Ministerio de Trabajo para plantear “institucionalmente” sus conflictos con el gremio de la construcción y que jamás supieron que estaban siendo grabados y cada uno se consideró “víctima” en el expediente en curso. También confirmaron que la relación con el gremio era “conflictiva” y que eran objeto de exigencias por fuera del convenio colectivo de trabajo que rige a la actividad en el plano nacional.
Los exfuncionarios del gobierno de Vidal enfrentan un panorama complejo. Villegas fue señalado como el funcionario convocante al encuentro, pero, además, tanto él como Grassi registran ingresos al edificio de la AFI durante 2017 para reunirse con el exdirector de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra (que asistió a la reunión), por lo que resultaría extraño que plantearan que no sabían que era un espía.
La línea de tiempo sobre la que trabaja el juez federal Ernesto Kreplak incluye también el dato que Villegas coincidió con el exdirector de la AFI Gustavo Arribas en la Casa Rosada el 4 de mayo de 2017, una mañana en la que ambos llegaron al palacio de gobierno con tres minutos de diferencia y anunciaron que iban a la secretaría privada.
La causa se inició por una denuncia que presentó la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, tras el hallazgo por parte de ese organismo de videos de la reunión celebrada en el Bapro.
Los registros de aquel encuentro fueron encontrados mientras se llevaban a cabo procedimientos de rutina de limpieza de discos rígidos, según se informó oficialmente.
“Creeme que, si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”, se lo escucha decir al entonces ministro Villegas en los videos de la reunión con los empresarios y los funcionarios de la AFI.
En aquella cita, los funcionarios de Vidal y los directivos de la AFI -entre los que estaba también el entonces director de Asuntos Jurídicos Juan Sebastián De Stéfano (ligado al expresidente de Boca Daniel Angelici)- instaron a los empresarios que manifestaban tener problemas con la UOCRA a que presentaran notas ante el Ministerio de Trabajo provincial y que utilizaran palabras clave como “amenaza” y “extorsión”.
Esos escritos fueron presentados luego ante la Justicia Federal de Quilmes en el marco de un expediente iniciado por una denuncia anónima contra Medina a la que el juez Luis Armella hizo lugar a pesar de que la fiscalía opinó que debía tramitar en La Plata.
El video fue el disparador de la investigación judicial que tramita en el fuero federal de La Plata, pero la pesquisa no está solo centrada en eso: en la causa se detectaron decenas de llamadas entre los imputados y hasta con el juez Armella, quien finalmente fue quien dispuso la detención de Medina.
A los imputados se los acusa de participar, durante 2017, en la ejecución de una estrategia, elaborada por miembros de los gobiernos nacional, provincial y municipal de entonces, para impulsar denuncias e involucrar en investigaciones penales a dirigentes de UOCRA La Plata y allegados, entre ellos, parte de la familia Medina.
“La materialización de dicha estrategia se habría dado no sólo a través del aporte de elementos probatorios -tales como la formulación de denuncias, declaraciones testimoniales, entre otros- sino también de gestiones paralelas al desarrollo de los procesos penales, tendientes a producir efectos en ellos, que involucran actividades de inteligencia ilegal e infracción a disposiciones legales de orden procesal”, según surge del expediente.
