Una feroz interna gremial a cielo abierto en las calles de la capital de Buenos Aires y una batería de denuncias contra integrantes de Juntos por el Cambio (Jxc) asoma detrás del escrache y ataque a huevazos del que fue blanco Juan Pablo Medina, el excacique sindical de UOCRA La Plata que está con arresto domiciliario a la espera del juicio, procesado como jefe de una asociación ilícita, además de extorsión y lavado de dinero, proceso que comenzará el próximo 3 de marzo en el fuero federal platense.
La caída de Medina comenzó a fines de septiembre de 2017, cuando fue detenido -junto a gran parte de su familia- acusado de varios delitos. De la mayoría de ellos, todos salieron sobreseídos, solo tiene pendiente la revisión de una absolución y el próximo juicio mencionado. Pese a todo lo que se dice y escribe, técnicamente, Medina tiene cuentas pendientes con la ley pero ninguna condena firme en su contra.
Tras su detención, el gremio fue intervenido. Ninguna de las normalizaciones dispuestas por UOCRA central logró la paz en la seccional. Pero en todo este tiempo creció la figura de su rival, Iván Tobar, quien ya oficializó su Agrupación Blanca y Azul y desde hace tiempo reclama el llamado a elecciones.
Tras la caída del medinismo, el sector de Tobar, alias “El General”, tomó las riendas del sindicato. Son los que gestionan el día a día de la seccional con el apoyo de la intervención y el visto bueno de la conducción nacional. Pero quieren que esa foto se oficialice en los hechos y que las urnas den su veredicto. Desde hace más de cuatro años enfrentan al sector de Medina, cada vez más debilitado por las diferencias internas en la familia y la fuga de adherentes de su espacio.
Pero la aparición de los registros de la cámara oculta filmada en una sede porteña del Banco Provincia, donde se ve a empresarios, exfuncionarios de María Eugenia Vidal, actuales dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) y espías planificar la producción de denuncias y evidencias para encarcelar a Medina, generó un cimbronazo y le dio fuerza al medinismo para empoderarlo de derechos y patear el tablero. Envalentonado, pidió el procesamiento del expresidente Mauricio Macri, el desafuero y detención de la exgobernadora Vidal y una batería de llamados a indagatoria entre los que figuran el exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas; el senador provincial Juan Pablo Allan (JxC); el intendente de La Plata, Julio Garro, y varios exfuncionarios del gobierno provincial de Cambiemos. También a varios empresarios de la construcción y al titular de UOCRA nacional, Gerardo Martínez, a quien está alineado Tobar.
En este marco de pérdida de poder gremial y denuncias a un sector del poder político se produjo la nueva detención de Medina, este martes, quien es acusado de haber agredido a un policía que fue en su auxilio. Aún no están identificados quienes lo atacaron a huevazos, pero se presume que fue gente ligada al sector de El General: “A la UOCRA no volvés más, ladrón”, le gritaban mientras lo agredían en la puerta de un hospital.
El 11 de febrero hubo elecciones en varias seccionales de UOCRA, en diferentes regiones del país. En ese marco, el dirigente César Trujillo, titular de UOCRA Mar del Plata, exinterventor de la seccional platense y uno de los dirigentes más cercanos a Gerardo Martínez, vaticinó que el próximo secretario general en La Plata será Tobar.
El expediente
Medina, su familia y el resto de los acusados fueron detenidos el 26 de septiembre de 2017 y procesados y se les trabó un embargo por 200 millones de pesos. Poco a poco, los protagonistas de esa redada judicial fueron recuperando la libertad. Los últimos en alcanzarla fueron Medina padre e hijo, pero en agosto de 2021 quedaron detenidos otra vez con arresto domiciliario por incumplir una de las condiciones impuestas para estar en libertad tras participar de un acto con fuerte voltaje gremial.
De acuerdo a la Fiscalía, formaban parte de dicha asociación, también como miembros, Cristian Medina; la cónyuge del Pata, María Fabiola García alias “La Dueña”; su hijastra Marianela Luján Pagnoni, su hijastro Agustín Facundo Pagnoni Medina y la cónyuge de este último, Lara Micaela Muñoz, como así también otros altos directivos de la UOCRA como Pablo Nicolás Neves y Rubén Darío Roldán, quienes asumían distintos roles dentro de la organización ya sea amenazando a los empresarios o bien recaudando el dinero ilícito que les exigían, según se desprende de la investigación.
Según el requerimiento de elevación a juicio, los empresarios de la construcción eran primeramente sometidos a diversas exigencias económicas que eran documentadas en el llamado “Acuerdo de Paz Social” que les era obligado a firmar en la misma sede de la UOCRA La Plata sin ninguna posibilidad de negociación y que superaban las cláusulas macro contempladas por la UOCRA Nacional. Específicamente, para poder continuar con las obras se les exigía, por un lado, “aportes dinerarios” no contemplados en el acuerdo y fuera de toda lógica de la construcción, como una “cuota camping”, “premio de final de obra” o el pago de sueldos a empleados que no prestaban funciones y “permisos de retiro del personal” para eventos políticos.
Por otro lado, se les exigía a los constructores la contratación obligatoria de determinadas empresas de catering para la provisión de viandas a los obreros, empresas éstas que estaban integradas por personas cercanas a Medina o a sus familiares, como las firmas Rey del Cielo S.A. (integrada por Marianela Luján Pagnoni y Lara Micaela Muñoz) y Mejor que en Casa S.R.L. (cuyos integrantes formaban parte de la familia Medina-García, como Félix García y Beatriz Dolores Castello, padres de María Fabiola, y David Emiliano García, Eliana Fabiola García y Marcela Esther García), pero principalmente también la obligación de contratar a la empresa Abril Catering SA, cuyos directivos Horacio Homs y Liliana B. Frontán, si bien no resultaban ser familiares de los Medina-García, se encontraban estrechamente ligados con la UOCRA local para la presentación exclusiva de este tipo de servicios.
De acuerdo con la investigación, gran parte de las construcciones que se realizaban en dicho ejido jurisdiccional debían contratar los servicios de Abril Catering a instancias y pedido de los delegados de obra, para así tornar invisible la imposición de parte del gremio o la familia Medina, aun cuando el costo de las viandas era superior a los del mercado. Todas estas exigencias –presuntamente ilegales– eran impuestas bajo amenaza de paralizar las obras.
La fiscal federal Silvia Cavallo consideró que el dinero “sucio” recaudado por los altos directivos de la UOCRA era luego “lavado” mediante la utilización de estas empresas de viandas, que de alguna u otra forma estaban vinculadas con la familia Medina-García. Como nota de color, destacó que Medina no utilizaba el sueldo percibido como directivo gremial, sino que aquel se acumulaba en una cuenta del Banco La Pampa, pues se valía del dinero ilícito para cubrir sus gastos cotidianos.
