Para el Estado argentino, el Opus Dei es una asociación civil que no posee nada. Si alguien fuera al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, solo encontraría allí un documento de su reconocimiento en la Dirección de Culto Católico como Prelatura Personal de la Iglesia Católica en 1992.
No hay nada más. Tampoco en la Inspección General de Justicia existe un registro centralizado de las más de 50 instituciones que tiene en la Ciudad de Buenos Aires. Lo mismo sucede en las oficinas provinciales: el Opus Dei dice que no tiene nada y se organizó para que parezca que así es.
¿Dónde está, entonces, esa institución tan poderosa? “Es como Dios: está entre nosotros, pero no lo podemos ver”, bromea un funcionario judicial con vínculo con la institución, en charla con Letra P. Un exmiembro de la organización que trabajó en la administración reconoce que, si hay algo que el Opus Dei ideó desde el comienzo, fue una matriz jurídica en las sombras.
Es cierto que el Opus Dei no posee propiedades directamente. En la Argentina, como en todos los países en los que está presente, maneja sus iniciativas culturales, educativas y sociales a través de una red subterránea: tiene al menos 17 asociaciones civiles y dos fundaciones que dirigen y administran más de 140 unidades entre las que hay colegios, clubes, centros culturales y de formación, una universidad y un hospital.
Además, posee propiedades inmuebles donde viven quienes son miembros o realizan actividades, como retiros; desde una mansión en la playa hasta varios edificios en el barrio más caro de Buenos Aires, son más de un centenar de propiedades millonarias.
“Las obras de apostolado corporativo son promovidas por fieles del Opus Dei y cooperadores, junto con otras personas, y tienen la garantía moral de la Prelatura, que se encarga de su orientación cristiana”, explica el Opus Dei tanto en su página web como en su oficina de comunicación. Sin embargo, el exnumerario y vocero de la Obra entre 1996 y 2005, Esteban López del Pino, reconoció hace un tiempo que “esas asociaciones son el Opus Dei”.
Eso lo saben quienes fueron y son parte, mujeres y varones, sea porque -en el caso de los miembros célibes- al ingresar tuvieron que elegir alguna de las asociaciones como destinataria de sus testamentos, porque tuvieron que integrar alguna comisión directiva o porque trabajaron en la administración de las instituciones y las casas. Cada asociación civil tiene su propia administración, pero todo se hace para el Opus Dei y se centraliza en el departamento legal.
En el 1950 de la calle Vicente López, en el barrio porteño de Recoleta, sólo hay un timbre y una placa de bronce que dice “Centro de Estudios Universitarios (CUDES)”. Allí funciona un centro educativo con cursos y actividades de extensión destinados a estudiantes del ciclo superior, y la sede de la Vicaría Regional, que reporta directamente a la Prelatura en Roma. No hay ningún cartel que diga Opus Dei, pero nadie que pase o haya pasado por ahí desconoce que es donde sucede casi todo. Tampoco hay identificaciones en el exterior de ninguna de sus sedes. Ni siquiera tienen nombres religiosos.
Por esa casa, que se inauguró a principios de la década del 80, pasaron ministros de todos los gobiernos democráticos, presidentes, legisladores, jueces, empresarios, periodistas y dueños de medios de comunicación, además de los intelectuales y académicos más encumbrados y de todas las ideologías y partidos.
“Algunos son habitués de la casa, amigos, pero lo que hacen muy bien es que invitan a todos”, dice un diputado.
La casa tiene un frente de dos pisos de unos 25 metros de largo, una torre de ocho pisos en la que viven sacerdotes y miembros numerarios varones y otra torre de seis pisos detrás, que es donde vivieron las 43 mujeres que denunciaron al Opus Dei por explotación. La propiedad se construyó sobre un terreno donado por la Municipalidad de Buenos Aires durante la dictadura de Alejandro Lanusse y se financió, en parte, con un subsidio entregado en 1980 por decreto del dictador Jorge Rafael Videla.
En esa misma dirección tiene su domicilio legal la Asociación para el Fomento de la Cultura (AFC), la primera que el Opus estableció en la Argentina en 1961; es decir, tres décadas antes de que fuera reconocido por el Estado Argentino. Es también la suborganización que más iniciativas apostólicas tiene en el país; presente en siete provincias, con una docena de residencias universitarias, centros de formación y casas de retiros.
Según declara ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), tiene una facturación anual estimada de entre 70 y 350 millones de pesos. Esa cifra es superior a la que declara la mayoría de las otras asociaciones, que tiene balances muy bajos. La que más movimiento de dinero declara es la Asociación Civil de Estudios Superiores (ACES), que está detrás de la Universidad Austral: tiene una facturación de entre 350 y 1.700 millones de pesos.
La AFC es la que manejó, durante 45 años, la "escuela de mucamas" por la que pasaron cientos de jóvenes, entre ellas, más de la mitad de un grupo de 43 que denunciaron abuso y explotación ante el Vaticano. Ahí las formaban como "sirvientas" profesionales -sin ningún título oficial durante varias décadas-: recibían clases de cocina, de cómo servir la mesa y de costura y modales, entre otras, y después las enviaban a trabajar a las residencias como numerarias auxiliares. No les pagaban: les decían que su tarea era "la vocación de servir a Dios".
Un abogado especialista consultado por Letra P explicó que, si hubiera voluntad de investigar a las asociaciones civiles ligadas al Opus Dei, se podría mostrar que "son meras asociaciones interpuestas, que no tienen voluntad asociativa propia sino que funcionan como fachadas constituidas únicamente a los fines de impedir el acceso a sus bienes".
Formar asociaciones civiles es el método común de las instituciones religiosas, católicas y otras y está permitido por la ley. “Grupos de fieles de cualquier religión pueden organizarse y formar una asociación civil con fines educativos o culturales, por ejemplo. No hay restricción en el vínculo con la Iglesia e, incluso, la asociación puede estar integrada por religiosos”, explican en la IGJ. Esta figura jurídica les permite exenciones impositivas, no les pone límites patrimoniales y solo tienen que explicar el origen y licitud de las donaciones o aportes a través de una declaración jurada.
A partir de la difusión de la denuncia de las mujeres que trabajaron sin pago ni aportes durante años, varios sindicatos se acercaron a las instituciones educativas del Opus Dei y encontraron muchas irregularidades en el registro del personal, que empezaron a ordenar.