Desde hace al menos un año, una pregunta resuena en la sede central del Opus Dei, en Roma: ¿Qué está pasando en la Argentina? La conversación alcanza a las jerarquías españolas de la institución y recorre los más de 60 países en los que funciona, preocupados por hasta dónde puede escalar el escándalo por abusos y explotación que estalló en el cono sur, una de las tierras más fértiles de “la Obra”.
Esos interrogantes vino a tratar de responder o a intentar contener la “comisión de servicio” que desembarcó en el país el 20 de noviembre de manera inesperada y fuera de la agenda que tiene la organización católica para supervisar a sus autoridades regionales. Según reconoció a Letra P la vocera del Opus Dei, se trata de una visita "extraordinaria" vinculada a la reestructuración que se hizo desde Roma hace un año y que dio origen a la nueva Región del Plata.
Argentina es la cabeza de la autoridad de Paraguay, Bolivia y Uruguay. Son los cuatro países en los que nacieron las 43 mujeres que hoy ponen en jaque al Opus Dei porque denunciaron ante el Vaticano que fueron reclutadas cuando eran menores de edad para trabajar como mucamas en condiciones de servidumbre. Fue después de esa presentación en Roma que se inició la reestructuración que incluyó nombrar un nuevo vicario, el Vicario Presbítero Juan Llavallol”.
Llavallol es la máxima autoridad para Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay desde octubre de 2021, después de que la denuncia ingresara en el Tribunal para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede.
La denuncia ingresó en el Tribunal Apostólico del Dicasterio para la Doctrina de la Fe en septiembre de 2021 y generó la primera intervención de un papa en la organización ultraconservadora e intocable. Por medio de un motu proprio -un decreto papal-, Francisco le quitó privilegios a la institución y ejerce mayor control sobre la gestión y degrada la figura de su líder, que ya no podrá ser nombrado obispo. Así, dio vuelta las prerrogativas que le dio en 1982 Juan Pablo II -el gran benefactor del Opus Dei- al otorgarle la figura jurídica que necesitaba para la expansión mundial: ser la única Prelatura Personal de la Iglesia Católica, esto es, poder funcionar más allá de su organización territorial y con autonomía casi total.
La comisión de servicio llegó justo cuando se preparaba la conmemoración de los 40 años de aquella fecha, una de las más importantes para la vida del Opus Dei.
Entre quienes viajaron a Buenos Aires, están la directora mundial de la rama femenina, la española Isabel Sánchez, y el argentino Mariano Fazio, quien fue el titular de la región rioplatense hasta 2014 y hoy ocupa el primer lugar en la línea sucesoria de la máxima autoridad de la Prelatura en Roma.
La denuncia ante el Vaticano es por “abusos de poder y de conciencia con ulterior sometimiento de las víctimas a situaciones de explotación personal” y describe un sistema de reclutamiento de mujeres pobres para trabajar como servidumbre de miembros de élite y sacerdotes en residencias de puertas cerradas durante décadas y sin pago.
“Son varios delitos e incluso algunos que hoy son considerados de lesa humanidad, como la trata de personas, porque a estas mujeres las trasladaron entre países y provincias según las necesidades del Opus Dei, a algunas cuando todavía eran menores, y algunas vivieron hasta dos décadas en la Argentina sin documentos”, explica Sebastián Sal, abogado de las denunciantes.
La acusación de las 43 mujeres recorrió los diarios del mundo, incluidos The Washington Post y la BBC, y tiene pendientes a los círculos opusinos de los países en los que funciona la institución, porque el sistema instrumentado es idéntico y temen que las denuncias puedan replicarse. A pesar de las repercusiones, el Opus Dei no dio respuesta a las mujeres. En julio de 2022 creó una "Comisión de escucha", pero ninguna de las denunciantes se presentó. Al cierre de esta nota, la organización emitió un comunicado para anunciar la creación de una "Oficina de Sanación y Resolución" permanente. El objetivo, advierten las denunciantes, es que vayan de a una a "arreglar" su situación para frenar el reclamo colectivo.
Desde que el caso salió a la luz, las mujeres reclamaron la intervención del Estado. Durante más de un año, no hubo ninguna reacción. Ahora llegó la primera a través de la asesora presidencial y referente feminista Dora Barrancos, quien envió el tema a la diputada oficialista Mónica Macha y en octubre se presentó un pedido de informes al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. “Dora me comunicó la necesidad de usar las herramientas del Congreso para acompañar el proceso que están llevando adelante estas mujeres”, le dijo Macha a Letra P y agregó: “Tenemos una responsabilidad institucional frente a esto. Una institución religiosa que está autorizada por el Estado violentó todos los derechos de mujeres pobres desde que eran adolescentes. Es una situación intolerable en esta etapa de la historia y del movimiento feminista”.
El pedido de informes lleva la firma del diputado, también oficialista, Eduardo Valdés, exembajador ante el Vaticano y hombre cercano al papa. “La fe nos enseña que todos somos hijos de Dios y, por lo tanto, somos hermanos en la fe. El comportamiento de estas personas, que violaron los principios elementales de los derechos laborales, vulneró lo más sagrado del ser humano: su dignidad”, advirtió el legislador al fundamentar su decisión de acompañar la iniciativa.
El pedido será tratado en 2023 en el recinto y la intención de Macha es invitar a las denunciantes a dar testimonio. Así lo manifestó después de recibirlas, hace tres semanas: “Después de escuchar sus relatos en primera persona, tengo la convicción de que esto tiene que avanzar y que, como representantes, tenemos la responsabilidad de involucrarnos”, les dijo a las cinco mujeres la una reunión de más de dos horas que tuvo lugar en su despacho.
En caso de avanzar, el pedido de informes podría revelar puntos centrales del funcionamiento del Opus Dei en la Argentina que permanecen en las sombras: la Prelatura tiene como norma la “discreción” y tanto sus miembros como sus instituciones deben evitar revelar su vínculo. Entre algunos puntos del pedido, la organización debería informar sobre las formas de membresía, el vínculo con la institución de las 43 mujeres denunciantes, las condiciones en las que trabajaron, bajo las órdenes de quiénes y en qué lugares; además de la confirmación de un listado de 20 sacerdotes mencionados como sus confesores.
El punto que más podría molestar a la obra religiosa es el que indaga en la matriz jurídica y económica que posee la organización en la Argentina, a través de la que maneja asociaciones civiles, instituciones educativas, clubes, residencias de puertas cerradas y casas de retiro que el Opus niega que le pertenecen. En varias de esas residencias e instituciones es donde las 43 mujeres denuncian que vivieron en condiciones de semiesclavitud y reducción a la servidumbre.
En varios ministerios están siguiendo el tema a través de los medios, pero explican que no pueden intervenir. “Tenemos que esperar a que nos llegue un pedido de la justicia”, respondieron a Letra P fuentes de la Cancillería, donde, al cierre de esta nota, no sabían del pedido de informes que se está gestando en el Congreso. “Si nos llega, también tendremos que responder”, aseguraron.