18|11|2021

Si seguimos atados al barril sin fondo de destinar los recursos al pago de la deuda, no hay reactivación económica posible. 

Hacer política económica es definir prioridades. Significa, más allá de la retórica, precisar a qué sectores sociales se atiende poniendo la mayor cantidad de recursos y a cuáles no. Y en esto hay un dato insoslayable. El gobierno de Alberto Fernández ha venido priorizando desde su asunción los pagos de deuda externa por sobre resolver las más urgentes necesidades populares. A contramano de su discurso de “dedicarse a los más vulnerables”, ya lleva pagados 7.500 millones de dólares. 

 

La pregunta de a dónde va el Gobierno se formula desde posiciones muy distintas del espectro político, económico e ideológico. Cuando nos referirnos a la existencia de un plan económico, nos colocamos en las antípodas de aquellos que sostienen que la existencia de dicho plan implica “equilibrios macroeconómicos” que sólo se alcanzan con ajustes para el pueblo trabajador. 

 

Nos referimos, en cambio, a si existen posibilidades de reactivación económica, mejora de los ingresos populares, creación de empleo y un Estado que pueda financiar de verdad salud, educación y viviendas dignas para todos. Si hay un horizonte de crecimiento económico que pueda ir en esa dirección en el corto y mediano plazo. 

 

Este último mes se ha dado una aceleración de esos pagos. El 9 de julio se abonaron 115 millones a los bonistas del canje cerrado en agosto del año pasado. Posteriormente, se le entregaron otros 225 millones al Club de París. Y ahora, en agosto, se pagan 345 millones por vencimientos de intereses al propio Fondo Monetario Internacional. 

 

Agreguémosle a todo esto que, según informó la propia vicepresidenta Cristina Fernández, los 4.355 millones de dólares que enviará el FMI a nuestro país en Derechos Especiales de Giro (DEG), supuestamente como parte de un programa mundial para atender la pandemia del covid-19, serán utilizados para cumplir con los pagos al propio Fondo de 1.800 millones de dólares en septiembre y probablemente otro tanto a fin de año, en el caso muy probable de que no se culminen antes las negociaciones para el nuevo acuerdo con el FMI.  

 

Pero esto no es lo peor. A pesar de todos estos pagos, nuestro país sigue debiéndole casi 50.000 millones de dólares al FMI, por el préstamo que en su momento tomara el gobierno de Mauricio Macri (y que, como se sabe, se destinó a financiar la fuga de capitales de los especuladores financieros). El ministro de Economía, Martín Guzmán, está en plenas negociaciones con el organismo para firmar un acuerdo de renegociación. Es lo que se denomina un pacto de “Facilidades Extendidas”. Un típico acuerdo con el Fondo: a cambio de correr los vencimientos por cuatro años, la Argentina se comprometerá a un ajuste mucho más fuerte que el actual, que puede incluir reformas laborales, previsionales y fiscales.

 

En síntesis: no hay reactivación posible y sostenida, y muchos menos un proyecto de desarrollo viable, si seguimos atado al barril sin fondo de destinar nuestros recursos a los pagos de deuda. Y si nuestra política económica es sometida a ese objetivo y peor aún, auditada a tal efecto por el Fondo Monetario Internacional. La única salida es justamente la opuesta: suspender inmediatamente todos los pagos de deuda y romper los lazos políticos y económicos que nos someten al FMI, para entonces sí, volcar todos los recursos que tenemos a resolver las más urgentes necesidades populares: trabajo, salario, salud, educación y vivienda.