"Sale, pero no hay fecha todavía", es la respuesta que escuchan los movimientos sociales en el Gobierno sobre la aplicación de un ingreso complementario para las personas en situación de indigencia durante los últimos tres meses del año. Su aplicación es uno de los principales reclamos del Frente Patria Grande, que tiene tres bancas en Diputados y amenazó con irse del bloque oficial. No es el único sector del Frente de Todos que espera un anuncio cuanto antes: Cristina Fernández de Kirchner encabezó la reedición del reclamo luego de que el ministro de Economía, Sergio Massa, presentó el proyecto de Presupuesto 2023. Faltan definiciones técnicas, pero, según confiaron en el oficialismo, también decisiones políticas que tendrán un impacto directo en el programa que aplicará la ANSES, conducida por Fernanda Raverta. Cierta preocupación sobrevuela en las bases: que el bono sólo se reparta dos meses.
El Palacio de Hacienda, escribió la vicepresidenta en su cuenta de Twitter ,"ha trabajado duro en todas las áreas de su competencia, pero es necesaria una política de intervención más precisa y efectiva en el sector y, al mismo tiempo, diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia". Fue un tirón de orejas para Massa y un pedido de celeridad para que finalmente aplique el programa de asistencia. En su advertencia, la titular del Senado no mencionó que una parte de esa iniciativa ya está prevista en el DNU 576, firmado por el presidente Alberto Fernández para implementar el "Programa de Incremento Exportador", el nombre mecanismo que instauró el dólar diferencial para los exportadores de soja.
El decreto data del 4 de septiembre y comenzó a regir el 5. Este martes se cumplirá un mes del DNU y la vigencia del "dólar soja" concluyó el viernes pasado. De esa medida ejecutiva todavía queda el cumplimiento del capítulo cinco del DNU, que define la finalidad del Fondo de Incremento exportador, constituido con la recaudación de las retenciones cobradas por la soja declarada. Según los fundamentos y del artículo 9 del decreto, una parte tiene que financiar "una prestación monetaria extraordinaria no contributiva y de alcance nacional que asegure una adecuada alimentación para las personas en situación de extrema vulnerabilidad". También tiene que poner en marcha "programas que estimulen la producción y el desarrollo de pequeños y medianos productores y de economías regionales".
Según ese artículo, debería ser creado un ingreso complementario por tres meses para los trabajadores de la economía popular cuyos ingresos no alcanzan a cubrir la canasta básica alimentaria. Sería de 16.500 pesos y entregado por la ANSES. Una semana de demora en su anuncio patearía la entrega del bono recién al próximo mes, noviembre; esto es lo que sectores del oficialismo tratar de evitar.
En cambio, no hay precisiones sobre los programas para las economías regionales y los pequeños productores. Algunos funcionarios arriesgaron que podrían concretar las devoluciones de las compensaciones para pequeños y medianos productores de soja que fueron afectados por la suba de retenciones que dispuso el entonces ministro Martín Guzmán. El jueves, el diputado lavagnista Topo Rodríguez le preguntó a Massa cuándo iban a cumplir con esa promesa y el ministro dijo que asumían el compromiso y que tenían que saldar esa deuda, porque su antecesor buscó que sólo se hicieran efectivas las compensaciones hasta diciembre de 2020. Otros funcionarios vinculados con ese proceso aseguran que el capítulo para los pequeños productores llevarán más tiempo.
Esos nudos se desatarían una vez se haya resuelto el artículo 10 del DNU 576. El Palacio de Hacienda tiene que destinar "una proporción de las sumas que el Estado Nacional efectivamente perciba, de manera incremental, en concepto de derechos de exportación". Definir ese monto es una potestad de Massa que tiene que "establecer la proporción de las sumas que se afectarán a cada uno de los destinos indicados en el artículo nueve". Esa cifra no sólo dependerá de Massa, sino de Cristina Kirchner, que sigue la evolución de este trámite con detenimiento.
La definición de esa cifra es clave. En el Ministerio de Economía no contestaron a las preguntas de Letra P, pero otras fuentes oficiales se animaron a precisar que las definiciones del artículo 10 se conocerán esta semana. Lo mismo sucede con el postergado anuncio del ingreso complementario, cuya aplicación es producto de un duro tironeo entre el Gobierno y el Frente Patria Grande. Su principal dirigente es Juan Grabois y tiene tres bancas dentro del FdT ocupadas por Natalia Zaracho, Federico Fagioli e Itai Hagman.
El reclamo original era la creación del Salario Básico Universal y fue Hagman el encargado de presentarlo. Cambió a un programa de ingreso complementario para personas en situación de indigencia. Para contener el reclamo la senadora del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, presentó un proyecto de ley para crearlo. La idea es que luego del próximo trimestre ese ingreso sea garantizado por una ley. El oficialismo podría obtener la aprobación del proyecto en el Senado, pero hay pocas chances de que pueda sumar los apoyos necesarios en Diputados, porque el Frente de Todos tiene 117 votos y llegar a los 129 será todo un desafío.
