25|6|2021

¿Qué es el periodismo? ¿O qué debiera ser, si es que aún le cabe algún tipo de función social? Ambos interrogantes resultan opacos para una profesión en crisis.

Nacido como un oficio fuertemente ligado a intereses político partidarios, su profesionalización a fines del siglo XIX y principios del XX estuvo marcada por avances tecnológicos que moldearon la edad de oro de la comunicación de masas. Según los viejos manuales, el periodismo es una actividad que consiste en la recogida de información con el fin de elaborarla, editarla y difundirla a través de diferentes soportes y plataformas. Idealmente está orientado por condicionamientos relativos al interés público, como la noticiabilidad y el control de los factores de poder, y regido por normas que hacen a la buena praxis, como el chequeo, la contrastación, la diversidad y el pluralismo. Desde un lugar monopólico en el manejo de la información socialmente relevante, el periodismo y los periodistas se consolidaron como actores importantes para la vida pública.

 

La crisis del presente es multidimensional y, si bien no hay un solo factor que pueda explicarla, existen un conjunto de variables que permiten cartografiar el momento. Un primer punto es estructural: los medios de la comunicación perdieron definitivamente el monopolio de la información. Sumergidos en una vorágine de datos que circulan por redes y plataformas, el periodismo se embarca en una carrera desigual a la que la mayoría de las veces llega último. De creadores discursivos de la realidad a partir de investigación, primicias, fuentes y redacciones de película, a editores o curadores de volúmenes inusitados de información que discurre por otros canales menos jerárquicos y más participativos.

 

El presente está marcado por la transición entre el periodismo mainstream y la convergencia digital. Entre un momento y otro tuvo lugar una transformación tecnológica sin precedentes, como la irrupción entre medios y públicos de agregadores de contenidos que dinamitaron el negocio publicitario. Las plataformas, a la vez que segmentan audiencias y promueven consumos asincrónicos, sacan tajadas crecientes de la torta publicitaria al monetizar noticias que no producen. Esto llevó a las empresas mediáticas a mutar a modelos híbridos de muro de pago, achicar sus planteles y a una creciente dependencia de la pauta oficial y/o cualquier tipo de operación que les asegure ingresos en medio del temporal.

 

El resultado fue la aceleración de un proceso de concentración que ya estaba en marcha, que generó fusiones, centralización geográfica de la producción y precarización laboral. Quizás por ello, según el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), en nuestro país se perdieron 4.500 puestos de trabajo desde 2016 y la pauta oficial representa casi un cuarto de los ingresos de los medios más grandes, porcentaje que al menos se duplica en las provincias.

 

Como se adelantó, un segundo factor estructural de la crisis es la precarización laboral, lo que torna a la actividad poco compatible con la calidad informativa. La digitalización del proceso productivo de las noticias adoptó condicionamientos algorítmicos. La tiranía del clic como fin del trabajo periodístico orienta la producción a partir de una auditoria en tiempo real de la demanda, más que desde la definición editorial de una oferta autónoma. En resumen, el periodista de estos días tiene más de un trabajo y gestiona múltiples contenidos diariamente, de los cuáles puede elaborar no más que uno o dos con cierta profundidad, sale poco a la calle, se inserta en redacciones poco igualitarias en materia de género y la disparidad de ingresos entre un puñado de figuras y el resto hace que en una misma redacción convivan ostentosos sueldos en dólares con un 55% de salarios bajo la Canasta Básica Total, también según datos de Sipreba.

 

Un tercer factor exógeno de la crisis se asocia con los problemas que las transformaciones ocasionan a nivel de la formación. Como una pieza clave del amplio mundo de la comunicación, el periodismo asiste a una inacabada consolidación de sus instituciones formativas. El dinamismo de las transformaciones tecnológicas y de la profesión no tiene correlato con los lentos movimientos institucionales para sintetizar los fenómenos.

 

El resultado es una oferta de propuestas educativas polarizadas que suelen ir en paralelo y con pocos puntos de contacto. Por un lado, una gama de carreras profesionalizantes que orientan su propuesta a un banco de herramientas útiles para las exigencias del mercado. Desinteresadas por debates deontológicos más profundos y urgidas por los tiempos de las redacciones, desincentivan cualquier tipo de reflexión de los profesionales sobre sus propias prácticas. Por el otro, una formación holística en Ciencias Sociales que, muchas veces lejana a la vida laboral, suele teorizar sobre un deber ser desacoplado de las condiciones materiales de la profesión. Renuente del mercado laboral como condicionante de las prácticas educativas, este tipo de propuestas renuncian no sólo al desafío de la formación de periodistas críticos que se inserten en las redacciones, sino a la posibilidad concreta de incidir en ellas.

 

Finalmente, la crisis del momento no puede obviar una cuestión central que consiste en el contrapeso entre el pleno ejercicio de la libertad de expresión y las responsabilidades ulteriores inherentes a cualquier práctica. En medio de la peor pandemia que haya atravesado la humanidad, la provisión de información útil, veraz y contrastada constituye un insumo central para la toma de decisiones. Lejos de ello, las empresas mediáticas parecen mucho más motivadas por la exaltación de componentes emocionales fuertemente polarizantes que les aseguren audiencias y un lugar en la conversación política. En este punto, la dimensión ética adquiere un lugar trascendental. ¿Cuáles son los límites de la responsabilidad editorial cuando lo que se juega es la vida o la muerte de las personas?

 

El periodismo está inmerso en una crisis estructural que no es nueva, pero que la pandemia acentuó. De su resolución depende la redefinición de su rol, si es que le cabe alguno dentro del ecosistema infocomunicacional convergente. Pese a todo, miles de profesionales abrazan una profesión apasionante que, comprendida como servicio público, se orienta a garantizar el derecho humano a la información, pieza clave para el funcionamiento democrático.