Hace tres semanas el Senado aprobó por unanimidad de los presentes la creación de una Comisión Bicameral para controlar la hidrovía Paraná - Paraguay. Faltan siete días para que se cumpla un mes de su envío a la Cámara de Diputados y en el oficialismo no hay precisiones sobre qué destino tendrá la iniciativa impulsada por la senadora María de los Ángeles Sacnun, con el activo respaldo de su compañero de bancada, el excanciller Jorge Taiana. Dos de los legisladores más cercanos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La iniciativa fue aprobada por 59 votos y contó con el respaldo de Juntos por el Cambio. El organismo tendrá amplias facultades para controlar "el proceso licitatorio" de la hidrovía y contará con doce miembros, a razón de seis integrantes por cada Cámara.
En el Senado fue tramitado por las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside Sacnun, y de Presupuesto, en manos de Carlos Caserio. Ante las consultas de este portal, en Diputados no aportaron definiciones sobre el giro del proyecto, pero podría pasar por las comisiones de Legislación General, que preside Cecilia Moreau, y de Presupuesto, que conduce Carlos Heller. También podría ser girada a Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, encabezada por el macrista Juan Aicega, pero en el oficialismo buscarían evitarlo de acuerdo a los tiempos que elijan para el trámite.
Los giros no fueron confirmados y en el FdT no exhibieron apuro, aunque se trata de una iniciativa que tiene el respaldo del kirchnerismo para controlar la concesión de la autopista fluvial, que venció a fines de mayo, fue prorrogada por 90 días mediante un decreto presidencial a favor de la bonaerense Emepa de Gabriel Romero y de la belga Jan de Nul, que explotan el tráfico logístico del Paraná desde hace 25 años mediante la firma Hidrovía S.A. La operación involucra a nueve provincias ribereñas del norte argentino y canaliza casi toda la exportación de granos hacia el exterior.
Tal como anticipó Letra P, el Gobierno ya tiene el borrador de un decreto para definir la futura licitación. Fue diseñado por el Ministerio de Trasporte de la Nación, y busca entregarle la concesión del mantenimiento del río a la Administración General de Puertos (AGP), una sociedad del Estado que quedaría encargada de tercerizar el servicio a un privado. De ese modo se reordenaría el control del peaje para pagar por esas tareas a una operadora. Los plazos son materia de estudio pero podría empezar por 12 meses y extenderse a 15 años.
La alternativa es considerada como una virtual estatización de la hidrovía por la oposición. Dentro del oficialismo también divide aguas, especialmente entre el kirchnerismo y el massismo, que controla la cartera de Transporte desde el inicio de la gestión de Fernández. Empezó en manos de Mario Meoni hasta su muerte, y ahora es controlada por Alexis Guerrera. El nuevo ministro ya anticipó que el Estado no planea estatizar el manejo de la hidrovía, aunque la iniciativa que diseñan en su cartera busca combinar el control estatal con la participación privada en el dragado y balizamiento, pero también en el cobro del peaje.
En ese proceso, una eventual Bicameral que se meta en la operación genera silencios e intrigas en la Cámara baja. Si la iniciativa prospera, el Congreso podría meterse se lleno en la fiscalización de la licitación de la vía navegable y también en su operación. Contaría con mayoría del oficialismo y amplias facultades para intervenir, una opción que pone de los pelos a las empresas de logística y los jugadores del negocio, tan empeñados en impedir la estatización como el control legislativo.
También hay resistencias en el oficialismo porque, si prospera la Bicameral, el titular de Transporte deberá explicar por qué no se creó la empresa estatal proyectada originalmente para licitar y administrar el corredor marítimo. También que explique cuándo se construirá el nuevo Canal Magdalena, que formalizaría la dimensión natural de la hidrovía con la inclusión de su capítulo bonaerense. Las obras se encuentran incluidas en el Presupuesto 2021 y tampoco hay precisiones sobre su desarrollo.
La iniciativa que involucra a la AGP podría sortear buena parte de esas dificultades, pero evoluciona bajo reserva. Lo mismo sucede con el rol que jugará Diputados en la problemática. Sus autoridades estarían esperando una señal del Ejecutivo que surgiría de un plan de acción que podría ir más allá de la licitación.
