03|8|2021

Digitalizar es gobernar

11 de julio de 2021

11 de julio de 2021

Los sistemas informáticos de los gobiernos de todo el país han presentado diferentes tensiones, en gran medida ignoradas por las autoridades.

Los sistemas informáticos de los gobiernos de todo el país han presentado diferentes tensiones, en gran medida ignoradas por las autoridades. La interrupción de procesos, junto con la inacción gubernamental ante la digitalización documental, son algunos de los factores que reflejan el deterioro en las gestiones administrativas que sostienen el orden social y productivo en la Argentina.

 

Pocas veces en su historia el rol del Estado presente se vio tan exigido como en este momento. El confinamiento preventivo impuesto para reducir la transmisión del virus incrementó la demanda de herramienta digitales que permitieran continuar las actividades económicas, educativas, sociales, productivas y gubernamentales de forma remota. En este contexto, algo que resulta una obviedad a esta altura es que los gobiernos deben invertir en tecnología para entablar una nueva relación con la ciudadanía, evitando interrupciones y sosteniendo un funcionamiento permanente.

 

Hoy, la inclusión digital afecta dimensiones centrales del desarrollo humano con la rutina del teletrabajo y las clases virtuales adoptadas masivamente como respuesta a la cuarentena. La pandemia puso a prueba la infraestructura de las redes en todo el mundo, y Argentina no ha sido la excepción. Muchas organizaciones debieron trabajar con los sistemas heredados, realizando una suerte de "arqueología del software".

 

La digitalización documental de los datos gubernamentales, registros y expedientes administrativos es el primer paso para poder acceder a los miles de datos que los Estados tienen almacenados, y que permanecen ocultas tras la sombra del papeleo. El futuro se nos adelanta, por eso la falta de continuidad en los procesos de digitalización produce casos que perjudican seriamente a la ciudadanía que pueden ser evitados.

 

Un claro ejemplo reciente se vio en el reclamo que distintos profesionales de la salud le hicieron al Ministerio de Salud de la Nación: casi 400 médicos generalistas, enfermeros y psicólogos aseguraban que, desde el 30 de marzo, la cartera sanitaria les había cancelado los turnos para la matriculación, en un contexto de permanente demanda de recursos humanos calificados. La falta de recursos digitales de administraciones débiles, por un lado, muestra claramente los "cuellos de botella", y exhibe -de una forma dramática- las inequidades e ineficiencias del sistema sustentado en el papeleo.

 

Hace casi cinco años que se aprobó la implementación de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) como medio de interacción del ciudadano con la administración, a través de la recepción y remisión por medios electrónicos de presentaciones, seguimiento, solicitudes, escritos, notificaciones y comunicaciones y de uso obligatorio por parte de las entidades y jurisdicciones que componen el Sector Público Nacional. Sin embargo, pareciera que no se ha instrumentado fehacientemente en el Área de Registro Único de Profesionales porque aún nadie tomó la correcta decisión de romper con las viejas prácticas de las actuaciones en formato papel que relentifican año tras año la matriculación y la rematriculación de profesionales de la salud. Con la digitalización documental se logra que los servicios públicos sean abiertos, transparentes, simples y orientados hacia el ciudadano sin intermediación de nadie.

 

El precio de la inacción ante las nuevas tecnologías es muchísimo más alto que las recurrentes excusas planteadas por quienes se resisten a mejorar las cosas. Sería impensable transitar esta pandemia para cualquier país sin el apoyo efectivo de la digitalización. Es innegable el efecto beneficioso que el acceso a internet genera en la prestación de servicios públicos ante la emergencia. Tal como vimos reflejados con el IFE, el ATP, la AUH y el Repro2, entre otros, a los cuales accedieron millones de personas y empresas. No hizo falta la presencialidad ni un formulario en papel. Esto resulta posible gracias a la inversión presupuestaria en digitalización realizada con anterioridad por los ministerios de Desarrollo Social, de Producción y en el de Trabajo; articulando con la infraestructura del Renaper, la Anses y la AFIP.

 

En una época en que la confianza en la política está herida y es frágil, las nuevas tecnologías ofrecen la oportunidad de reconstruir la competencia y la credibilidad. La proactividad de los organismos públicos para enfrentar los actuales cambios determinará la capacidad de un gobierno de adoptar soluciones eficientes en la etapa post-covid. Para los funcionarios y funcionarias -más allá de su partido-, la gestión digital ayuda a agilizar las transformaciones y refuerza el sentimiento de esperanza mientras superamos la crisis sanitaria. Si las instituciones públicas tienen escasa fortaleza digital, será muy difícil o imposible alcanzar las capas sociales más necesitadas de políticas públicas redistributivas. En consecuencia, el apoyo a la digitalización es también una contribución a la gobernabilidad democrática, mejora la capacidad de respuesta institucional del estado y de los gobiernos, promueve el ejercicio de los derechos humanos, apoya el desarrollo territorial y la gestión de los gobiernos provinciales. Por una vida en pleno derecho y acceso.