La transformación digital y el cambio en las formas de consumo de noticias generaron una crisis en el modelo de negocios de los medios de comunicación. A esto deben sumarse las limitaciones de los mercados publicitarios en el país y la competencia de las plataformas digitales. Algunas experiencias encontraron mecanismos para apoyarse en el aporte directo de sus públicos. Pero formatos de este tipo no han madurado aún, y tal vez nunca lo hagan. De hecho, la última encuesta del Instituto Reuters señala que sólo 15% de la ciudadanía paga para leer noticias digitales en la Argentina. En este contexto, la publicidad oficial asumió un rol fundamental, pero es un arma de doble filo que atenta contra el pluralismo informativo.
En los últimos años, la publicidad oficial nacional, provincial y municipal asumió un papel relevante en el sostenimiento de las empresas mediáticas. Según el Monitoreo de la Propiedad de los Medios, en 2017 la inversión de los cuatro distritos más importantes del país y del Ejecutivo nacional representaba 24% del mercado publicitario total en medios, vía pública y cine.
Sin embargo, la publicidad oficial tiene dos caras: se presenta como herramienta para difundir información y campañas de interés público, pero también funciona en los hechos como un subsidio tácito para apuntalar las finanzas de los medios. Su asignación discrecional, la falta de transparencia en la mayoría de las provincias y municipios, su falta de regulación y el condicionamiento que supone lo convierte en un sistema que encierra inequidades y puntos opacos
Desnaturalizar el funcionamiento de la publicidad oficial lleva a preguntarse si es posible impulsar en Argentina un subsidio que fortalezca el pluralismo informativo y el periodismo local sin comprometer líneas editoriales. Existen ejemplos internacionales y medidas implementadas en el país que permiten pensar en una respuesta afirmativa.
Cuando las consecuencias económicas del aislamiento frente al covid-19 comenzaron a sentirse, muchos medios, incluidos los de mayor tamaño, utilizaron los beneficios del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Además, la Secretaría de Medios anunció en junio un subsidio de 200 mil pesos para la reparación o adquisición de equipos de medios sin fines de lucro. La medida incluye un monto superior a los irrisorios 28 mil pesos ofrecidos en la convocatoria anterior. Además, parece una compensación insuficiente frente a la falta de concursos del fondo de fomento al sector, garantizado por ley, y a la marginación de estas organizaciones de la publicidad oficial.
Francia tiene una larga tradición de subsidios directos e indirectos a los medios escritos locales y regionales, que también alcanza a grandes firmas y a revistas. Además, en el marco de medidas durante la pandemia, el Congreso de ese país aprobó un crédito fiscal para quienes se suscriban a diarios o revistas de asuntos generales o políticos. Se trata de una deducción impositiva de hasta 50 euros para quienes inicien una suscripción por al menos 12 meses. En la misma línea, el gobierno de Canadá lanzó un crédito fiscal no reembolsable para las suscripciones a portales de noticias digitales. La medida, con vigencia entre 2020 y 2024, permite recuperar hasta 15% sobre los montos pagados. Con esto se intenta incentivar el acceso a las noticias originales y contribuir al financiamiento de los medios.
En Estados Unidos una coalición de medios locales y sin fines de lucro se preguntó recientemente cómo puede el gobierno ayudar a salvarlos sin poner en riesgo su independencia editorial. La articulación Rebuild Local News presentó un plan de apoyo económico a través de créditos fiscales en forma de membresías y donaciones. Además, propuso medidas impositivas para la creación de medios no lucrativos e incentivos económicos para reporteros regionales.
En el Reino Unido existe desde 2016 un subsidio a los medios locales comerciales. Estos recursos surgen de un porcentaje menor, aunque relevante, del canon anual que pagan los hogares británicos para sostener a los medios públicos. En este caso, el aporte estatal exige contraprestaciones como la cobertura de temas de interés de las comunidades y el tratamiento no faccioso de las noticias.
Romper con la lógica de la publicidad oficial podría limitar las presiones políticas a las coberturas periodísticas. Se puede pasar de un subsidio irregular al acompañamiento editorial, a un subsidio al pluralismo que incorpore exigencias a los beneficiados. Apoyar desde el Estado la producción de noticias, y especialmente el periodismo local, puede favorecer apuestas profesionales más allá de los grandes centros urbanos del país.
