El decidido paso con que Juan Schiaretti inició el año para recalibrar su anhelada proyección nacional puede encontrar su primer obstáculo en un par de días cuando enfrente su primer contratiempo. En febrero, aún sin fecha concreta, el gobierno provincial deberá sentarse con los gremios estatales para definir la pauta salarial correspondiente al año en curso.
Los sindicatos ya hicieron saber que llegarán a la discusión paritaria con un pedido inclaudicable: alcanzar una suba que les permita recomponer su menguado poder adquisitivo.
Las entidades gremiales barajan cifras impactantes: al menos un 60% de aumento para el tramo que se extenderá entre febrero del corriente año y enero de 2023. No hay registros, en tiempos cercanos, de una vara tan alta para el sector público cordobés.
La referencia se descompone en dos partes. Por un lado, un reconocimiento por la brecha entre la pauta salarial y la inflación del pasado año. En 2021 los trabajadores y trabajadoras obtuvieron una mejora del 45.5%, por debajo del aumento oficial de bienes y servicios, calculado en 50.9% a nivel nacional.
“La provincia tiene una deuda con el sector público. Hay entre 5 y 6 puntos de diferencia para reponer la pérdida de poder adquisitivo. Ni hablar de los jubilados, que por el diferimiento tienen una recuperación salarial más lenta”, explica Juan Monserrat, titular de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), en declaraciones a Radio Universidad.
Por otro lado, las conducciones gremiales apelan a estimaciones privadas y públicas, que ubican a la inflación de este año con un piso del 55%. Un piso del cual muchos ya desconfían.
“El Relevamiento de Expectativas de Mercado, que elabora el BCRA consultando a distintos actores económicos, marca que el piso de la inflación para 2022 está entre el 54.8% y el 60%. Esas expectativas marcan el rumbo de nuestra negociación”, amplía el dirigente gremial.
“Estamos todos en sintonía. Un 60% para sentarnos a charlar. Podemos plantear algo más. Que el bono que dan a profesionales de la salud, recientemente actualizado a $ 10.000, quede fijo en el sueldo. Y que se extienda a todos. Eso representa unos puntos más y tendría impacto inmediato”, añade Ricardo López, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Salud (ATSA)
El planteo sobre la pauta del 2021 no es nuevo. En diciembre, los sindicatos solicitaron una reapertura de paritaria para una recomposición por los cinco puntos porcentuales. El pedido no fue tenido en cuenta. Tampoco un bono extraordinario de fin de año, medida implementada por el gobierno nacional y otras administraciones.
Aquella negativa no fue explicitada oficialmente. Desde el gobierno provincial optaron por el silencio, que sólo interrumpieron para anunciar el incremento del bono para trabajadores de la salud.
Un mes después reina similar hermetismo. Distintos funcionarios prefieren evadir la cuestión, deslindando responsabilidades. “Se cocina en mesa chica”, dicen a Letra P desde un importante ministerio. “Se decide arriba”, indican desde otra secretaría. “Por ahora no han dicho nada”, añaden en otra cartera.
Cada planteo gremial se nutre de información pública que el gobierno presenta para acreditar un modelo de gestión eficiente. Según datos oficiales, durante 2021 Córdoba recaudó $500 mil millones, cifra que marca un alza del 11% respecto del 2020.
“La provincia se jacta de tener un superávit de $192 mil millones y que mensualmente su recaudación está por encima de la inflación. Sería hasta lógico que tenga un reconocimiento para trabajadores en salud, educación y seguridad, actividades centrales para el funcionamiento del Estado.”, apunta Monserrat.
Los trabajadores y trabajadoras también observan los aumentos autorizados a las tarifas de servicios públicos concesionados. “Para los peajes se ha permitido un 30% en un solo tramo, a partir de enero. Eso habla de las expectativas. Tal vez 30% deba ser el primer tramo, pero no podemos bajar del 60%”, indican desde otra agremiación.
El presupuesto aprobado para 2022 prevé un 33% de aumento para los estatales, poco más de la mitad de lo mencionado. Tal cifra iba en línea con la inflación prevista por la fallida aprobación del Presupuesto en la Cámara de Diputados.
La aceptación del planteo gremial será una decisión política. Los sindicatos lo saben y anticipan un escenario que puede ser conflictivo ante un gobernador afín a las cámaras empresarias.
“Schiaretti representa a los sectores de poder económico, con un discurso amigable para sus oídos: que no se les cobren retenciones, se bajen impuestos y se achique el Estado. Hoy, cualquier trabajador público de Córdoba pierde dinero. Se puede ver en el sector docente, con un salario inicial de poco menos de 60 mil pesos”, analiza Monserrat.
“El atraso salarial es indisimulable. Y lleva varios años. No hay voluntad de reconocerlo por parte del gobierno. Tampoco de cumplir con algunas promesas, como la de restablecer la simultaneidad de actualizaciones salariales para jubilados”, amplían desde el Sindicato de Empleados Públicos (SEP).
“Tendrá que primar la unidad de los gremios para que ninguno quiera cerrar por menos del porcentaje del que hablamos. Quizás al estar en un año en que empiezan proyectarse electoralmente quieran evitar una situación conflictiva”, aventuran desde otro de los gremios que se sentarán a la mesa de negociaciones.