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Kicillof tiene Presupuesto: las dos claves de un acuerdo cocinado a máxima tensión

Más fondos y menos cargos empujaron el desenlace de 48 horas de frenéticas negociaciones con la oposición hasta la madrugada. Alivio en los municipios.

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) Después de frenéticas negociaciones entre el Frente de Todos y Juntos, que se extendieron desde la mañana de este jueves hasta la madrugada del día siguiente, la Legislatura de la provincia de Buenos Aires sancionó el Presupuesto 2023 y la Ley Fiscal Impositiva que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, había enviado a fines de octubre. Las principales diferencias que habían amenazado el inicio de la sesión giraron en torno a dos cuestiones técnicas: el nuevo cálculo del Código Único de Distribución (CUD), por el que se fijan los fondos coparticipables que se envían a los municipios. y la cantidad de cargos a designar en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB); aunque también hubo componentes políticos, después de que un sector del partido amarillo mostrara sus discrepancias en acompañar la iniciativa del peronismo faltando dos semanas para terminar el año, a riesgo de quedar como moderados en contraste con sus pares nacionales.

 

Todo esto en un marco de alta tensión alrededor del histórico edificio ubicado en calle 7, en pleno centro de La Plata. Desde temprano, trabajadores y trabajadoras aunados en la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO), que comanda el exlegislador del Frente para la Victoria Rubén García, reclamaron retrotraer las modificaciones realizadas en la Ley 14.656, respecto a la distribución de asignaciones familiares. Cortaron la calle, prendieron fuego algunas tablas y arrojaron objetos en los frentes de la Legislatura.  

 

Adentro, si bien las partes consultadas por Letra P daban cuenta de una "buena voluntad para aprobar el Presupuesto", la maratónica negociación a puertas cerradas también daba cuenta de la alta tensión entre oficialismo y oposición, sobre todo, por las diferencias en torno al nuevo CUD confeccionado por la administración económica de Kicillof, y por el cual el gobierno reparte fondos coparticipables a los 135 municipios. "En los últimos dos años fuimos perdiendo en este reparto y, este año, de los 20 distritos que tiene el PRO, 12 de ellos van a volver a perder", remarcó a este medio un jefe comunal minutos después de haber integrado una reunión de emergencia de la mesa ampliada del PRO bonaerense, a la que se sientan algunos de los líderes partidarios para definir temas relevantes. 

 

Este grupo planteó la necesidad de avanzar en una ley de seguimiento del CUD. Una de las posibilidades es insistir con la iniciativa de la senadora de la Primera sección electoral Daniela Reich, que propuso crear una comisión bicameral integrada por representantes de los distintos partidos para controlar un reparto "equitativo" de los fondos, algo que también quedaría establecido en un eventual nuevo gobierno.

 

La salida que encontraron para sortear este punto fue compensar los fondos perdidos por algunos municipios a través de los Adelantos del Tesoro Provincial (ATP). Según confió un legislador al tanto del minuto a minuto de las negociaciones, acordaron ceder mil millones de pesos en el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) y aumentar en dos mil millones de pesos los ATP. 

 

Otro de los puntos álgidos en la discusión fue la creación de siete mil nuevos cargos para el Servicio Penitenciario Bonaerense, en el marco de un plan de obras en toda la provincia para crear cárceles y alcaidías que completarán unas 12 nuevas plazas penitenciarias. El tema ya había generado discusiones cruzadas en las últimas semanas, antentos a la posibilidad de que la iniciativa llegue al recinto. El acuerdo al que llegaron fue bajar ese número a unos dos mil quinientos nuevos cargos y, eventualmente, sumar otros a medida que avance la construcción de los establecimientos. 

 

De esta forma, tal como había adelantado Letra P, el oficialismo y la oposición acordaron incluir 57.500 millones de pesos por el FIM y el Fondo de Seguridad -el pedido de Juntos había arrancado en 50 mil millones de pesos-, otros 2.500 millones por las pérdidas por inflación y otros 2.000 millones para contrarrestar lo perdido por el nuevo CUD. A eso, por pedido de los jefes y jefas comunales opositores, aunque también por el oficialismo territorial, acordaron 30% de estos desembolsos en marzo, otro 10 por ciento en abril para aquellos municipios que hayan abierto el proceso licitatorio y el resto, a lo largo del año, una vez que se presenten las certificaciones de obras. 

 

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