Boleta única de papel, la obsesión de la cruzada de la transparencia

Los fracasos reiterados de Juntos por el Cambio (JxC) en su intento de imponer el uso de la boleta electrónica en los comicios, ahora quemada en la hoguera del descrédito, no impide que las comunidades de fe sigan bendiciendo las iniciativas ciudadanas y legislativas que buscan alternativas para "garantizar la transparencia y equidad de los procesos electorales". Es toda una cruzada contra el gobernante Frente de Todos (FdT), que se aferra a lo que considera la “robustez” del sistema de votación vigente y cuya conducción no parece dispuesta a desechar las tiras de listas sábana.

Sin importar quién resida en la Casa Rosada, las voces más representativas de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) vienen predicando desde hace décadas -aunque con puntos de interés fluctuantes- por un modelo de sufragio, fiscalización y escrutinio más simple y ágil y, sobre todo, exento de sospechas de “voto cadena”, adulteración y robo de boletas y fraude.

Las dos máximas instituciones cristianas no se quedan solo en el reclamo de un cambio de paradigma de votación, tampoco en la mera exigencia de volver a revisar el sistema de financiamiento de los partidos políticos modificado en 2019 a fin de habilitar los aportes privados para campaña. Van por más: una urgente reforma electoral integral que, según argumentaron a Letra P en ambientes eclesiásticos, obedezca "más a los intereses del pueblo" que al provecho partidario.

Mientras hacen lobby con ese objetivo de máxima, la comunidad de los credos “acompaña y avala” -según reconoce- la iniciativa redactada por organizaciones de la sociedad civil a fin de instrumentar la boleta única de papel en próximas elecciones, un proyecto que motorizan la Red Ser Fiscal, Poder Ciudadano, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA), la Asociación Conciencia, el Colegio de Abogados de Buenos Aires, la Asociación Civil por el Acceso a la Justicia (ACIJ), Transparencia Electoral Argentina, B’nai B’rith y una veintena de instituciones más.

La propuesta tiene, además, su correlato legislativo en el proyecto de ley que impulsan en la Cámara de Diputados Graciela Ocaña (Confianza Pública-CABA), Mayda Cresto (FdT-Entre Ríos), Marcela Campagnoli (Coalición Cívica-Buenos Aires), Brenda Austin (UCR-Córdoba), Ingrid Jetter (PRO-Corrientes), Paulo Cassinerio (PJ-Córdoba), Gustavo Menna (UCR-Chubut), Omar De Marchi (PRO-Mendoza) y Enrique Estévez (Partido Socialista-Santa Fe). Esta variopinta representación parlamentaria logró consensuar la adopción del sistema de boleta única de papel con una sola papeleta para todas las categorías, tras sopesar los modelos probados en Santa Fe (única por categoría) y Córdoba (única comprensiva de todas las categorías en disputa).

La obsesión legislativa opositora por ese proyecto, contracorriente del sistema electoral en uso que defiende el peronismo, quedó evidenciada en el reciente acto partidario donde Ocaña, número dos de la lista de Juntos para la Cámara de Diputados por la provincia de Buenos Aires, la nómina que encabeza Diego Santilli, anticipó que trabajará en el Congreso por la boleta única de papel y también por la “ficha limpia”, que impide la postulación para cargos públicos de personas con condenas firmes.

La última entidad en subirse a la ola que arrastra esta iniciativa fue -bendición episcopal mediante- la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), que fundamentó su adhesión en los “grandes beneficios” que, considera, implicaría la instrumentación de la boleta única de papel. “Representa de manera más fidedigna la elección de los votantes al conjurar prácticas como el denominado ‘voto cadena’ o la adulteración, destrucción o robo de boletas”, “reduce los recursos económicos necesarios para imprimir boletas y los recursos humanos necesarios para repartirlas y ejercer la fiscalización” y “pone la responsabilidad de la impresión y distribución de las boletas en cabeza del Estado garantiza la presencia de la totalidad de la oferta electoral”, señaló.

ACDE se autodefine como una asociación de mujeres y hombres de empresa inspirados en los valores cristianos y con un compromiso social en una labor “regida por principios éticos y al servicio del bien común”. Presidida por Gonzalo Tanoira (vicepresidente de la firma citrícola San Miguel y director del Grupo Peñaflor), la entidad fue fundada en 1952 por un grupo encabezado por Enrique Shaw (Cristalerías Rigolleau), a quien la Iglesia católica vernácula propone y reza para que sea finalmente declarado el primer empresario santo del mundo.