La Legislatura de Neuquén aprobó un proyecto de declaración por el cual se le pide a la Secretaría de Energía de la Nación, bajo el mando de Darío Martínez, que ordene la puesta en marcha de programas de uso racional del agua a todas las generadoras que operan los aprovechamientos hidroeléctricos emplazados en los ríos Limay y Neuquén. La propuesta generó una división en el bloque del Frente de Todos (FdT) a la hora de votar, que demostró los notables contrastes internos del espacio.
La iniciativa apunta a fijar un límite a la demanda energética ante la sequía que afecta los ríos de la región, al tiempo que se expresa a favor de que se garantice, en forma previa a la finalización de los contratos de las concesiones hidroeléctricas (en el año 2023), la administración de los recursos hídricos por parte de las provincias ribereñas, “con el fin de permitir su aprovechamiento integral, evitar el uso abusivo de los cuerpos de agua e impedir perjuicios a los habitantes”.
Al respecto, el diputado del FdT Mariano Mansilla dijo que la situación deriva no sólo de muchos años consecutivos de sequías sino también del vaciamiento por parte de las centrales hidroeléctricas operadas fuera de la provincia. Aseguró que la declaración de la Emergencia Hídrica por parte de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) fue la más importante desde su creación y bregó por la recuperación de la administración de las hidroeléctricas “porque los neuquinos somos los verdaderos propietarios”.
En contra votó su compañero de bancada Darío Peralta, quien consideró inoportuno y contradictorio que la comunicación se dirija a la Secretaria de Energía “cuando el manejo del agua corresponde a la AIC y son ellos los que deben propiciar el uso racional del agua”. Como explicó Letra P, Peralta es uno de los armadores de Martínez en la provincia y es la voz y los ojos del funcionario nacional en el ámbito legislativo provincial.
A su turno, el diputado César Gass (Juntos por el Cambio) votó a favor pero pidió el tratamiento de un proyecto de su autoría que solicita que la provincia administre las represas una vez finalizados los contratos de concesión dentro de dos años. En este sentido, desde el Movimiento Popular Neuquino (MPN), la legisladora Lorena Abdala explicó que hay una concesión, que se vence dentro de dos años, que "está en manos de la Secretaría de Energía de la Nación". "Por eso es que esta comunicación va dirigida hacia quien tiene la relación hoy con las hidroeléctricas”, sostuvo.
En tanto, desde el FIT, Patricia Jure cuestionó que no se controle con mayores exigencias las operaciones de las hidroeléctricas que producen energía a partir de la cuenca neuquina “y en cambio se señala el consumo humano y se lo busca reducir”. Por su parte, Andrés Blanco (PTS-FIT) se refirió el calentamiento global, el cambio climático, la quema de humedales y el fracking como las causas de la actual crisis hídrica.
