Una “esperanza moderada” invade a Viviana Losada por estos días, próximos al veredicto que le dará el cierre a “la primera parte” de una historia que comenzó hace más de 40 años. El próximo jueves, el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín dirá si condena y qué penas atribuirá a siete militares y policías retirados por el secuestro y el asesinato de un grupo de militantes del PRT-ERP que estaban reunidos en la quinta "La Pastoril", en la localidad bonaerense de Moreno. Entre ellos estaba Rodolfo Ortiz, su excompañero y el padre de sus hijos. “El juicio es importante porque son nuestras víctimas las que, esperemos, por fin recibirán justicia; y también porque refleja como pocos la pelea por el sentido de lo que pasó durante aquellos años. Mucha teoría de los dos demonios, mucho negacionismo; pero no podrán”, aseguró la mujer.
Para Losada, la “enorme cantidad de testigos” que declararon ante el tribunal dejó “absolutamente probada” la hipótesis de acusación con la que se abrió el debate, en octubre pasado: el objetivo de las fuerzas conjuntas del Primer Cuerpo del Ejército, la Policía Federal y la Policía Bonaerense no era llevarse a nadie preso al irrumpir en la reunión del Comité Central del PRT-ERP y de la Junta Coordinadora Revolucionaria.
Mientras que quienes defienden a los acusados insisten en que el accionar de las fuerzas se debió a una denuncia del propietario de la quinta donde se llevó a cabo la reunión; sobrevivientes, familiares y exconscriptos pusieron al descubierto en sus declaraciones el nivel de planificación del operativo que acabó con una decena de personas muertas y desaparecidas. De hecho, durante el debate se exhibieron documentos secretos de agencias de seguridad estadounidenses que, a días de la masacre, detallaban cómo se perpetró y quiénes eran las víctimas.
“El juicio demostró que teníamos razón. Que participaron todos en el operativo; que fue el Ejército y la Policía, de civil y de uniforme; que no entraron para llevarse a nadie preso sino más bien para cumplir con el plan sistemático de exterminio; que los militares estaban desde antes en la zona de la quinta haciendo inteligencia”, resumió Losada en diálogo con Letra P a poco de conocerse la decisión del TOF5 en cuanto a las acusaciones contra los militares retirados Juan Carlos Jöcker, Juan Manuel Guiraud, Carlos Guardiola, Eduardo Sakamoto y Héctor Raffo, y contra los policías bonaerenses retirados Juan José Ruiz y Julio Pérez. Para todos ellos, la única querella en el debate pidió prisión perpetua. En tanto, quien representa a familias de víctimas, el abogado Pablo Llonto, solicitó también que en los fundamentos figuren -en base al derecho a la verdad- las imputaciones contra los acusados fallecidos Miguel Ángel Armúa y Omar Hernández.
Una reunión política que terminó en masacre
El 29 de marzo de 1976 un importante grupo de militantes de agrupaciones político militares de izquierda de Argentina, Chile, Bolivia y Uruguay participaba de una reunión de urgencia de la Junta Coordinadora Revolucionaria en Buenos Aires. El golpe de Estado había llegado con una virulencia que superó toda expectativa y tenían que definir cómo seguir. Quienes integraban el PRT-ERP, Tupamaros y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria deliberaban en el predio ubicado en Monsegur y Padre Fahy, en Moreno, cuando militares y policías -uniformados y de civil- irrumpieron a los tiros.
Mario Roberto Santucho, Benito Urteaga y Domingo Menna, de la dirigencia del PRT-ERP, lograron escapar y sobrevivir. Juan Mangini, Nelson Agorio y Héctor Chávez también escaparon llevando consigo a Eduardo Garbarino Pico, de 7 años; pero a pocas cuadras de allí fueron interceptados por personal policial que les disparó a quemarropa cuando se bajaron del automóvil que habían conseguido para huir. Tenían las manos en alto; se estaban entregando. El niño sobrevivió y los demás son víctimas junto con las otras personas asesinadas en la quinta: María Elena Amadío, Susana Gaggero de Pujals, Víctor González Lemos y Ruperto Méndez. Sus cuerpos, al igual que los de los otros tres, fueron inhumados como NN en el cementerio de Moreno e identificados décadas después. Completan la lista Leonor Herrera, Juan Domingo del Gesso, Héctor Villarreal, Carlos Elena y Rodolfo Ortiz, que participaban del encuentro, y Benigno Tomadoni y Mariana Pinault, vecinos de la zona. Todos fueron llevados a diferentes centros clandestinos. Los restos de Ortiz y de Herrera fueron identificados en 2004 en el cementerio de Avellaneda. Elena y Del Gesso permanecen desaparecidos.
El juicio reveló más víctimas
La Fiscalía pidió prisión perpetua para todos los acusados, menos para Guardiola por considerar que las pruebas “vertidas en el debate no aportaron elementos” que confirmaran la acusación con la que llegó a juicio, en cuyas audiencias hubo otras revelaciones. “Descubrimos que hay más víctimas”, señaló Losada. Se trata de personas que fueron secuestradas en las inmediaciones, pero en el marco del mismo operativo de la quinta "La Pastoril".
Así lo certifica con nombre y apellido lun cable redactado el 14 de abril del 1976 por la Agencia Central de Inteligencia estadounidense y desclasificado en 2018, que enumera: José Carlos Ferreyra, Francisco Gómez, Santiago Alberto Parodi, Juan Carlos Ortega Fernández, Jaime Mejía Devivo, María Isabel Gallegos Morales y Juan Domingo Márquez González. Tal la lista de personas “capturadas” y consignas en el informe reservado con el titulo “Redada de la Policía Federal Argentina en una conferencia de alto nivel de la Junta Coordinadora Revolucionaria”.
La Fiscalía, a cargo de Ángeles Ramos y Esteban Bendersky, solicitó al TOF5 la extracción de testimonios para investigar el secuestro y las torturas de estas personas; como también el secuestro y los tormentos sufridos por Florencia Mangini, Natalia Ximena Villarreal y Aníbal Viale, quienes entonces tenían menos de 10 años.
